Se continúan conociendo capítulos del proceso de judicialización de la reforma laboral, que representa el principal triunfo parlamentario del Gobierno en lo que va del año. Ante el advenimiento del receso invernal, y mientras el oficialismo busca restablecer el apoyo de sus aliados. se acumulan proyectos en Diputados que insisten en revisar la actual legislación del trabajo.
El bloque de Unión por la Patria es el principal motorizador de las iniciativas, entre las que se incluye una para los trabajadores de plataformas. Su redacción busca adaptar la ley argentina a lo acordado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para este sector, que tiene entre sus propuestas la posibilidad de organizarse sindicalmente y realizar negociaciones colectivas y responsabiliza a las aplicaciones de los aportes en materia de seguridad social.
Otras propuestas colectivas del justicialismo buscan garantizar un balance social para empresas con más de 50 trabajadores (la actual ley N° 25.877 establece la obligatoriedad a partir de los 300 empleados), en donde se comunique condiciones laborales, de higiene y seguridad. En paralelo, elevaron otro proyecto para la creación de comités mixtos de prevención de riesgos del trabajo, en donde empleados puedan establecer junto a empleadores -en compañías conformadas con al menos 10 personas- condiciones laborales salubres y seguras. Por otra parte, también buscan reformar la ley N° 24.013, para facilitar los mecanismos de denuncia y volver más riguroso el control en casos de irregularidades en la registración.
A estas iniciativas se le suman los proyectos que buscan fortalecer los procesos de licencias por crianza. El reclamo peronista por la extensión de la licencia parental es conocido e incluso consiguió dictamen en 2023 con una propuesta que buscaba extenderlo de los 2 días actuales a los 45. No consiguió avanzar en esa iniciativa aún, aunque sostiene la propuesta. A ellos se le suma uno de la radical Karina Banfi, que plantea la necesidad de equiparar la licencia por adopción a la de maternidad, estableciéndola en 90 días con posibilidades de extensión según distintas situaciones: cantidad de adopciones, matrimonio o fallecimientos.
Esta serie de proyectos -.algunos de autoría de aliados- están a la espera del tratamiento de la Comisión de Legislación del Trabajo, que no se reúne para tratar propuestas desde febrero de este año, cuando tuvo actividad exclusivamente para tratar la reforma laboral presentada por Casa Rosada. La parálisis establecida por el diputado Lisandro Almirón se replica en el Senado, donde la oficialista Carmen Álvarez Rivero tampoco volvió a convocar desde el verano a un encuentro de la Comisión de Trabajo, que preside.
La reforma laboral
La judicialización de la reforma laboral tuvo una nueva actualización esta semana, cuando el juez Herman Mendel decidió suspender los artículos 131 y 133 de la iniciativa libertaria, ambos vinculados a la recaudación sindical por el seguro de sepelio, la extensión de cobertura de obra social, programas de capacitación profesional y actividades sociales. El Gobierno ya anticipó que va a apelar y anhela que se replique el fallo del magistrado Víctor Pesino, que en abril de este año levantó la medida cautelar que suspendía la ley. Pesino se encuentra en uno de los pliegos presentados por el oficialismo para extender su cargo durante cinco años, dado que cumplirá 75 años e ingresa a la edad límite para un juez, y precisa una aprobación del Senado antes de agosto.
Las disputas por esta legislación podría provocar un aumento de la tensión entre las bases gremiales que, a pesar de anticipar su voluntad de reunirse con Santilli, dejaron trascender una potencial medida de fuerza de paros escalonados para el segundo semestre del 2026.
