Si el proyecto que impulsa el Ejecutivo, que contiene una propuesta de nueva reforma penal, hubiera estado vigente, masacres como las de Monte y de Budge o el asesinato de Lucas González no habrían obtenido justicia. Esta es la alerta que enciende el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) porque explica que “las medidas que impulsa el gobierno buscan impedir que los policías rindan cuentas por el uso de arma de fuego y que la versión policial quede establecida como la única verdad, sin posibilidad de refutarla en un juicio”. Este panorama preocupa a las organizaciones antirrepresivas, como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que ya relevó en lo que va de la era Milei el asesinato de 40 personas a manos de las fuerzas de seguridad federales o locales: 15 en fusilamientos de gatillo fácil, 18 en cárceles o comisarías, 3 en el marco intrafamiliar por razones económicas, 3 usando el patrullero como arma y un femicidio de uniforme.

El organismo indicó que ese planteo de modificación penal tiene como objetivos ampliar los supuestos y causales para justificar la “legítima defensa” cuando los integrantes de fuerzas de seguridad utilicen armas de fuego. Además, apunta a quitarle al poder judicial la responsabilidad de establecer cuándo el uso del arma de fuego se ajusta a la legalidad, y cuándo no. Por último, la LLA pretende suprimir el derecho de las víctimas o familiares de hechos de violencia policial de querellar.

“Estas medidas buscan que la ‘versión policial’ de los hechos quede establecida como la única verdad”, indicó el CELS. En este sentido, la prohibición de que víctimas o familiares lleven adelante querellas es justificada con un argumento inconstitucional que aduce que las personas que delinquen o sus familiares perderían el derecho a pedir justicia. Sin embargo, esto va direccionado a una realidad bien concreta: en los procesos judiciales por violencia institucional los casos que llegan a una condena por impulso de los fiscales o jueces son excepcionales. Los familiares o las organizaciones que los apoyan son quienes casi siempre logran que las causas avancen.

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La instalación de “versiones policiales” es una práctica reiterada y sistemática. A través de los testimonios de los propios policías y del plantado de pruebas tales como armas o vainas, construyen una escena de “legítima defensa” que simulan enfrentamientos. “La reforma penal que propone el gobierno busca dar legalidad e impedir la auditoría de este modus operandi ilegal de las fuerzas de seguridad”, manifestó el CELS.

El organismo hizo un ejercicio de proyección hacia el pasado al afirmar que algunos “casos emblemáticos de violencia institucional, de haber estado vigente una normativa como la que propone el Gobierno, hoy permanecerían impunes”. Y enumeró algunos en su orden cronológico:

– Masacre de Ingeniero Budge. El caso que inició la movilización social contra la violencia policial. El 8 de mayo de 1987, la policía bonaerense asesinó a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, tres jóvenes que se encontraban tomando una cerveza en Ingeniero Budge. Los policías simularon un enfrentamiento. pero tres de ellos fueron condenados. En 2012, el 8 de mayo fue declarado como el “Día Nacional contra la Violencia Institucional”.

– Masacre de Wilde. Norberto Cicuttín, Norberto Corbo, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza fueron asesinados el 10 de enero de 1994 por la Policía Bonaerense. Sólo la lucha de los familiares permitió que en diciembre de 2022, seis de los once policías imputados fueran condenados por homicidio simple.

– Alejandro Mirabete. Asesinado en la CABA el 20 de febrero de 1996 por un integrante de la Policía Federal. Alejandro, de 17 años, estaba con cuatro amigos en una esquina en Belgrano. Dos policías sin uniforme se acercaron en un automóvil sin identificación y les pidieron documentos. El joven se asustó y comenzó a correr. La Policía Federal le disparó desde una distancia de entre diez y cincuenta centímetros. El cabo Miranda fue condenado por homicidio simple.

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– Facundo Ferreira. El niño de 12 años fue asesinado por una bala policial en Tucumán. El 8 de marzo de 2018 policías de la División Motoristas del Servicio 911 de la policía tucumana lo persiguieron a él y a un amigo. La versión policial quiso instalar que los niños estaban armados. En el segundo juicio en 2023, los dos policías fueron condenados por el delito de homicidio.

– Masacre de San Miguel del Monte. El 20 de mayo de 2019 tres niños y un joven fueron asesinados y otra sufrió graves heridas luego de que efectivos de la Policía Bonaerense dispararan contra el auto en el que se desplazaban. Los aportes por parte de los familiares de la víctima y de distintas querellas institucionales, como la de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar la existencia de una grave alteración de la escena de los hechos. Cuatro policías fueron condenados.

– Blas Correas. Asesinado por integrantes de la Policía de Córdoba el 6 de agosto de 2020. El auto en el que viajaba junto con cuatro amigos fue interceptado por un control vehicular. Los policías mataron a Blas. Luego de esto, plantaron un revolver calibre 22 en la escena para simular un enfrentamiento. La investigación judicial desarmó este intento de impunidad. Once policías fueron condenados.

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