Las tres centrales sindicales y los movimientos sociales llamaron a manifestarse este jueves frente al Congreso, cuando los senadores debatan el proyecto que el Gobierno bautizó como “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, pero que en realidad habilita los desalojos express de quienes se atrasen en el pago del alquiler, deroga la Ley de Manejo del Fuego -que protege los bosques y áreas rurales de la especulación inmobiliaria- y le quita al Estado herramientas para hacer expropiaciones.
“Aquí no se trata de discutir si la propiedad privada sí o la propiedad privada no: en eso la Constitución Nacional es muy clara y defiende la propiedad privada. Nuestra preocupación es que los trabajadores que alquilan van a quedar en riesgo de sufrir desalojos sumarísimos, justo cuando la morosidad del sector trabajador se ha transformado en una pandemia en la Argentina. La discusión real no es sobre la propiedad privada, sino sobre qué tipo de propiedad va a instaurarse, para quién, con qué función social, con qué límite democrático y al servicio de qué proyecto del país”, sostuvo Jorge Sola, triunviro de la Confederación General del Trabajo en una conferencia de prensa.
Así, ratificó que este jueves los sindicatos y las organizaciones sociales van a sumarse a la concentración callejera que le reclamará a los Senadores que no aprueben el proyecto. La cita es a partir del mediodía. A la plaza del Congreso también van a ir también los partidos de la oposición -como el peronismo y el Frente de Izquierda-, organizaciones de los pueblos originarios y de la sociedad civil.
Ayer, horas antes de su tratamiento, el Gobierno retiró del paquete que debatirán los senadores todo lo referido a la venta de tierras a extranjeros, la parte del proyecto que generó las reacciones más fuertes. Ese capítulo ampliaba el permiso para que personas y empresas no nacionales pudieran comprar tierras argentinas.
En la conferencia de prensa hablaron los triunviros de la CGT (Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello); en nombre de la CTA tomaron la palabra Hugo Yasky y Hugo Godoy y por la UTEP lo hizo Alejandro Gramajo. Todos plantearon su preocupación porque el proyecto de ley del gobierno perjudica a las personas que alquilan, ya que permitirá los desalojos express, así como a los pueblos originarios, porque elimina la figura de propiedad comunal de la tierra, con lo que los deja expuestos a perder los lugares donde viven. Cuestionaron además que el Estado pierda herramientas para realizar expropiaciones y avanzar con políticas públicas que democraticen el acceso a la vivienda y la tierra.
Contra este modelo libertario
“El proyecto de ley de inviabilidad de la propiedad privada es parte de una serie de cambios estructurales que impulsa el Gobierno y que están agravando las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras”, advirtió Hugo Godoy. “Un ejemplo es que los trabajadores y trabajadoras inquilinos van a poder ser desalojados rápidamente. Pero además, este proyecto de ley viola la Constitución porque deroga ocho leyes y una de ellas es la que reconoce el derecho constitucional de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria”.
Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, coincidió en que el proyecto de ley es parte “de un modelo económico entreguista” que empobrece “al pueblo trabajador y al pueblo humilde”. En ese sentido, recordó que en ese mismo momento 900 mil argentinos estaban dejando de cobrar su único ingreso estable, el programa Volver al Trabajo. La eliminación de este programa es uno de los reclamos con los que el viernes 7, en el día de San Cayetano, la UTEP y las centrales sindicales van a marchar a la Plaza de Mayo.
Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT, planteó que la ley “tiene un trasfondo malicioso y regresivo”. Para el dirigente, el gobierno de Milei “está agudizando una crisis de hambre, de miseria y de indignidad”.
Protestas sindicales escalonadas
Si bien la concentración de este jueves frente al Congreso sumará a muchos actores sociales, como los partidos políticos y los pueblos originarios, desde el punto de vista sindical la protesta se inscribe en un plan de acción de más alcance, acordado por la CGT, las CTA y la UTEP.
Ese plan de lucha comenzó hace diez días, el 22 de julio, cuando las organizaciones de los trabajadores formales e informales acompañaron la marcha de los jubilados. Continuará este este jueves frente al Congreso y seguirá el viernes, cuando centrales sindicales y organizaciones sociales confluyan en la marcha de San Cayetano. Luego, en la tercer semana de agosto, realizarán una movilización al ministerio de Economía para hacer visible la situación de 7 millones de argentinos que han quedado fuera del sistema crediticio por no haber podido pagar sus deudas.
