Manuel Pellegrini Real cumplía una condena federal bajo arresto domiciliario en Villa Divisa de Mayo. Sin embargo, según los elementos incorporados a la investigación, su teléfono aparece con actividad en distintas localidades del sur santafesino y, en ocho oportunidades, dentro de áreas de cobertura coincidentes con el celular de Danilo Humberto Grossi, jefe de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto. Los fiscales interpretaron esa secuencia como uno de los principales indicios de una posible relación entre el funcionario encargado de perseguir el narcomenudeo y un hombre investigado por comercialización de drogas.
La coincidencia no fue única ni ocasional. El análisis de las comunicaciones de ambos teléfonos detectó ocho ventanas temporales entre marzo y agosto de este año, en Venado Tuerto, Firmat, Chovet y Elortondo. Cuatro de ellas se produjeron en Elortondo y duraron 52, 30, 41 y 54 minutos. En total, fueron casi tres horas de coincidencia de cobertura en esa localidad.
El informe técnico fue cuidadoso al establecer sus límites: las antenas no permiten determinar la ubicación exacta de un teléfono y las coincidencias no acreditan por sí solas un encuentro personal. Pero también señaló que esos registros son compatibles con una permanencia simultánea de ambos dispositivos en una misma zona y que existe una “alta probabilidad de proximidad física”. No es una prueba directa de una reunión, pero tampoco es un dato inexistente: son ocho coincidencias seleccionadas durante casi cinco meses.
La particularidad es quién estaba detrás del segundo teléfono. La Fiscalía Federal de Venado Tuerto informó que Pellegrini estaba siendo investigado por delitos de la Ley 23.737. Y el 28 de agosto fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, después de que en un allanamiento a su domicilio de Villa Divisa de Mayo se secuestraran 93 gramos de cocaína.
La propia imputación contra Grossi sostiene que Pellegrini cumplía condena bajo modalidad domiciliaria y que, pese a esa situación, continuaba vinculado —según la hipótesis fiscal— con actividades de comercialización de estupefacientes. En ese contexto, el movimiento de su teléfono adquiere una relevancia que difícilmente pueda reducirse a una simple coincidencia geográfica.
Hay otro dato que vuelve más incómoda la reconstrucción. El 24 de julio, mientras se realizaban allanamientos en Firmat, Pellegrini mantuvo una conversación telefónica en la que habló de los procedimientos que estaban ocurriendo. La comunicación fue registrada poco después de las 21.22. Pellegrini manifestó que estaba hablando con César “Totola” Orozco -un conocido narco de la región- y que éste le había dicho que “se vino el quilombo en la city”. También dijo que iba a su casa para comprobar si no le habían “pateado la puerta”.
La conversación muestra que Pellegrini tenía información prácticamente contemporánea sobre los allanamientos. Lo que todavía debe establecerse es de dónde provenía esa información. Y allí aparece el verdadero núcleo de la sospecha sobre Grossi.
El jefe de Microtráfico tenía una función particularmente sensible: la división que encabezaba participaba de investigaciones y procedimientos vinculados con el comercio de drogas. La Fiscalía Federal informó que esa división había recibido tareas dentro de una investigación federal desde el 4 de mayo y que había intervenido hasta el 31 de julio.
A la vez, el teléfono de Grossi y el de Pellegrini aparecieron reiteradamente próximos. No existe, en los elementos enumerados en la imputativa, una llamada directa entre ambos que permita afirmar que hablaron. Tampoco aparece una grabación en la que Grossi le comunique expresamente un allanamiento. Pero la reiteración de las coincidencias es precisamente el dato que los investigadores intentan explicar.
La sospecha se vuelve todavía más delicada a partir de las declaraciones de César Orozco. En su audiencia imputativa afirmó que Pellegrini decía tener “todo el arreglo” y sostuvo que la droga era entregada por integrantes de la PDI. También aseguró que Pellegrini vendía en distintas localidades y que tenía vínculos con personal de esa fuerza. Son afirmaciones de un imputado y, por lo tanto, deben ser corroboradas. Pero fueron incorporadas por los fiscales como parte del cuadro de indicios.
Orozco también dijo que tenía audios enviados por Pellegrini en los que, según su versión, éste hablaba de sus vínculos con la PDI. Algunos de esos registros fueron efectivamente incorporados a la investigación. En ellos se escucha a quien la acusación identifica como Pellegrini hablar sobre allanamientos y personas vinculadas a la venta de drogas.
Mientras tanto, el caso de Brian Duclo agrega otra pieza al rompecabezas. Durante el allanamiento de Firmat del 24 de julio, el acta consignó que un hombre identificado como César Orozco había escapado en un automóvil gris y que Duclo lo reconoció por investigaciones previas. Pero el policía José Ignacio López declaró que cuando llegó al lugar Duclo ya no estaba allí y que posteriormente Yamila Romero le transmitió que el jefe de Microtráfico quería que se incorporara al acta la referencia a la fuga.
El registro del 911 confirma, sin embargo, que Duclo había comunicado la fuga antes de que comenzara formalmente la confección del acta. A las 20.36 se identificó como inspector de Microtráfico, informó que un hombre y una mujer habían escapado en un Nissan gris y pidió que se activaran las unidades. Las comunicaciones finalizaron alrededor de las 20.39, mientras que el acta comenzó a confeccionarse a las 20.50.
Así aparecen dos historias que terminan cruzándose: por un lado, un condenado que debía permanecer bajo arresto domiciliario y cuyo teléfono registra actividad en distintos pueblos; por otro, los teléfonos de los responsables de la división policial que investigaba precisamente el negocio de las drogas y que aparecen reiteradamente en zonas compatibles.
Eso todavía no permite afirmar que existiera una sociedad entre policías y narcotraficantes. Pero tampoco alcanza con describirlo como una sucesión de casualidades sin más. La investigación cuenta con elementos objetivos —los registros telefónicos y las comunicaciones del 911— y con elementos de carácter testimonial que apuntan en una misma dirección, aunque estos últimos todavía necesitan corroboración.
La clave, entonces, no está sólo en si Grossi y Pellegrini estuvieron alguna vez cerca. Lo decisivo será establecer por qué un hombre sometido a arresto domiciliario se desplazaba por localidades donde funcionaba la estructura investigativa de Microtráfico, por qué su teléfono coincidió reiteradamente con el del jefe de esa división y si alguna de esas coincidencias se relaciona con información reservada sobre procedimientos policiales.
Los fiscales tienen allí una línea de investigación concreta. El juez, al disponer la libertad de Grossi y Duclo, dejó abierta esa investigación. Y la prueba disponible, valorada sin exageraciones pero tampoco minimizada, plantea una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿se trató de simples coincidencias de teléfonos o de la huella tecnológica de una relación que la investigación todavía debe terminar de demostrar?
