Causa de los Contratos: jueza provincial desafía (otra vez) a la Corte Suprema

Nada es normal en la denominada “Causa de los contratos” que sacude a la política de Entre Ríos y donde se investiga una histórica práctica de falsificación de asesorías en la Legislatura local con el presunto objetivo de fondear campañas. Ni siquiera lo es el trámite procesal al que está sometida y tironeada entre la Justicia provincial y la federal. Luego de que el 20 de abril la Corte Suprema tomara intervención y resolviera que el expediente debía continuar a cargo del juzgado federal, dado que para la Cámara Nacional Electoral (CNE) habría delitos de su competencia involucrados, la jueza de Garantías de Paraná Marina Barbagelata volvió a desafiar al máximo tribunal y resolvió el 2 de mayo que el caso debe continuar bajo la órbita de la Justicia ordinaria. No es la primera vez que ocurre: en noviembre de 2021, Ámbito había revelado que la misma magistrada había desobedecido al Tribunal Superior de Justicia entrerriano que había ordenado suspender los plazos ante el conflicto de competencia y había ignorado hasta a la propia Corte que había reclamado el expediente completo para analizarlo. Tuvieron que remitirle una segunda orden, exhortándola a que cumpla. Había pasado un mes.

Ahora, en este intrincado laberinto judicial, la causa “Contratos” viajó hacia el juzgado federal N°1 con competencia electoral a cargo de Daniel Edgardo Alonso tal como había instruido la Corte y la Procuración General con el fin de que se analizaran los argumentos vertidos por la CNE. Alonso notificó a las partes de lo que había ordenado el máximo tribunal y ofició a Barbagelata el pasado 26 de abril. Fin de semana largo de por medio, las defensas de los imputados presentaron el 3 de mayo sendas recusaciones contra la jueza. El motivo que esgrimieron fue que Barbagelata ya había intervenido con anterioridad y rechazó la “inhibitoria” que le había planteado la Justicia federal de Entre Ríos bajo el mismo cariz jurídico que ahora introdujo la CNE (que puede haber relacionados con infracciones al Código Electoral) por lo que se consideraba que ya había opinado sobre el asunto en debate.

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Barbagelata no solo mantuvo su criterio –de que a pesar de todo es competencia de la provincia juzgar estos hechos- sino que retuvo para sí el expediente, y evitó que cualquiera de las partes –abogados de los imputados pero también Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía de Estado- se enteraran de lo que había resuelto. No los notificó cuando recibió el oficio de Alonso, no cargó el denominado “pase de autos a despacho” ni tampoco su propia resolución fechada el 2 de mayo donde volvió a rechazar inhibirse. “Advierto que los nuevos argumentos incorporados por el tribunal de alzada del juez federal coinciden con la interpretación que realicé, en la resolución por la que negué la inhibitoria”, reafirmó la jueza. Alegó que “exclusivamente” podrían intervenir si los delitos hubiesen sido descubiertos en el marco de una auditoría de financiamiento de partidos políticos. Calificó de “valoraciones en abstracto” las realizadas por la CNE y recordó que el federal es un fueron de excepción, Le remitió ese informe a la Corte.

El 5 de mayo, la jueza provincial terminó rechazando la recusación por considerarla “abstracta” porque se presentó la mañana siguiente luego de que ella se hubiera pronunciado. El detalle es que ninguna de las partes había sido notificada de esa resolución sino hasta que Barbagelata hizo su descargo e incluyó la referencia a lo que dispuso el 2 de mayo por la noche. Al día siguiente y cuando la recusación había sido interpuesta por las defensas se apuró a notificar al juzgado Federal de Alonso cuál había sido su decisión, haciendo caso omiso al pedido de apartamiento que acababa de ocurrir.

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La feroz pelea judicial y lo complejo de la trama de idas y vueltas se comprende solo desde el punto de vista de las terminales políticas involucradas, aunque el escándalo de fondo salpica 360°. Tanta fuerza tiene esa pulseada que arrastró al barro de la contienda al superior Tribunal y a la propia Corte Suprema de la Nación que no hay nada que le disguste más que detectar alzamientos contra lo que disponen. El propio juez Alonso puede dar fe de ello con el caso del Consejo de la Magistratura.

La jueza de Paraná Barbagelata está estrechamente vinculada con la destituida exfiscal Cecilia Goyeneche que hizo una bandera de la causa “Contratos” –junto a la que derivó en la condena al exgobernador Sergio Uribarri- e intentó convencer a la Corte de una suerte de complot en su contra para destituirla. El máximo tribunal le dio una chance adicional pero finalmente el jury fue categórico en su decisión. Entre los cargos figuraba que como fiscal investigadora tomó decisiones que tenían por objeto encubrir el rol de su conygue Sebastián Orlando Bertozzi en la trama del destino del dinero de los contratos “truchos” y ocultó su propia relación comercial con uno de los imputados en la causa, el contador Pedro Opromolla, amigo de su esposo. El dato que desalienta conspiraciones es que los mismos que denunciaron la trama de corrupción que se investiga fueron los que apuntaron a las inconductas de la fiscal destituida.

Como si fuese un “loop” interminable para esta causa, con la decisión de Barbagelata la situación es idéntica a la de finales de 2021, hace más de un año y medio. La justicia provincial pretende acelerar rumbo a un juicio lo antes posible. El problema es que en este tiempo se expidieron el STJ de Entre Ríos, la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema en un sentido inverso por lo que todo el recorrido –vía apelaciones- podría volver a reiterarse, en un derrotero que ya es inexplicable.

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