La carrera de Patricia Bullrich por el voto reaccionario no reconoce límites, ni siquiera en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) propuso registrar las conversaciones entre personas privadas de la libertad y sus abogados. Los distintos expertos consultados por Página/12 coincidieron en señalar que esa iniciativa destruiría el derecho de defensa que le asiste a cualquier ciudadano, que es contraria al Estado de derecho y, por ende, impracticable. La propuesta de la exministra de Seguridad trajo una reminiscencia de una de las prácticas que se extendieron durante el gobierno de Mauricio Macri: el espionaje sobre los exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos, que incluyó la grabación de sus comunicaciones y su filtración en medios de comunicación –que fue tan extendida y escandalosa que obligó incluso a la Corte Suprema a intervenir.
Después de anunciar en un spot que construiría un penal de máxima seguridad con el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, Bullrich no abandonó la senda punitivista. Dijo que quería cárceles especiales para “narcos y asesinos peligrosos” en las que no tengan contacto con otras personas y que incluso se restrinja su trato con los agentes penitenciarios que están a su cuidado. “El aislamiento es el impedimento total para seguir cometiendo crímenes”, explicó su teoría Bullrich en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino.
En el reportaje, la exministra de Seguridad agregó que la defensa del preso se graba. “Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás su conversación con su defensa”. Su interlocutor le respondió que era imposible. “Vamos a ponerlo en el Código Penal”, redobló la apuesta. Bullrich incluso llegó a mencionar que esas grabaciones podrían almacenarse preventivamente para investigar delitos futuros.
Juristas y referentes de organismos de derechos humanos coincidieron en que no hay posibilidad de que la candidata de JxC avance en esa línea. “Desde el punto de vista jurídico, lo que propone Bullrich es impracticable salvo que renunciemos al Estado de derecho y vayamos a un Estado totalitario que, con la excusa de la seguridad, vulnere garantías básicas como el derecho de defensa. Es inconstitucional porque va en contra del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina suscribió en 1984 al recuperar la democracia y que tiene rango constitucional desde 1994”, afirmó Manuel Tufró, director del área de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Tufró remarcó que prácticas similares se implementaron durante el gobierno de Cambiemos en las cárceles para realizar operaciones político-mediáticas –como quedó acreditado en la causa que se centró en las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros. “Nada de eso se usó para investigar mercados ilegales, sino que se creó un nuevo mercado ilegal de escuchas telefónicas”, sostuvo el integrante del CELS.
Alejandro Rúa fue uno de los letrados escuchados durante la gestión Cambiemos y que denunció estos métodos–incluso ante organismos internacionales. Para él, Bullrich insiste en la ilegalidad. “Las comunicaciones abogado-cliente son siempre confidenciales y el Estado debe asegurarlas con el mayor resguardo si además el cliente está preso. La normativa de jerarquía constitucional y las reglas de interpretación del sistema internacional son claras y expresas, pero aún insiste en la ilegalidad que ya transitó durante su última gestión ministerial con los Marcelo D´Alessio y los Súper Mario Bros”, apuntó.
El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, se manifestó contrario a cualquier intromisión en el vínculo entre una persona y su defensor. “El principio es muy claro: las conversaciones entre un cliente y su abogado tienen que ser confidenciales porque, de lo contrario, se afecta el derecho de defensa. El cliente deposita en el abogado una relación de confianza y ésta le debe permitir expresarse con toda libertad”, explicó. “Sin embargo, tengo la sensación de que Patricia Bullrich se está refiriendo a otros casos en los que el abogado ya no actúa como defensor sino como un emisario de un narcotraficante. De todos modos, cualquier intervención debería hacerse, por supuesto, con orden judicial. Esperemos que esto se aclare bien”, puntualizó.
Para María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), lo que plantea Bullrich es insostenible y violatorio de las garantías procesales. “La privacidad y confidencialidad de la comunicación abogado-cliente son la piedra angular del debido proceso”, resaltó.
Cruzar los límites
“Se han ido permitiendo sucesivos recortes a los derechos de las personas privadas de la libertad sin que a nadie prácticamente le importe”, advierte la abogada Claudia Cesaroni, autora del libro Contra el punitivismo. “Solo empieza a importar cuando parece que esa restricción de derechos se puede extender de una manera brutal o de una forma que afecte a personas más cercanas, dirigentes políticos o militantes”, remarca.
“Hoy, por ejemplo, plantear que los presos tienen derecho a tener celulares es una posición totalmente minoritaria porque se ha construido el mito de que los presos con celulares cometen delitos. Los presos con celulares hacen lo mismo que nosotros: comunicarnos, estudiar, buscar información, divertirnos, mirar fotos o películas, leer un libro. Algunos presos también los usan para cometer delitos –al igual que algunas personas en libertad. La construcción de un sujeto que es brutal, perverso, maligno y que todo lo usa para cometer delitos se extiende, de esta forma, como una mancha de aceite”, completa.
El fantasma del espionaje
Para Cristina Caamaño, exfiscal y exinterventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), toda la propuesta de Bullrich es inconsistente. “No se puede incorporar al Código Penal, como ella dice. En todo caso, debería ir al Código Procesal Penal porque es una herramienta. Es totalmente inconstitucional que se quieran grabar las conversaciones entre un defendido y su abogado. En su cabeza, lo único que existen son las ilegalidades”, dice la integrante de Justicia Legítima.
Antes de dejar la AFI, Caamaño le notificó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que durante la gestión de Gustavo Arribas se habían almacenado 105.000 escuchas. Si bien habían sido ordenadas por jueces, la exSIDE no había cumplido con su deber de destruirlas. El sistema parece similar al que bosquejó Bullrich en su charla con Fantino.
La justicia de Lomas de Zamora también reconstruyó que durante el macrismo se escuchó a los exfuncionarios kirchneristas que estaban presos en Ezeiza con un artilugio que consistía en ir pidiendo intervenciones en una causa en la que se investigaba a Mario Segovia, conocido como el Rey de la efedrina, y, con esa excusa, tomar todos los teléfonos que se usaban en esos pabellones. Después, esas escuchas terminaban en programas de televisión o aparecían en formato de anónimo para nutrir causas judiciales.
Las filtraciones fueron configurando un escándalo de tal magnitud que obligó a la Corte Suprema a intervenir. En junio de 2019, los supremos firmaron la acordada 17 que hablaba de una responsabilidad sistémica frente a las escuchas e instaba a los jueces a restringir la intervención de la AFI en el proceso de interceptación de llamadas. Después, con la llegada del gobierno del Frente de Todos, se investigó el espionaje penitenciario. Semanas atrás, Martínez de Giorgi sobreseyó a todos los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) implicados por considerar que, en realidad, hubo una connivencia entre la exSIDE y el juez que ordenó la captación de los llamados, Federico Villena.
Bullrich parece estar dispuesta a volver al pasado.
