El miércoles siete será un día decisivo para la presidencia de Pedro Castillo, el maestro rural y sindicalista que llegó al gobierno con el apoyo de la izquierda. Ese día el mandatario deberá concurrir al pleno del Congreso opositor para exponer su defensa frente a la acusación de incapacidad moral e inmediatamente se pondrá a debate y votación su destitución. Todo se resolverá en un día. La acusación por incapacidad moral repite la denuncia de la fiscalía contra Castillo de beneficiarse de licitaciones públicas, hechos que están en investigación.
La Constitución no lo permitiría
Con esto se busca acelerar una destitución de Castillo por esta causa, saltándose el juicio político al mandatario que ya se ha iniciado en el Congreso, proceso que es cuestionado porque la Constitución no permite acusar a un presidente en ejercicio por los delitos que la fiscalía le imputa a Castillo. Otros cargos evidencian que esta ambigua figura de la incapacidad moral puede aguantar todo. Se acusa al presidente de “copar y desmantelar el Estado” con los nombramientos de altos funcionarios, que pueden ser en varios casos cuestionables pero son parte de sus funciones como jefe de Estado, y se habla de “inmoralidad del presidente” por el supuesto plagio de su tesis universitaria, una denuncia periodística que las autoridades judiciales están investigando.
Sorprendió el voto a favor de iniciar el proceso de destitución del presidente de cuatro legisladores de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Castillo al gobierno. En una confusa explicación, el vocero parlamentario de PL, Flavio Cruz, uno de los cuatro que apoyó abrir el proceso de vacancia presidencial, señaló que votaron en ese sentido en protesta contra el presidente por no cumplir sus promesas y porque querían que se dé el debate de destitución del mandatario, pero votarían en contra del pedido de destitución. La relación de Castillo con PL, partido del cual ha sido separado, es tensa, se mueve entre las críticas y las negociaciones de cuotas de poder. La bancada de PL tenía 37 legisladores, pero ha quedado reducida a 15 luego de una serie de deserciones de congresistas que han formado nuevas bancadas que apoyan a Castillo.
Sumas y restas
En un Congreso con trece bancadas, más de media docena de legisladores sin partido, parlamentarios que pasan de un grupo a otro y agrupaciones que se suelen dividir en las votaciones, es complicado hacer pronósticos. Los grupos que respaldan a Castillo tienen 42 votos. Necesitan sumar solamente otros dos votos para bloquear la destitución del mandatario. Entre legisladores de centro derecha pueden sumar esos dos votos e incluso más. Pero no se puede descartar deserciones en el bloque de varias bancadas que apoyan a Castillo, como ya se vio con PL en la votación para aprobar el proceso de destitución. En el otro lado, voceros de la derecha dicen estar confiados en conseguir los votos necesarios para sacar al presidente al que quieren destituir desde el primer día de su gobierno. Presionan, con apoyo de los medios, a los legisladores de centro derecha que se han pronunciado en contra de la vacancia presidencial para que cambien de postura. Los acusan de corruptos si no votan por la destitución de Castillo. Y apuestan a una división en las bancadas que respaldan al presidente.
Pedido de vacancia
El pedido de vacancia presidencial ha ganado en esta ocasión respaldo entre congresistas que antes se han opuesto pero ahora temen perder su curul si el Ejecutivo decide utilizar la herramienta constitucional de cierre del Congreso para convocar elecciones legislativas adelantadas. Esto puede ocurrir si el Legislativo niega dos veces la confianza a un gabinete ministerial. El Ejecutivo presentó hace unos días un pedido de confianza que el Parlamento se negó a debatir y el gobierno ha dicho que toma eso como una primera negativa de confianza, dejando al Congreso en capilla. Eso gatilló los temores entre los legisladores. El Legislativo ha rechazado que esa primera negativa de confianza se haya dado. Esta controversia la debe definir el Tribunal Constitucional. “Matar o morir”, gritan parlamentarios de la ultraderecha para presionar a sus colegas que voten contra Castillo “antes que se cierre este Congreso”. “Vayan haciendo sus bultos para regresar a sus pueblos” si no se destituye a Castillo, le dijo el congresista y general en retiro Roberto Chiabra a legisladores del oficialismo, con ese tono de racismo y clasismo que la derecha no puede ocultar. El gobierno niega tener la intención de forzar otra negativa de confianza para cerrar el Congreso.
La ultraderecha ya fracasó en dos intentos anteriores de destituir a Castillo por incapacidad moral. En diciembre del año pasado, cuando el gobierno apenas llevaba poco más de cuatro meses, hizo el primer intento de sacar a Castillo pero se quedó sola y alcanzó únicamente 46 votos. Lo volvió a intentar en marzo pasado. Esa vez lograron sumar a otros legisladores, pero con 55 votos quedaron lejos de los 87 necesarios. El golpismo parlamentario también intentó destituir a Castillo con una absurda acusación por traición a la patria por unas declaraciones periodísticas favorables a la demanda de Bolivia de tener una salida al mar. Ese intento fracasó cuando hace unos días el Tribunal Constitucional ordenó anular ese proceso por falta de sustento. El complot golpista de la ultraderecha comenzó desde que Castillo le ganó las elecciones a Keiko Fujimori, intentando impedir que asuma la presidencia denunciando un inexistente fraude electoral.
Plan B
El Congreso tomó la decisión de abrir la tercera acusación contra Castillo por incapacidad moral en solo 16 meses de gobierno horas después que una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que hace unos días estuvo en el Perú para analizar la crisis política, hizo público un informe en el que señala que la democracia peruana está en riesgo, cuestiona el “uso excesivo e indiscriminado” de herramientas como las mociones de destitución del presidente por incapacidad moral y hace un llamado al Legislativo y al Ejecutivo para una tregua que abra un espacio de diálogo. Castillo y sus ministros hicieron suyo el pedido de una tregua y un diálogo, pero la extrema derecha que marca la agenda del Congreso, bloque en el cual el fujimorismo juega un rol clave, dinamitó rápido esa posibilidad. Su apuesta excluyente es la destitución de Castillo
Si vuelven a fracasar en este nuevo intento de destitución del presidente por “incapacidad moral permanente”, han activado un Plan B del golpismo: suspender a Castillo en el ejercicio de su cargo alegando “incapacidad temporal”. Para eso, hace unos días aprobaron en el Congreso que la suspensión del presidente, que sería una destitución encubierta, sea aprobada por solamente 66 votos en lugar de los 87 que se requieren para la destitución. La Constitución contempla la suspensión del mandatario por “incapacidad temporal”, pero relacionada con algún problema de salud u otro que lo imposibilite temporalmente de ejercer el cargo. Con una insólita interpretación de la Constitución sacada del sombrero del golpismo, la derecha pretende desvirtuar esta figura constitucional para suspender a Castillo de la presidencia argumentando que tiene investigaciones por corrupción abiertas en la fiscalía. Los constitucionalistas, incluidos cercanos a la derecha, coinciden en que una suspensión del presidente por esta razón sería inconstitucional. El golpismo parlamentario que impulsa la ultraderecha, y ahora suma respaldo en otros sectores de la derecha, tiene varios frentes. Uno de ellos se define este miércoles siete.
