El jefe de Gobierno dijo que si es reelecto llevará a los barrios el cuestionado sistema de videovigilancia.
Aunque la sociedad aún se debe un debate sobre la regulación de las cámaras de seguridad en espacios públicos, la videovigilancia se ha vuelto una política estatal para los funcionarios porteños de Cambiemos. Para profundizar en esta línea, el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, prometió que si es reelecto instalará «10.000 nuevas cámaras en todos los barrios, con tecnología de reconocimiento facial para que cada día vivamos más tranquilos». La propuesta, que es uno de los diez ejes que lanzó para su eventual próxima gestión, plantea la colocación de 150 cámaras en cada uno de los barrios de la ciudad, que se sumarán a las casi 13.000 que conforman la Red Integral de Monitoreo.
Las cámaras de vigilancia se multiplicaron en calles, estaciones de subtes y trenes en la Ciudad de Buenos Aires desde la llegada de Cambiemos, que anuncia como columna vertebral de su plan de seguridad para 2020, en caso de ganar en las elecciones de octubre, la instalación de cámaras de alta definición que permiten correr con efectividad el programa de Reconocimiento Facial de Prófugos.
El sistema ya fue criticado por especialistas no sólo porque avanza sobre las garantías de protección de la intimidad que tienen los ciudadanos, sino por el margen de error que tiene y que produce «falsos positivos».
En términos estrictos, las 10.000 cámaras anunciadas no tendrán el Sistema de Reconocimiento Facial de la Policía de la Ciudad sino que estarán habilitadas para que, de forma aleatoria o programada, el sistema pueda ser corrido por las autoridades. Por el momento, según detalló un vocero del Ministerio de Seguridad porteño, el sistema implementado a través de la contratación de la empresa Danaide, cuenta, por cuestiones presupuestarias, con 300 licencias que habilitan esa cantidad máxima de cámaras activas. No pudo precisar si el proyecto contempla la adquisición de nuevas licencias que amplíen la capacidad del sistema para buscar a las personas que se encuentran en la base de datos Conarc (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas) que dispone de imágenes de los ciudadanos buscados.
El Conarc es una base de datos pública dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En esta base, la Justicia Federal, Nacional, de la Ciudad y las provinciales vuelcan los registros de pedidos de captura. Cuenta con más de 46.000 registros que se actualizan todos los días, con altas y bajas, a través del Registro Nacional de Reincidencias.
El sistema de identificación biométrica, que cuenta con un motor de búsqueda ruso, procesa las imágenes en forma rotativa sobre 300 cámaras y las contrasta con las del registro Conarc, que tiene además de un margen de error tecnológico un problema grave con la carga de datos, muchos de ellos erróneos o desactualizados. Hay personas buscadas porque se mudaron y nunca recibieron la citación judicial o no se les pudo comunicar un fallo.
Guillermo Ibarrola fue una de las víctimas del Gran Hermano porteño y pasó seis días arrestado. Fue detenido en Retiro por un alerta del sistema que lanzó en abril pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y fue liberado antes de ser trasladado a un penal por un delito que nunca cometió. La pesadilla que sufrió, fue atribuida por la Ciudad a «errores de carga» de los juzgados y fiscalías.
Otra víctima del sistema orwelliano fue una mujer detenida en el subte y liberada un día después porque no era la persona buscada: sólo se parecía a una prófuga. Detenida por su parecido, fue sacada de un vagón mientras la gente le gritaba «chorra», fue esposada y trasladada a la comisaría, y entre trámites por averiguación de antecedentes y el traslado a otra comisaría pasó la noche bajo custodia policial.
También la fundadora de Alerta Vida, Raquel Holway, fue demorada en la estación Retiro de la línea C durante 40 minutos por una causa en la que había sido sobreseída en 2005, pero el juzgado no había cancelado la orden de captura.
No fueron los únicos casos, de hecho, más del 80 por ciento de las personas que son interceptadas por la policía son liberadas tras la constatación de datos. Para el Ministerio de Seguridad que dirige Diego Santilli, el margen de error es muy bajo, sólo el 4 por ciento de los casos dan falso positivo.
Si se tiene en cuenta que la Ciudad tiene unos 3.000.000 de habitantes y que circulan alrededor de 5.000.000 de personas, por el ingreso promedio de 1.000.000 de automóviles que llegan desde el conurbano, con las 23.000 cámaras el panóptico larretista representaría una cámara cada 217 personas.
En la actualidad, según los datos oficiales la Red Integral de Monitoreo cuenta con 12.906 en toda la Ciudad, incluyendo subte (871); AUSA (327), de Tránsito (130) y colectivos (4000). Supervisadas desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Chacarita y desde el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en la intersección de Diagonal Norte y la Av. 9 de Julio.
