Patricia Bullrich montó una conferencia de prensa para anunciar que la Prefectura Naval podrá utilizar «todo tipo de armas de fuego», algo que ya puede hacer y que incluso hace esa fuerza de seguridad que patrulla las aguas y que ella también manda a las manifestaciones. El propósito del Ministerio de Seguridad, decía el comunicado que invitaba a los medios a escucharla, es restablecer el «Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad», que la ministra publicó en 2018, y no es otra cosa que la herramienta para aplicar la llamada «doctrina Chocobar», que ofrece un gran margen de discrecionalidad a los agentes para disparar balas de plomo ante lo que consideren un «peligro inminente». Bullrich quiere poner en marcha por medio de resoluciones lo que el Gobierno no logró legislar al caerse la Ley Ómnibus y, con ella, todo el capítulo sobre seguridad. Uno de los puntos del proyecto pretendía ampliar los supuestos de la legítima defensa para la policía y las fuerzas de seguridad y volverlos no punibles.
Ese protocolo que al parecer resucitará, fue derogado con posterioridad por la exministra Sabina Frederic, por contrariar la Ley de Seguridad Interior y el cumplimiento de estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Bullrich la acusó en su conferencia de haber dejado expuestos a los prefectos que deben enfrentar situaciones adversas e impedirles «el uso de armas de fuego largas». «Eso es falso. No resolví ninguna prohibición respecto de la Prefectura que, de hecho, usa esas armas», respondió la extitular de Seguridad. «Lo que había era una directiva impartida por la propia Prefectura que decía que el uso de esas armas quedaba limitado a repeler una agresión de manera disuasiva», detalló. Esa disposición era de 2007, Bullrich luego la derogó, y en la gestión de Frederic fue reactivada. Ahora la ministra la vuelve a anular para ampliar las posibilidades de uso de armas de fuego de los prefectos.
El show
El Ministerio de Seguridad invitó a los medios a escuchar a Bullrich con un texto que decía que, «con el compromiso inquebrantable de ‘proteger a quienes nos protegen'», anunciaría «el restablecimiento de la vigencia del ‘Reglamento General para el Empelo de Armas de Fuego…’ dictado bajo la resolución 956/2018, que había sido dejado sin efecto por la exministra Sabina Frederic el 20 diciembre de 2019, a escasos días de asumir su cargo». Mencionó a su excolega cuantas veces pudo, con el subprefecto nacional naval, Alejandro Annichini, sentado a su lado. Habló, de hecho, casi únicamente de la Prefectura y, en forma algo confusa, dijo que era el primer escalón de la vuelta al reglamento que instaló la doctrina inspirada en el caso del policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda al joven Pablo Kukoc, cuando intentaba escaparse tras herir a un turista en un intento de robo. Chocobar fue condenado por homicidio con exceso en cumplimiento del deber a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para funciones operativas. La sentencia está en revisión en Casación.
«En el Boletín Oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas», se entusiasmó la ministra. Según aseguró, las armas que usan estos efectivos «no tienen el alcance necesario» y quedan en «posición desventajosa» ante situaciones en las que «han recibido piedrazos, cuchillos que les han tirado, han usado armas y se han logrado en algunos casos escapar por esta diferencia de uso de armas que existe entre la Prefectura y aquellos delincuentes o criminales que intentan introducir o sacar materiales ilegales, o drogas de la Argentina». Contó dos historias recientes de contrabandistas que se enfrentaron en los ríos Paraguay y Uruguay con prefectos, quienes de todos modos salieron ilesos y secuestraron, por ejemplo, 480 litros de gasoil. Al igual que Frederic, el exministro Aníbal Fernández señaló a este diario que no es real que esta fuerza solo use armas cortas.
El contexto de este nuevo show tiene como telón (de fondo) el fracaso de la Ley Ómnibus con la que Bullrich pretendía centralmente dos cosas: legalizar el protocolo antiprotestas que invita a las fuerzas federales de seguridad a reprimir ante la mera existencia de un corte de calle; y habilitar el gatillo fácil con disposiciones en un capítulo sobre legítima defensa que buscaba eliminar el castigo a los agentes que disparen según su criterio. Para esto último aparecían en el texto justificaciones difusas como las «amenazas de sufrir un mal grave e inminente» o que «la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo». El protocolo contra las movilizaciones fue cuestionado por el juez Sebastián Casanello que dictó una medida cautelar y le ordenó a Bullrich adecuar las órdenes para las fuerzas al derecho local y las disposiciones internacionales con rango constitucional. Mientras tanto analiza su posible inconstitucionalidad y llamó a una audiencia.
En un programa de TV, Bullrich dijo que no le importaba lo que dijera Casanello y respondió por escrito con generalidades un informe que el juez le había requerido. Sus nuevos anuncios intentan una demostración de poder.
«Autorización para matar»
«La decisión anunciada por la ministra es contraria a los principios de uso de la fuerza que son parte de la Ley de Seguridad Interior: la directiva de Prefectura que decía que el uso de armas de fuego debe ser solo disuasivo, operativizaba los estándares de Naciones Unidas incorporados a esa norma. Bullrich está contrariando por resolución una directiva que es parte de una ley», marcó a Página/12 Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Vaticinó que hará lo mismo con un «reglamento de armas y tiros de la Policía Federal que dice qué se puede hacer y qué no». La especialista recordó que entre los señalamientos de Naciones Unidas ante las modificaciones pretendidas al Código Penal (vía Ley Ómnibus) fue cuestionada la amplia definición de «legítima defensa» que hubiera permitido que los efectivos no rindan cuentas de sus actos y, en lugar de agravar su responsabilidad, les daría inmunidad.
“Preocupa que el proyecto intente flexibilizar el uso de la fuerza, debilitar la rendición de cuentas y la responsabilidad por los resultados de ella y, además, aumentar la posibilidad de violencia por particulares, expandiendo la noción de legítima defensa», sostuvo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para el CELS, es «una autorización para matar».
Cuando se conoció que Bullrich festejaría ante la prensa la vuelta de su «protocolo Chocobar», la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) alertó: «Esa norma, que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil. Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara ese protocolo para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales». Ese segundo período incluyó el «estado policial» de buena parte de la pandemia. «Durante la gestión de Bullrich con el macrismo y aquella resolución vigente, hubo 159 fusilamientos de gatillo fácil a manos de fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria). En cuatro años de la gestión del Frente de Todos, derogada la resolución 956/2018, la cuenta bajó a 124», ilustró la abogada María del Carmen Verdú.
¿Qué decía esa disposición que la hacía y hace peligrosa? Que los efectivos pueden usar armas de fuego frente a un «peligro inminente» para la vida o la integridad física, para detener a quien representa ese «peligro inminente» o para «impedir su fuga hasta lograr su detención». Al definir qué sería ese peligro incluye, por ejemplo, la sola presunción de que «el sospechoso pueda tener un arma letal» y la huida. La ministra, sin respaldo legislativo y con cuestionamientos judiciales, vuelve a dar rienda suelta para matar a sus agentes mientras hace gala de una política altamente represiva, que recién empieza.
