El gobernador Axel Kicillof, representado por la Fiscalía de Estado, hizo efectiva la presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar una medida cautelar que obligue al presidente Javier Milei a reponer los pagos de las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Provincia, tal como había anticipado la administración bonaerense este lunes.
En concreto, las sumas adeudadas por el Estado nacional y reclamadas por la Provincia de Buenos Aires alcanzan algo más de 1.6 billones de pesos tal confió Carlos Bianco en conferencia de prensa y corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Como se anticipó, la Provincia pidió al máximo tribunal nacional que se expida sobre su competencia para atender en la causa y argumentó que el mismo “resulta competente para conocer en esta causa en forma originaria” debido a la materia en debate como así también a la “naturaleza” de las partes en conflicto.
Según la demanda, el fiscal de Estado, Hernán Gómez, basa su argumento en que la Corte recientemente confirmó esta misma competencia en casos similares que involucraron cuestiones relativas a coparticipación federal de impuestos en causas que involucran a Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras.
A lo largo de la presentación, el fiscal de Estado elaboró una historización sobre el sistema previsional desde el régimen de 1854 hasta la actualidad. Da cuenta de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada en 2016, que instruyó al Poder Ejecutivo Nacional para que llegue a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no habían sido transferidos a la Nación en los años ‘90. Ésa era la manera ideada de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.
Para eso, la ANSES debía realizar una serie de auditorías y las transferencias efectivas de fondos. También se determinarían en función de factores como los desequilibrios que estaría asumiendo la ANSES si el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la Nación, y los avances realizados en el proceso de armonización.
La Provincia les pidió a los jueces de la Corte que tengan “especial consideración” por el hecho de que el Estado nacional se encuentra obligado a cubrir los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas en función de una serie de leyes, decretos y acuerdos desde 1999 en adelante, mientras que la Provincia no está obligada a armonizar sus cajas previsionales al sistema normativo nacional. A lo que sí está obligado el Estado provincial es a remitir a la ANSES la información necesaria para la simulación del Déficit Previsional del ejercicio inmediato anterior.
De ese modo, la Provincia queda sujeta a las facultades discrecionales de la ANSES con relación a la disposición de la transferencia de fondos, en la medida en que ese organismo entienda que la Provincia haya efectuado cambios en su legislación que tiendan a sostener un sistema previsional «equilibrado y sustentable en el tiempo».
En la Provincia, las jubilaciones para empleados públicos están administradas por tres institutos: el Instituto de Previsión Social (IPS) que tiene a cargo cuatro regímenes generales y siete especiales, que actualmente alcanza a más de 300 mil beneficiarios. Son la Caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se suman a las doce cajas previsionales profesionales existentes en la actualidad.
El recorte de esas transferencias se hizo efectivo a partir de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280 que firmó el presidente Milei en marzo del año pasado y cuya constitucionalidad es cuestionada por la Provincia, que argumenta en la demanda que posee “una orfandad de fundamentos” en sus considerandos.
Con todo, la Fiscalía de Estado bonaerense pidió explícitamente a la Corte que le ordene a la Nación proceder “en forma urgente” a realizar las transferencias y calificó el incumplimiento de las normativas que avalan el reclamo como “ilegítimo, arbitrario, desproporcionado, irrazonable e intempestivo”.
El letrado bonaerense sostiene en la presentación que “se debe ponderar especialmente la necesidad de evitar graves perjuicios económicos” a la Provincia de Buenos Aires por “la desactualización de las compensaciones recibidas y el desbalance del sistema previsional provincial absorbidos por esta jurisdicción, frente al incumplimiento formal y material de los compromisos y el desconocimiento de tales obligaciones convencionales y legales en cabeza del Estado nacional”.
Asimismo, menciona que la Provincia tiene “serias dificultades financieras”, que le impiden atender “compromisos urgentes”, al tiempo que señaló que, ante esos recortes, “resulta imposible que la Provincia pueda compensar cualquier desfinanciamiento en materia de subsidios”, especialmente porque el propio Gobierno suspendió otras transferencias vinculadas a subsidios y programas nacionales, que también fueron denunciados ante la Corte Suprema.
Kicillof le reclama 12,1 billones a Milei
Este lunes, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof ofreció un informe que da cuenta del origen de una deuda de la Nación con la Provincia que alcanza los 12,1 billones de pesos y que se clasifica en tres tipos.
En primer lugar, las deudas directas por unos 3 billones de pesos, entre ellas las previsionales que originaron la última exposición ante la Corte Suprema. A estas se suman las compensaciones del consenso fiscal 2017, el convenio de asistencia financiera 2023, equipamiento de diagnóstico por imágenes, el fondo de compensación del transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país y el fondo de fortalecimiento de la infraestructura portuaria bonaerense.
En segundo lugar se ubican los saldos de obras públicas comprometidas, que alcanza unos 6,9 billones de pesos y que incluye unas 180 obras de ejecución directa de Nación y convenios por unas 670 obras conjuntas; 6578 casas del ya extinto plan Procrear y otras 9752 proyectadas en el programa Casa Propia + Reconstruir.
Finalmente, la discontinuidad de programas nacionales, por montos que ascienden a los 2,2 billones de pesos, que incluye entre otros, al Fondo de Incentivo Docente (FONID), pedidos de asistencia ante emergencias climáticas y la continuidad del programa Acompañar para víctimas de violencia de género.
“A pesar de que es una decisión política con fines electorales, esta no es una deuda con un gobierno, es con el bienestar del pueblo de la provincia”, aseguró el gobernador Kicillof.
