La iniciativa es una respuesta al freno a la venta de terrenos en Costa Salguero
Ante de que el proyecto se debata en el recinto porteño, 17 jueces del fuero y cinco camaristas enviaron una carta a Ocampo en la que dijeron que «así redactado, el proyecto en cuestión podría implicar una complejización y desnaturalización de los procesos alcanzados en la propuesta e incluso llegar a afectar garantías constitucionales de los justiciables y la independencia en el ejercicio de la judicatura». «Quisiéramos destacar que el proyecto, en caso de ser aprobado, supone una limitación formal y sustancial en el ejercicio del Poder Judicial sobre el control y garantía de los derechos de los/las habitantes de la Ciudad», advirtieron. Lo firmaron los jueces Elena Liberatori, Andrés Gallardo, Fabiana Schafrik, Patricia López Vergara, Guillermo Schaibler, Pablo Mántaras, Hugo Zuleta, Marcelo López Alfonsín y Carlos Balbín, entre otros.
En tanto, las ONG Observatorio de Derecho a la Ciudad, FARN, INECIP, ACIJ y CELS enviaron otra carta a Ocampo en la que directamente le plantearon que la propuesta es «improcedente e inconstitucional». Advirtieron que desequilibra la intervención de los fiscales con respecto a los defensores y los asesores tutelares. Y que el proyecto terminará por volver más lentas las causas judiciales. «Esto resulta de particular gravedad en los procesos de amparo, y especialmente en las medidas cautelares, que tienden a la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas», remarcaron.
La legisladora del Frente de Todos Claudia Neira consideró que «este proyecto que se trata es una gravedad inusitada» porque «la reforma modifica el rol del Ministerio Público Fiscal y lo convierte en un auxiliar del Poder Ejecutivo».
Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda, sumó su crítica al indicar que «esto es muy grave y una barbaridad porque afecta al interés general y concentra el poder en el Fiscal General».