Reynaldo Delfín Castedo, uno de los considerados máximos narcos del país apodado «El Patrón del Norte», fue condenado a la pena de 16 años de prisión por ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, por un tribunal de Salta que, además, impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel para otros seis imputados y ordenó el decomiso de una finca de 19.954 hectáreas.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, que. además condenó a Castedo como partícipe necesario del delito de falsificación material de documento público y coautor de falsedad ideológica de documento público agravada, por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos.
La investigación que llevó a la condena a Castedo y al resto de los integrantes de la asociación ilícita fue realizada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, que encabezan los fiscales generales Diego Iglesias y Eduardo Villalba.
En el debate oral -que comenzó el 3 de noviembre de 2021 y finalizó hoy- intervinieron el fiscal general Carlos Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.
En el mismo fallo, los jueces condenaron a Raúl Amadeo Castedo -hermano de Delfín- y al martillero público Eduardo Torino, a 9 años de prisión, como miembros de una asociación ilícita.
Por el mismo delito, le impusieron una pena de 7 años de prisión a los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, mientras que la exmujer del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión, y Mario Alberto Yudi -hijo de Alberto- fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos, pero resultó absuelto por el beneficio de la duda respecto a la imputación como miembro de la organización.
Además, todos los condenados deberán abonar multas de entre 90.000 pesos y 1.200.000 pesos.
Al expresar sus últimas palabras ante el tribunal, los hermanos Castedo rechazaron las acusaciones y las adjudicaron a una persecución en su contra, mientras que Torino insistió en que era ajeno a los hechos y que todo fue producto de un «mal negocio».
Araujo se describió como una mujer sencilla, de pueblo, que le tocó ser la mujer de Castedo y los Yudi se limitaron a expresar su inocencia y a pedir una sentencia justa.
Los jueces ordenaron el decomiso del automóvil VW Cross Fox, en el que se movilizaba Araujo, el cual quedó a disposición del Gobierno de la provincia de Salta, para ser destinado a los ministerios de Salud o Educación.
Por otra parte, se decomisó a favor del Estado Nacional la finca denominada El Aybal, de 19.954 hectáreas y ubicada en el departamento San Martín, del norte salteño.
Se trata de una propiedad que abarca los lotes Caricate, Nupiau y Quebracho Ladeao, y limita con la frontera de Bolivia.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la labor de la Procunar NOA -que impulsó el caso- y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante en el juicio y con los que la fiscalía compartió casi en su totalidad los argumentos y pedidos de pena para los acusados.
Los fiscales Amad y Viltes Monier reseñaron los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones del narcotráfico, tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.
En base a las pruebas, indicaron que existió un acuerdo de voluntades entre los acusados, dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios.
En este sentido, recordaron el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006, en Salvador Mazza.
La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para «pasar droga» desde territorio boliviano, ya que el campo colinda, en el país vecino, con una propiedad perteneciente a una hermana de los Castedo.
En su alegato, el fiscal Amad afirmó que la organización operó entre 1999 y julio de 2016, cuando se detuvo a su líder, tras permanecer 10 años prófugo en el marco de la por el homicidio de Ledesma.
