En el Día de la Industria, los aliados le marcaron la cancha a Patricia Bullrich y el oficialismo volvió a fracasar en su intento de avanzar con el Súper RIGI en el Senado. El PRO, la UCR y Provincias Unidas pidieron cambios para proteger el entramado productivo y el texto quedó al borde de volver a la Cámara de Diputados. Con siete ausencias, el despacho quedó lejos de las 26 firmas necesarias y se pasó a un cuarto intermedio. La jefa de la bancada busca salvar del naufragio la versión recargada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, sancionado en 2024. Se diluye así la posibilidad de sesionar el jueves 10. La agenda del Congreso expuso, como nunca antes, para quiénes gobierna La Libertad Avanza y cuáles son sus prioridades. Mientras el oficialismo en Diputados puso en marcha las comisiones de Finanzas y Discapacidad para vaciar la sesión del próximo miércoles, en la que la oposición busca avanzar con los proyectos de desendeudamiento y la Emergencia en Discapacidad, el Senado discutía beneficios impositivos extraordinarios para los tecno-ricos.
El calendario le jugó una mala pasada al oficialismo en la Cámara Alta. El plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía y Legislación General no pudo dictaminar el Súper RIGI, el proyecto que busca ampliar los beneficios a las grandes inversiones a costa de la producción nacional. Pese al alineamiento del Gobierno con Estados Unidos y su distancia con Beijing, el régimen puede terminar favoreciendo especialmente a las grandes empresas chinas, con capacidad para importar buena parte de los insumos que necesitan los grandes inversores. La advertencia fue realizada por varios senadores.
Los aliados del PRO, la UCR y Provincias Unidas reclamaron que el 20 por ciento de los bienes transables se compre en el mercado interno y a empresas nacionales, y que se les otorgue una preferencia de hasta el 15 por ciento frente al precio de los productos importados. Un pedido que la UIA les hizo a los legisladores. El encargado de comunicarle a Bullrich las nuevas modificaciones fue el presidente del bloque amarillo, Martín Goerling. “Las principales economías están tomando medidas para defender sus mercados y evitar la destrucción de sus capacidades productivas”, dijo por la mañana Martín Rappallini, presidente de la UIA, en el acto que el propio Gobierno vació. “Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. No sabe lo que es una fábrica”, dijo el número dos de la Unión Industrial, Guillermo Moretti.
Para avanzar con el dictamen, Bullrich debe conseguir que el ministro de Economía, Toto Caputo, avale los cambios. En los hechos, implica pedirle proteccionismo a un gobierno libertario. “Tienen hasta la semana que viene para ver si consiguen las firmas, pero todo indica que se cae”, dijo una fuente libertaria. Al cierre de esta edición, el peronismo trabajaba para introducir más cambios y continuar deshilachando el proyecto original.
El plenario comenzó cerca de las 13.30. La citación sufrió un cambio de horario el mismo miércoles por la mañana, por lo que el senador Fernando Salino denunció que la reunión estaba “viciada de nulidades” y que no correspondía sesionar. “Cambiaron el horario con un mail a las 9.30 de la mañana. Eso no se puede hacer”, dijo Salino. En efecto, se contabilizaron siete ausencias, de las cuales tres complicaron al oficialismo. Maximiliano Abad, de la UCR; Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; y Andrea Cristina, del PRO. Salino advirtió que los cambios de horario se debieron a la falta de quórum.
El oficialismo tampoco pudo avanzar con “Inversiones Relevantes”, la iniciativa que empuja el radical Eduardo Vischi para incentivar proyectos productivos de medianas y grandes empresas que no alcanzan los pisos millonarios del RIGI o el Súper RIGI.
El Súper RIGI ya tiene media sanción de Diputados y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no quiere saber nada con volver a discutir el texto, una resistencia que promete profundizar la interna entre Patricia Bullrich y la hermana del Presidente, Karina Milei. Los beneficios del proyecto libertario apuntan a sectores prácticamente inexistentes en el país, como inteligencia artificial, data centers y semiconductores, en una cesión de soberanía diseñada a la medida de los gigantes de Silicon Valley. La iniciativa les garantiza estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica durante treinta años, elimina retenciones y habilita la libre disponibilidad de divisas. También abre la puerta a los arbitrajes internacionales y al CIADI para resolver controversias entre las empresas y el Estado, desplazando esos conflictos fuera de la justicia argentina.
Mientras proliferan los incentivos a los magnates, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó que, “en términos interanuales, la industria acumula una caída en los primeros 6 meses de 2026 de 1,9%. En la comparación con el modelo anterior, presenta un nivel de actividad 8,1% menor”.
