Con o sin la voz de Diego Spagnuolo, el juez federal Ariel Lijo resolvió que avanzará en el peritaje de los audios donde se escuchaba al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) describir un sistema de sobornos y sobreprecios en el organismo, que involucraba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El exfuncionario había pedido la nulidad de las grabaciones, pero cuando fue convocado no quiso dar una muestra de su voz y, según su defensa, no cambiará de posición porque correría el riesgo de autoincriminarse. El 26 de agosto comenzará el estudio, que estará a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería, y frente a esta negativa se utilizarán fragmentos de entrevistas (que son registros públicos) para hacer el cotejo.
Tanto la defensa de Spagnuolo como la de la familia Kovalivker (los dueños de la droguería Suizo Argentina) buscan desde hace tiempo lograr una declaración de nulidad de los audios. La Sala II de la Cámara Federal señaló que había que investigar su “origen y veracidad”, a pesar de que no habían sido utilizados como prueba ni por el fiscal Franco Picardi ni por el juez Sebastián Casanello, que fue el primero en intervenir en la causa como subrogante. Spagnuolo, de hecho, fue procesado junto con otras 18 personas por los delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los procesamientos se dictaron sobre la base de gran cantidad de prueba documental y de teléfonos celulares, pero no hubo referencia a las grabaciones.
Además de Spagnuolo, entre los implicados figuran Daniel Garbellini, que era el número dos de la agencia y director de Acceso a los Servicios de Salud. Allí se tramitaban las compras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia destinados a personas que carecen de cobertura médica. Entre las personas que intervenían desde afuera de ANDIS en el direccionamiento de licitaciones —según lo describió la fiscalía— figuran un exfuncionario del macrismo que ocupaba el mismo cargo que Garbellini, Pablo Atchabahian, el empresario y lobista Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, que era funcionaria en Economía. A ella se le encontraron 700.000 dólares en efectivo en un allanamiento.
La cuestión de los audios, de todos modos, sigue siendo el núcleo de la estrategia de algunas defensas, con la expectativa de hacer caer la causa con la “teoría del fruto del árbol envenenado”. El planteo es que, aunque no fueran mencionadas como evidencia, estuvieron en el origen de la investigación. Lo que Spagnuolo quiere que se investigue es si fueron editados, si se alteró su voz o se creó con inteligencia artificial, si algunos fueron fruto de escuchas telefónicas, qué cortes, manipulaciones tienen y el sentido de que no se escuche al interlocutor. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, planteó este asunto desde que lo representa. Otra de las cosas que dice es que hay tramos de distintas fechas. Es extraño, porque el exfuncionario pasó de sostener que no era su voz a que había ediciones y alteraciones.
3% para Karina y peritaje
Los audios de Spagnuolo, que destaparon el segundo gran escándalo de corrupción del gobierno de Javier Milei después del caso $LIBRA, fueron revelados en agosto de 2025 por Carnaval Stream. En las conversaciones se escuchaba solo la voz atribuida a Spagnuolo, por momentos con ruido de fondo (como de un bar), que describía con detalle un sistema de retornos en la compra de medicamentos conocidos como PACBI (alto costo y baja incidencia).
De ahí surgieron frases como: “me están desfalcando la agencia”; “me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía… un delincuente que estaba en la gestión de Macri” (en referencia a Garbellini); “de lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”; “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”; “Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”; “Yo hablé con el Presidente, tengo todos los WhatsApp de Karina…”.
Picardi avanzó rápidamente, tras la denuncia inicial del abogado Gregorio Dalbón, en el secuestro de celulares y otros dispositivos, que llevaron mucho más allá de la Suizo Argentina, pese a que algunos, como el del propio Spagnuolo, tenían contenido eliminado. Es más, de esta droguería todavía nadie fue indagado. Tampoco se avanzó sobre funcionarios de la Casa Rosada.
Hasta ahora, la fiscalía dio por probados sobreprecios que, en el caso de los medicamentos, llegaron al 2000% y que existieron erogaciones dudosas por más de 30.000 millones de pesos. El Ministerio de Salud hizo su propio relevamiento y en los insumos (sillas de ruedas, ortopedia, aparatología) encontró pagos adicionales de hasta 4000%, informe que fue incorporado a la causa. En este rubro, Picardi registró gastos superiores a 75.000 millones en insumos. Todo esto desde inicios de la gestión, a fines de 2023, hasta agosto del año pasado.
El 26 de agosto será apenas el inicio del peritaje, que llevará más tiempo y varias tareas. Los peritos tendrán que determinar la identidad de la voz de las grabaciones, para establecer formalmente si la persona a la que se escucha es o no Spagnuolo. Una de las medidas consiste en un cotejo de parámetros acústico-fonéticos. Esto es lo que generó conflicto porque el exfuncionario no quiere dejarse grabar para que esté disponible una muestra de “material indubitado”. Por eso, todo indicaría que se usarán entrevistas que dio en Neura, La Nación+, Border y El Observador.
Lijo —el juez ahora a cargo del caso— también pidió que se estudie el posible uso de IA para saber si se clonó la voz o se utilizó algún procedimiento para crear una voz sintética u otro tipo de manipulación. Se analizará también la edición, los momentos en que se producen cortes, interrupciones, saltos o cambios acústicos. El abogado de Spagnuolo quiere que se determine dónde fueron realizadas las grabaciones y en qué fecha, que se disocie el sonido de frente y de fondo y qué otras voces se escuchan. También intentó poner en duda la cadena de custodia.
Los peritos trabajarán sobre una copia del material (una clonación) para evitar alterar los originales. Se utiliza un protocolo para preservar la prueba. En este caso lo pidieron en particular Eduardo, Emiliano y Jonathan Kovalivker.
Gran misterio en la Cámara
La Sala II de la Cámara tiene pendiente pronunciarse sobre la apelación a los procesamientos. Su integración acaba de cambiar, porque Martín Irurzun se jubiló ante la negativa del gobierno a pedir cinco años más para su continuidad en el cargo después de los 75 años. Quedan Eduardo Farah y Roberto Boico, que no han tenido posiciones coincidentes: de hecho, Boico se inclinó por la verificación del origen de los audios y Farah no.
El incidente de nulidad generado por Spagnuolo está en primera instancia. Por separado tramita el de los Kovalivker. Como se trata de lo mismo, Lijo había rechazado in limine el del exfuncionario, pero la Cámara le señaló que tenía que tramitarlo igual. En rigor, el de los dueños de la Suizo Argentina está en revisión en la Cámara por segunda vez. El juez, a cuento del planteo de Spagnuolo, finalmente mandó a hacer el peritaje. La Cámara, entonces, tiene pendiente resolver un planteo de nulidad de los audios y la revisión de 19 procesamientos. Si no están alineados Boico y Farah, tendrán que sortear otro camarista. A la Sala I pronto se podría llegar a incorporar Pablo Yadarola y tendría continuidad Pablo Bertuzzi, que esperan el acuerdo del Senado. Sale Leopoldo Bruglia; queda también Mariano Llorens.
