A sólo dos días y horas del segundo debate presidencial, la Sala M de la Cámara Civil le dio una alegría a la candidata presidencial Patricia Bullrich al declarar nula la resolución del Ministerio de Justicia que dispuso la intervención por 180 días del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que ella preside. La Inspección General de Justicia (IGJ) había denunciado que esa asociación, en teoría sin fines de lucro, en realidad había montado un sistema de ingresos y egresos de dinero para financiar la campaña electoral de la exMinistra de Seguridad del macrismo. Detectó que el IEES armaba encuentros/almuerzos que presentaba como seminarios, pero que eran eventos proselitistas, con los que juntaba fondos y aportes de numerosas empresas, para costear gastos de más encuentros políticos. Sólo en 2022 juntó 90 millones de pesos. En 2019 había tenido ingresos de apenas 743 pesos.
Posiciones enfrentadas
Los camaristas María Benavente y Carlos Calvo Costa argumentan que «no se formuló una imputación clara y concisa» contra la asociación; el IEES «no tuvo oportunidad de ser oído, ofrecer y producir prueba, alegar sobre la misma y producir su descargo…», que no hubo «un dictamen del servicio jurídico» previo a la resolución de la IGJ que postulaba la intervención en la que se basó el Ministerio de Justicia. El propio tribunal dice que su decisión no se refiere a la discusión de fondo (si el instituto liderado por Bullrich utilizó fondos de manera indebida) «ni desconoce las facultades de contralor de la IGJ sobre las asociaciones civiles» ya que, según plantea, se limitó a analizar el «debido proceso». En una resolución anterior había dejado la intervención en suspenso, justo ahora la declara nula, pero dice que todavía no se analizó si realmente se cometieron irregularidades es decir, el desvío o incumplimiento del «objeto social». Esto, dice, se podría hacer si el órgano fiscalizador inició un nuevo proceso.
La IGJ había promovido este año la investigación que llevó a designar una interventora. Su posición, contraria a la de la Cámara que favoreció al IEES, es la siguiente: ante el requerimiento del organismo, la tesorera y apoderada del instituto de Bullrich entregó documentación de estados contables, facturas y libros, pero pidió prórroga para aportar lo que faltaba. «No solicitó vista de las actuaciones no obstante estaban a disposición», siempre «tuvo acceso y la oportunidad de ser oída». La Inspección General –a cargo de Ricardo Nissen– le reclamaba entre algunas precisiones que enumerara e identificara los cursos, seminarios y jornadas de capacitación que se supone que dictó (entre 2021 y 2022) para poder determinar si, como el IEES decía, se correspondían con su objeto social. La punta del ovillo fueron dos notas periodísticas, una de Perfil y otra de El Cronista, que mencionaban los eventos donde se podía comer con Bullrich y charla con ella para lo que había que pagar un costoso cubierto, que partía de los 50.000 pesos.
El recurso que había presentado el IEES ante la Cámara cuestionaba la intervención ordenada por el ministro de Justicia, Martín Soria. Por eso en la IGJ aseguran que es incorrecto que le reclamen el dictamen porque la apelación se dirigía a la medida dictada por la cartera judicial. Es bastante evidente que la Cámara tomó al pie de la letra los argumentos de la asociación civil sin analizar demasiado. La justicia civil, de hecho, le dejó margen para maniobrar a punto tal que la interventora Norma Cristobal ni siquiera llegó a asumir el cargo, con la finalidad de analizar los papeles y «normalizar» la institución. El primer día que llegó al lugar se encontró con un papel de cerrado por vacaciones. Las oficinas están en Avenida de Mayo 953 piso 3. Es exactamente el mismo donde fueron las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman y por entonces jefe de campaña de Bullrich en plena investigación del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner donde su jefe había sido señalado. Una de ellas declaró que un perito borró el contenido de su celular, que «manipuló» el de Milman y que a su compañera la mandaron a comprar uno nuevo.
Una «vaquita» para la campaña
El 12 de julio último, con una certeza asombrosa, Bullrich dijo que sabía cómo terminaría la intervención del Ministerio: «Sabemos cuál es el resultado», «sabemos que es un resultado cantado a favor nuestro». Por entonces lanzó otra frase curiosa: dijo que la entidad «es su forma de vida».
Cuando la asociación civil comenzó a funcionar, en el año 2006, se llamaba Instituto de Estudios Argentinos en Políticas Públicas, y tenía un «objeto» amplio. Desde 2019 lleva el nombre actual y se orientó a la investigación, fomento y diseño de estrategias para «la seguridad y criminología compleja», como eje. En los seminarios y almuerzos facturados estos tópicos no aparecen en ningún lado. Las transferencias y la facturación dicen de manera genérica. «seminario», «almuerzo» o «varios», según consignó la IGJ. Estas actividades comenzaron a crecer desde mayo de 2021 y según el sumario inicial había «una evidente sincronización entre las acciones políticas de la Sra. Patricia Bullrich, presidenta de la institución, y los aportes y pagos en concepto de seminarios». En sus viajes del año pasado, por ejemplo, a La Pampa y Córdoba, los medios locales de los lugares que visitaba consignaban actividades políticas.
Aparecen empresas como convocantes y como donantes, y algunas personas también. Desde David Lacroze Ayerza, quien fue presidente de la Junta Nacional de Granos en 1980 y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural, además de ganar más fama cuando escrachó a CFK cuando viajaba a Cuba a ver a su hija. Un caso caso revelador es el de Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz que entre julio y octubre paga 1.600.000 pesos –siempre el mismo monto– primero como «aporte/donación» y luego como «seminario». Lo mismo se repite con otras empresas, como la aseguradora La Mercantil Andina SA. Otros donantes que cita la IGJ son el Banco Galicia, Mirgor SA, Sar Suela SRL, entre las cuales suman la entrega de 9 millones de pesos, también el año pasado. En total, cerca de 400 personas físicas y jurídicas pagaron «seminarios». Había entre ellas casinos y empresas públicas. Como éstas últimas no pueden aportar a las campañas políticas, la IGJ también hizo una denuncia penal por violación a la ley de financiamiento de los partidos, y presuntos desvíos.
Con lo que se iba recolectando, pagaban más gastos de campaña: viajes, alojamiento, catering, lugares para eventos. Hasta un viaje a Miami se pagó. La IGJ, en otro orden, cotejó que el IEES pago las facturas de Telefónica de Argentina por cuatro líneas fijas que tienen como titular al partido Unión por la Libertad (luego fusionado con el PRO), liderado por Bullrich y que años atrás le permitió postularse a jefa de gobierno porteño.
Y la frutilla del postre son los pagos que se hacían a sí mismos algunos miembros de la institución, algo vedado por el Código Civil y Comercial. La propia Bullrich obtuvo honorarios de su ONG por 3.550.000 pesos a través de once facturas; a Milman el IEES le abonó 2.766.170, con ocho facturas, por «servicios de coordinación de equipos»; a Alberto Fohrig, por el mismo concepto, 1.590.000 pesos; y a Martín Siracusa, 1.400.000 pesos. Milman tiene una causa penal por facturas sospechosas, entre ellas la del Instituto de Bullrich.
Todos estos detalles son los que la Cámara Civil dejó de lado. La Inspección General debería iniciar un nuevo proceso, y es posible que lo haga, según dice la oportuna sentencia que intenta limpiar a una candidata en descenso.
