No hay mejor defensa que un buen ataque: eso lo sabía bien el juez Claudio Bonadio. En 2019, su colega Alejo Ramos Padilla le comunicó que estaba imputado en la causa que orbitaba alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio. Bonadio no se amilanó y presentó una denuncia por prevaricato contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura y pidió su destitución. El tema hibernó en ese organismo hasta la semana pasada, cuando finalmente fue cerrado por el paso del tiempo. Pero a Ramos Padilla no le gustó esa solución: se presentó y dijo que un cierre sin haber analizado los pormenores del caso afecta su buen nombre.

Vengo a reclamar el dictado de una decisión fundada en la que se haga expresa consideración de los hechos, las pruebas, los principales argumentos y de las cuestiones propuestas”, dice la nota que Ramos Padilla le envió al supremo Horacio Rosatti en su rol de presidente del Consejo de la Magistratura. “El pronunciamiento por el mero paso del tiempo no solo afecta la honorabilidad del suscripto, sino también la imagen pública del Poder Judicial”, agregó en el escrito.

La presentación se hizo porque el 26 de abril pasado, el Consejo desestimó una serie de denuncias contra jueces y juezas que llevaban más de tres años en el organismo. Durante ese plenario se discutió largamente sobre si el plazo era correcto. La jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo, dijo que los jueces necesitan dictámenes que sean rechazados, no que sean archivados por el mero transcurso del tiempo. La abogada Jimena de la Torre, exnúmero dos de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, también se pronunció en la misma línea: resaltó que la caducidad no es la mejor opción porque deja una mancha gris en los magistrados.

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Ramos Padilla se aferró a esos argumentos para reclamar que revoquen o anulen la desestimación de la denuncia de Bonadio en su contra y que lo llamen a declarar: quiere explicar las circunstancias que rodearon el caso. Este pedido ya lo había formulado el 22 de junio pasado. En ese entonces, el juez federal de La Plata le había enviado otra nota a Rosatti diciéndole que quería ir al Consejo a hablar de este tema, sobre todo porque de la Torre había hecho hincapié en que estaba por caerse esa denuncia contra Ramos Padilla.

“Lamentablemente, el expediente se archivó por haber transcurrido el plazo de tres años desde la interposición de la denuncia, no se tuvo en cuenta mi pedido ni mi derecho de ser oído y se dictó una resolución por el mero paso del tiempo”, se quejó Ramos Padilla. Si bien el juez no lo dice, lo que pasó desde entonces es que el Consejo de la Magistratura estuvo paralizado: recién salió del letargo la semana pasada.

La controversia

Ramos Padilla estuvo desde finales de enero de 2019 a cargo de la investigación sobre el D’Alessiogate, que mostraba un complejo entramado de espías y de armados de causas que está elevado a juicio y, días atrás, la Cámara Federal de Casación Penal le reclamó al Tribunal Oral Federal (TOF) 8 que ponga fecha para hacer el juicio.

Cuando allanó el country Saint Thomas –donde vivía D’Alessio–, Ramos Padilla encontró abundante documentación sobre cómo el falso abogado hacía sus aportes a causas judiciales, particularmente en las que estaban involucrados Bonadio –ya fallecido– y el fiscal Carlos Stornelli. D’Alessio estuvo particularmente abocado a la causa sobre los supuestos sobreprecios en la adquisición del Gas Natural Licuado (GNL), que se inició en 2014 tras una denuncia de los dirigentes macristas Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso.

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En la causa del GNL hubo irregularidades varias, empezando por el peritaje trucho de David Cohen. Fue en esta causa que Bonadio logró el desafuero de Julio De Vido para ser detenido. La causa GNL es, de alguna manera, la causa madre de los “cuadernos”, ya que gracias a este expediente la dupla Bonadio-Stornelli pudo quedarse con la investigación de las fotocopias.

Entre los archivos de D’Alessio, había varios documentos referidos al caso GNL. Por ejemplo, en 2017, el falso abogado había redactado el “informe Dr. Bonadio” en el que planteaba quiénes debían ser presentados como “responsables de la corrupción”. Entre ellos, estaban De Vido y Roberto Baratta, el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal. También se encontró el “informe Dr. Stornelli” y la “síntesis de investigaciones actuales” –supuestamente destinada a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– en la que se anticipaba que la Cámara Federal iba a bochar el peritaje de Cohen–. Si bien D’Alessio no tuvo una vinculación formal con la exSIDE, trabajaba con agentes de ese organismo y le habían prometido una dirección.

Como todo indicaba que tanto Bonadio como Stornelli eran conscientes de que estaban fabricando una causa con evidencia falsa o que era aportada por D’Alessio, que operaba como un agente de inteligencia inorgánico, Ramos Padilla le notificó en junio de 2019 a Bonadio que estaba imputado en la causa y lo emplazó a hacer un descargo para dar las explicaciones del caso. No hubo explicaciones, lo que hubo fue una denuncia por prevaricato –es decir, por dictar una resolución a sabiendas de que es injusta– contra el entonces juez federal de Dolores. Ésta es la denuncia que el Consejo archivó y que Ramos Padilla reclama que se reabra para defender su buen nombre.

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