La impunidad ante los crímenes de abuso sexual y de violaciones a menores, y ante los crímenes de lesa humanidad en la dictadura, son parte de la política negacionista del presidente chileno José Antonio Kast y de su gobierno.
Ésta ha promovido la enorme indignación y movilización de colectivas feministas y populares. Consuelo Chaparro, del Foro por el Derecho a la Educación Pública señala al respecto: “En Chile se ha desatado producto de esta situación una profunda crisis política, que generó el masivo rechazo transversal de todo un pueblo, de organizaciones como la Defensoría de la Niñez, e incluso de partidos de derecha como Renovación Nacional y la UDI. En ocho meses de gobierno, Kast ha perdido respaldo. Hoy día tiene un 25% de aprobación y más de 64% de desaprobación. Otras consultoras le dan 22,1% de aprobación. Un medio independiente, virtual, llamado Interferencia, hizo una investigación periodística sobre estas medidas asumidas por el gobierno. El responsable, la cara visible del gobierno es el Ministro de Justicia Fernando Rabat, quien dijo que los decretos respondían a una ley, y que no tenían otra opción. Diversos fallos judiciales confirmaron sin embargo que la reducción de condena es una facultad discrecional del Ministerio de Justicia, el cual puede rechazar esa solicitud. Esto generó mucha indignación social.”
