Se cumplen mil días de la huida a Uruguay de Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y este operador y hombre clave de la mesa judicial de Mauricio Macri logra dilatar una decisión de la Justicia del país vecino sobre su extradición, mientras que tampoco avanza en los tribunales de Comodoro Py el expediente en el que elude desde 2021 la declaración indagatoria a la que lo convocó la jueza María Servini. Rodríguez Simón está acusado de amenazar y extorsionar a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, como emisario del macrismo que buscaba desapoderarlos de sus medios de comunicación, también con acciones de hostigamiento y ahogo financiero.
Rodríguez Simón se fue del país el 8 de diciembre de 2020 cuando ya sabía lo que se avecinaba. Servini lo citó con posterioridad para indagarlo el 26 de mayo y le concedió una postergación para el 17 de junio. Pero nunca volvió ni declaró por Zoom. En Uruguay, Pepín inició un trámite para que se lo reconociera como refugiado, con el argumento de que es un perseguido político. Servini lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional. Señaló su clara intención, para ese entonces, «de sustraerse a la Justicia». Aun así, se inició un largo y engorroso proceso que le permitió quedarse allá mientras tanto. El canal C5N lo encontró en marzo instalado en la zona del balneario La Barra, donde lleva una lujosa vida.
Cuatro rechazos de refugio
A comienzo de agosto de 2021 se hizo pública la decisión de la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) de rechazar el pedido de asilo por considerar que no había motivos para darle cobijo en Uruguay al exasesor de Macri. El 23 de diciembre de ese año, la jueza en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, resolvió en el mismo sentido. En julio de 2022, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo hizo lo mismo y le negó refugio. En marzo de este año repitió el criterio la Corte Suprema uruguaya.
Es decir, un organismo especializado (presidido por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados) y tres instancias judiciales, incluso, la más alta, dijeron que no había motivos para dar amparo a Rodríguez Simón. A través de su abogado, Jorge Díaz, volvió a la carga ante el máximo tribunal uruguayo presentó un recurso que se llama «excepción de inconstitucionalidad», para cuestionar el proceso en su contra. Esto motivó que la jueza Chamsarian suspendiera el proceso de extradición, algo que ya había hecho con anterioridad ante planteos de Rodríguez Simón. También dispuso que se eleve a la Corte. Ahora -informaron fuentes de los tribunales uruguayos- se debe expedir el fiscal ante la Corte y luego estudiarán los planteos todos los supremos. Toda una increíble dilación, con mucho en común con parte del sistema judicial argentino.
Historia y continuidad
Rodríguez Simón tenía despacho en la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos aunque no tenía cargo en el Poder Ejecutivo. El nexo con Macri había sido José Torello, que fue su jefe de asesores. Pepín era director de YPF y parlamentario del Mercosur, cargo éste último en el que increíblemente continúa ya que los parlamentarios oficialistas y algunos aliados no lograron juntar la mayoría para expulsarlo.
Participó de la mayor parte de las estrategias judiciales de aquella administración: por empezar, con la convicción de que había que meter dos jueces de la Corte Suprema por la ventana, por decreto, sin acuerdo del Senado. Primero propuso a Carlos Rosenkrantz, con quien ya tenía una amistad, y postuló -como negociación con el peronismo y con aval de Elisa Carrió- al actual presidente supremo, Horacio Rosatti. También tuvo un poder para representar a Macri en el caso Panamá Papers. Traía fuertes vínculos con el Grupo Clarín. Escribió un libro que vaticinaba que la Corte declararía la inconstitucionalidad de la ley de medios, como pretendía el holding, lo que no ocurrió (pero luego Macri revirtió la norma por decreto).
Después colaboró con el diseño de estrategias del macrismo para perseguir a jueces/zas así como fiscales/as que no eran de su agrado. En otro expediente, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, se lo investiga por la persecución y amenazas a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, a quien querían hacer renunciar. Un fiscal, Gabriel de Vedia, declaró que Rodríguez Simón le dijo que si no le llevaba la renuncia de la exjefa de los fiscales/as meterían presas a ella y a sus hijas. En territorio porteño fue contratado por Lotería de la Ciudad en 2018 como asesor. Se ocupó de modificar el sistema de lotería, para traspasar el control a la ciudad, y liquidar Lotería Nacional.
En la causa por los aprietes a los dueños de Indalo, la jueza Servini mandó a hacer un análisis de llamados y resultó que Rodríguez Simón tenía 59 comunicaciones con Rosenkrantz en el período investigado y 38 con su socio, Gabriel Bouzat. Con Rosatti tenía 17, y con varios ex funcionarios, como Germán Garavano, exministro de Justicia: 162. Con los teléfonos de la Presidencia el contacto era constante, igual que con el Grupo Clarín (231). También hablaba seguido con La Nación. En buena medida este cuadro motivó su citación a indagatoria. Cuando el empresario Cristóbal López declaró como testigo en la causa de Servini, relató que el 25 de octubre de 2015 el propio Macri le dijo que necesitaba el canal (C5N) para lograr meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, a lo que se negó. En otras reuniones donde el mensajero era Pepín, le advirtieron la idea de quedarse con el canal y otros medios del grupo o llevarlo a la quiebra. Fueron López y De Sousa los que fueron enviados a la cárcel después, por temas impositivos, como parte de la ofensiva judicial macrista.
La causa a cargo de Servini, rozó responsabilidades de funcionarios -por ejemplo de la AFIP-, apuntó a Macri, a Torello, Mario Quintana, entre otros, pero no avanzó en lo sustancial, mientras Pepín sigue del otro lado del río, en una mansión, sin que Uruguay lo extradite.
