La zozobra reina en la Cámara Federal de Casación. El máximo tribunal penal se reunirá este jueves para definir la integración de una de sus salas. Sin embargo, toda la atención está centrada en una cuestión que no figura en el temario: el futuro de la jueza Ana María Figueroa después de que el Senado avalara su permanencia en el cargo tras cumplir 75 años y de que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto de su nombramiento.
“Sin novedades”: así suelen contestar funcionarios de la Casación Federal cuando se les pregunta acerca de la situación de Figueroa. Todos ellos leyeron el Boletín Oficial con el decreto que prorroga el mandato de la jueza por cinco años a partir del 9 de agosto, día en el que cumplió los 75 –el límite que establece la Constitución para el ejercicio de la magistratura–.
La jueza evidentemente está evaluando los pasos a seguir, pero, por el momento, aseguran que no hubo comunicaciones formales con la Cámara. Nadie se comunicó para reintegrarla. En el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, todo está como quedó después de que la Corte Suprema decidiera, a través de una resolución administrativa, declararla cesante a partir del día de su cumpleaños.
La decisión del máximo tribunal –según remarcó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en una entrevista con A24– fue, al menos, irregular. “Lo increíble es que por acto administrativo –que no encontramos que la Corte Suprema tenga esa facultad– decidió jubilar a una jueza. Nosotros estamos cumpliendo con la Constitución”, afirmó Ibarra, que recordó que el Ejecutivo mandó en tiempo y forma el pliego de Figueroa.
Lo atípico de la situación es que hubo otros jueces, como Luis Imas o Silvia Mora, que cumplieron 75 y siguieron en sus cargos hasta que el Senado les prorrogó el mandato por cinco años más. En el caso de Figueroa, la Corte se metió por la ventana después de que le llegara una nota de la Casación en la que le informaba que la jueza había cumplido los 75. Su pliego ya tenía dictamen afirmativo en la Cámara alta y el Frente de Todos (FdT) estaba reuniendo los votos necesarios para aprobarlo.
En Casación, si bien no muestran las cartas, analizan el decreto presidencial. Uno de los puntos que señalan es que la prórroga es desde el 9 de agosto y no desde el día en el que el Senado votó su continuidad. Hay quienes se preguntan si deberían tomarle juramento nuevamente a la jueza y otros especulan con que la magistrada podría presentarse en el plenario, lo que no está confirmado. Lo cierto es que Figueroa era, hasta el momento en el que la Corte decidió cesarla, la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal.
La decisión de los cuatro supremos se dio en un contexto en el que medios alineados con la oposición decían que Figueroa era la “jueza de Cristina” o que estaba “atrincherada” en su oficina. El macrismo no siente especial simpatía por Figueroa, ya que fue una de las magistradas que habló públicamente de las presiones de la mesa judicial del gobierno de Cambiemos. Desde la propia Cámara salían versiones de que ella demoraba el tratamiento de dos de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, que terminaron reabriendo Diego Barroetaveña y Daniel Petrone: Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.
El rol del Consejo
La intervención de la Corte generó una situación sin precedentes. “No hay un protocolo para seguir”, responden en Casación cuando se consulta cuáles son los pasos a dar. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez le explicó a Página/12 que Figueroa debería hacer una presentación ante el Consejo de la Magistratura tras la firma del decreto por parte del Presidente para volver a su oficina. “Hasta que no tenga una decisión del Consejo, de la Corte o de la Justicia no puede reintegrarse a su cargo”, puntualizó.
Otros juristas sugieren que la jueza debería presentarse en el fuero Contencioso-Administrativo para conseguir una cautelar que le permita reincorporarse sin que juegue el tándem Casación-Corte a través de mecanismos administrativos. Otros evalúan que el Poder Ejecutivo y el Senado deberían también ser parte de la contienda, ya que no se está ejecutando su decisión.
El Consejo de la Magistratura se reunió este miércoles, pero la situación de Figueroa no fue puesta sobre la mesa –ni siquiera por la oposición que viene reclamando su lugar–. La más activa en ese sentido es la consejera Jimena de la Torre, exnúmero dos de la AFIP macrista. La organización que la tiene como referente, Bases Republicanas, presentó la semana pasada una denuncia contra CFK por la aprobación del pliego de Figueroa. Bases Republicanas no esconde su encono contra la vicepresidenta: después de que el fiscal Guillermo Marijuán pidiera su sobreseimiento en la causa conocida como “ruta del dinero K”, la ONG macrista se presentó como querellante para intentar mantener a flote una investigación que lleva más de diez años abierta.
¿Por qué la oposición no arremetió contra Figueroa en el Consejo? Porque el tema no se incorporó en el temario y porque no tiene los votos para forzar su vacante. La otra explicación que circulaba era que muy posiblemente el titular de la Corte, Horacio Rosatti –quien también ejerce como presidente del Consejo– haya hecho saber que no podría pronunciarse públicamente sobre la situación de la jueza porque el tema inevitablemente volverá al máximo tribunal. En Casación, especulan que podría hacerse una nueva consulta ante los supremos.
Casación
La reunión de Casación prevista este jueves tiene un único tema en agenda: se vence la subrogancia del juez Daniel Petrone en la Sala III y se debe decidir quién ocupará ese cargo. Javier Carbajo ya expresó su interés. La Sala III no tiene, por el momento, jueces titulares: dos se tuvieron que jubilar, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, y el tercero, Juan Carlos Gemignani, pidió licencia de estudio por un año.
Si bien nada indica formalmente que la situación de Figueroa vaya a ser abordada, nadie lo descarta. Será posiblemente uno de los temas que tendrá que evaluar Mariano Borinsky, quien, tras la «cesantía» de Figueroa dispuesta por la Corte, pasó a desempeñarse como presidente del máximo tribunal penal del país.
