La administración del territorio palestino de Gaza anunció este lunes la disolución del Comité de Emergencia, el organismo creado por Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 para gestionar los asuntos del enclave durante la ofensiva israelí. La decisión marca el inicio del proceso por el que Hamás cederá la administración civil de Gaza al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), el organismo previsto en el acuerdo de alto el fuego para dirigir el territorio durante el periodo de transición.
Este movimiento se enmarca en la hoja de ruta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contempla el traspaso del poder administrativo a un equipo de tecnócratas palestinos encargado de gestionar los asuntos civiles de Gaza durante el periodo de transición y reconstrucción.
En línea con ese plan, el Comité de Emergencia quedó oficialmente disuelto y Mohammed Abdul Khaleq Al-Farra, presidente en funciones del Comité de Seguimiento Gubernamental y del propio Comité de Emergencia, presentó su dimisión para facilitar el relevo institucional y el traspaso de competencias al NCAG.
Mientras se completa esta transición, únicamente permanecerá en sus puestos el personal técnico y profesional de la administración pública. Según explicó el Gobierno gazatí, estos funcionarios seguirán desempeñando sus labores para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y evitar un vacío administrativo, quedando además a disposición del NCAG y de las decisiones que este adopte una vez asuma sus funciones.
Como parte de estos preparativos, las autoridades gazatíes explicaron que el proceso fue presentado a un equipo nacional integrado por representantes de las distintas facciones y fuerzas políticas palestinas, el Comité Superior de Clanes y Tribus y organizaciones de la sociedad civil, en presencia de un observador de Naciones Unidas.
De la ofensiva a la transición política
La decisión anunciada este lunes no puede entenderse sin el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, fruto de semanas de intensos esfuerzos diplomáticos y de mediación encabezados por Egipto, Qatar y Türkiye.
En una primera etapa, vigente desde el 10 de octubre de 2025, el acuerdo permitió establecer una tregua, facilitó un intercambio de prisioneros y abrió la puerta a una retirada parcial de las fuerzas israelíes. No obstante, durante ese mismo periodo Israel continuó lanzando ataques casi diarios sobre distintos puntos de Gaza.
Una vez iniciada la segunda fase, en enero de 2026, el proceso dejó de centrarse exclusivamente en mantener el alto el fuego para abordar cuestiones de mayor alcance relacionadas con el futuro político y administrativo del enclave. Desde entonces, las negociaciones giran en torno a tres grandes objetivos: la desmilitarización, la creación de una administración palestina de carácter tecnócrata y el inicio de la reconstrucción, todo ello bajo el marco de la denominada Junta para la Paz, impulsada por Estados Unidos.
El NCAG asegura estar preparado para asumir sus funciones
El Comité Nacional para la Administración de Gaza se define como un organismo no político encargado de gestionar los asuntos civiles cotidianos del territorio durante esta etapa de transición.
Aunque el comité opera desde El Cairo desde mediados de enero y está integrado por personalidades públicas palestinas, todavía no ha podido comenzar a ejercer sus funciones dentro de Gaza, ya que Israel aún no ha autorizado su entrada en el enclave. Esta situación mantiene bloqueado el traspaso efectivo de la administración previsto en el acuerdo.
Su presidente, Ali Shaath, aseguró que el organismo está plenamente preparado para asumir sus responsabilidades «una vez estén disponibles las capacidades y los requisitos necesarios para desarrollar su labor».
«Los requisitos fundamentales para el éxito del comité son una única autoridad, una única legislación con una referencia clara y unas únicas armas bajo esa autoridad», afirmó Shaath en un comunicado.
A su juicio, esas condiciones son imprescindibles para crear el entorno político, administrativo y de seguridad que permita al comité desempeñar eficazmente sus funciones y responder a las necesidades de la población gazatí.
