El Gobierno oficializará en los próximos días la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las Unidades de Gestión, que, según fuentes oficiales, implicaban al Estado un desembolso de alrededor de US$34 millones al año.
Las unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.
Esto se dispuso luego de que la gestión de Javier Milei definiera la eliminación del Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas sociales, también con el objetivo central de eliminar la intermediación.
La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión, se sumó a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta.
Las organizaciones podría definir mañana una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.
En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver los Potenciar Trabajo, las principales críticas del oficialismo estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.
Las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan «gerentes de la pobreza», controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, «lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia», sostienen en el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
