El exinterventor de la Administración General de Puertos durante el gobierno de Mauricio Macri, Gonzalo Mórtola, no logró esquivar el procesamiento que se le dictó en septiembre del año pasado por violación de deberes de funcionario público, a raíz de la contratación directa de una consultora por casi un millón de dólares, a pesar de llevar su apelación a la sala I del Tribunal de Apelaciones, que suele emitir fallos favorables para los ex funcionarios macristas y al propio ex presidente.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron el procesamiento ante las «irregularidades evidenciadas en las actuaciones administrativas», que derivaron en la contratación de la empresa INDRA S.A. y «el contexto en que fueron adoptadas». De esta forma, confirmaron el fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien procesó a Mórtola sin prisión preventiva y con un embargo de 400 mil pesos.

Quien sí marcó una disidencia fue el camarista Pablo Bertuzzi, quien votó por revocar el procesamiento, dictar falta de mérito y profundizar la investigación.

Sin embargo, Bruglia y Llorens  consideraron que «para habilitar una contratación directa, la normativa aplicable exigía el deber de fundamentación, tanto respecto de la necesidad de especialización como de la capacidad (científica, técnica o artística, según el caso) del contratista», algo que «a partir del cotejo de las actuaciones administrativas cabe concluir no fue cumplimentado».

«El informe técnico invocado sólo contiene afirmaciones genéricas, sin enunciar datos precisos y objetivos, al tiempo que carece de documentación respaldatoria», concluyó el fallo de mayoría de la Cámara federal frente a la apelación del ex funcionario macrista.

El objeto de la contratación consistió en la obtención de antecedentes y datos técnicos para la elaboración de las bases licitatorias para llevar adelante la licitación de las nuevas Terminales Puerto de Buenos Aires en 2016 y 2017.

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Mórtola había llegado a encabezar la AGP en enero de 2016, pocas semanas después de la asunción de Mauricio Macri, en reemplazo del capitán de ultramar Sergio Borrelli, quien se encontraba en el cargo desde julio de 2012. La designación ocurrió el 30 de enero, un mes después de que el procesado ex funcionario macrista fuera nombrado subinterventor. 

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