El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), de Patricia Bullrich, estuvo cerrado la semana pasada para impedir que ingresara la interventora que designó el Ministerio de Justicia para revisar si sus papeles están fuera de regla, pero no se tomó vacaciones para facturar. Mientras sus integrantes estaban supuestamente de receso y sin posibilidad de darle la llave a la nueva responsable del lugar, se emitieron tres recibos de aportes por 395.000 pesos. “Me tomaron el pelo y no estaban de vacaciones. Procederé a hacer lo que la ley me permite para tomar posesión del cargo”, dijo la contadora Norma Cristóbal.
El 12 de julio pasado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dispuso la intervención del IEES, una asociación civil que se conformó en 2016 con Bullrich a la cabeza y con gran parte de los profesionales que la acompañaban en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de Mauricio Macri. La intervención fue producto de una denuncia que hizo en abril pasado la Inspección General de Justicia (IGJ), que está a cargo de Ricardo Nissen.
En diciembre del año pasado, la IGJ abrió una investigación sobre el IEES después de que aparecieran distintas publicaciones que informaban que Bullrich estaba haciendo almuerzos con empresarios como forma de recaudar para su campaña presidencial. Tanto El Cronista como Perfil dijeron que la dama de hierro del PRO estaba en la búsqueda de dólares. Leandro Renou reveló que un encuentro culinario con la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio podía costar hasta 600.000 pesos. La IGJ cree que el IEES no es más que una fachada de centro de estudios para financiar las aspiraciones presidenciales de Bullrich y que, por eso, incluso le paga viajes al interior y al exterior.
Después de que Soria la designara como interventora, la contadora Cristóbal envió cartas documento para informar que iba a tomar posesión del cargo. El miércoles, llegó a las oficinas de Avenida de Mayo al 953 pero se encontró que estaba todo cerrado con un cartelito que avisaba que estaban de vacaciones hasta este lunes.
Para entonces, la interventora ya se había registrado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que le permitió acceder a la facturación de la entidad. De esa forma, advirtió que, aunque supuestamente los integrantes del IEES estaban de vacaciones desde el 24 de julio, no habían dejado de emitir recibos. Ese día, hicieron uno por 90.000 pesos y, al día siguiente, efectuaron otros dos: uno por 300.000 pesos y otro por 5.000. Como por la tarde del 25 de julio, ya la administración estaba en manos de Cristóbal, no pudieron seguir con la facturación.
En menos de una semana, la interventora detectó otras irregularidades que le llamaron la atención. Una de ellas abona la teoría de que el IEES está al servicio de construir la imagen de Bullrich. Fue esta entidad, según lo que recabó Cristóbal, la que financió en 2020 la publicación del libro Guerra sin cuartel en el que Bullrich hace un repaso de su gestión como ministra de Seguridad de Cambiemos e incluso se sumerge en las internas con su entonces número dos, Eugenio Burzaco, actual ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, o la construcción de su vínculo con Gerardo Milman. El IEES no aparece mencionado en la publicación, por lo que no tiene ningún beneficio para sí mismo –ni siquiera la publicidad–. Bullrich, además, cobró honorarios por haber dictado seminarios desde el IEES. Este punto ya había sido resaltado por la IGJ cuando pidió la intervención de la asociación civil como una circunstancia irregular y que requería una autorización especial.
Según surge de los registros de la AFIP a los que tuvo acceso la interventora, el IEES no tiene personal en relación de dependencia. Sin embargo, Cristóbal notó que le pagan a una persona por la “coordinación de equipos técnicos”, que parecería ser la fórmula que se usa para mencionar a quienes están a cargo de armar la plataforma de Bullrich en caso de que llegue a la Casa Rosada. La pregunta que se hacen quienes están analizando la situación del IEES es si existe una distribución encubierta de utilidades, algo que está prohibido para una asociación civil, que es una entidad sin fines de lucro.
A priori, los papeles parecen no estar del todo en regla. La interventora encontró, además, una rendición de gastos de marzo de 2019 sobre gastos de librería –algo que es común para centros de estudios– y «desenvolvimiento institucional». Lo curioso es que se justificaban erogaciones con un ticket de una lencería de marzo de 2020. O sea, un gasto tan adelantado que ni siquiera se había hecho para cuando se rindió. Ni hace faltar mencionar su excentricidad en un espacio de formación profesional.
El IEES actualmente no es presidido por Bullrich, sino por Martín Siracusa, a quien la exministra describe en su libro como un «economista brillante» de su partido y que la acompañó en la gestión en la cartera ubicada en Gelly Obes. Siracusa impugnó la intervención ordenada por el Ministerio de Justicia ante los tribunales mientras arremete contra Cristóbal desde redes sociales.
En una presentación hecha por la abogada Silvina Martínez –exfuncionaria de la IGJ y columnista en La Nación Más–, denunciaron que la medida era parte de la persecución a una dirigente opositora. Durante la feria, la Cámara Civil se negó a analizar la situación del Instituto de Bullrich porque no había acreditado la gravedad más allá de la premura de la precandidata presidencial.
