Tras la primera noche de vigilia frente al Palacio de Tribunales, las comunidades que integran el Tercer Malón de la Paz continuaron exigiendo la nulidad de la reforma constitucional aprobada en tiempo exprés por Gerardo Morales, la intervención de la provincia de Jujuy y la sanción de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, los tres objetivos por los iniciaron un periplo de una semana a través de ocho provincias. Mientras en la Justicia nacional y provincial se dilatan los plazos de una respuesta, un grupo de referentes fue recibido en el Congreso por senadores de Unión por la Patria y le entregó una solicitud Cristina Kirchner, en su calidad de presidenta del Senado, para que convoque a una sesión extraordinaria a fin de tratar la «violación sistemática» de derechos que denuncian los pueblos originarios.
Desde temprano, integrantes de las comunidades marcharon en ronda por la Plaza Lavalle con sus carteles. «El pueblo jujeño pide justicia porque no la tenemos, porque nuestros abogados y docentes están presos, por eso llegamos hasta acá, a la Corte Suprema de Justicia», denunció por el megáfono Yuquina, integrante de la comunidad Chucalezna, del departamento de Humahuaca. Aunque esperaban acampar el martes por la noche, luego de la intensa travesía que comenzó el pasado 25 de julio desde la Puna jujeña, la Policía no les permitió armar las carpas, por lo que las vigilias se realizan, por el momento, a la intemperie.
Reunidos en asamblea, los referentes debatieron a lo largo del día las acciones a realizar en esta segunda jornada en la capital. Por la tarde fueron recibidos por senadores del oficialismo, encabezados por Guillermo Snopek. Allí entregaron una nota dirigida a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que solicitaron gestionar “en carácter de urgente” una sesión extraordinaria “para tratar la reforma inconstitucional y las diferentes problemáticas que atravesamos en la provincia de Jujuy, ante la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT”.
En la solicitud aseguraron, además, que continuarán con la “expresión pacífica, vigilia y permanencia” frente a la sede de la Corte Suprema, a la espera de una resolución respecto al pedido de nulidad presentado a principios del mes pasado, por lo que también demandaron baños químicos y una carpa para cubrir las necesidades básicas de las comunidades. En esa línea, requirieron “garantizar nuestra seguridad e integridad física, como así también ‘Declarar de interés legislativo al 3° Malon de la Paz’”.
En tanto, para este jueves fue convocada la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados con el objetivo de debatir el proyecto que establece la creación de una Comisión Investigadora sobre la reforma constitucional jujeña y otro que prevé la conformación de otra comisión sobre Pueblos Indígenas con competencia en los temas referidos a la promoción de sus derechos, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. La reunión de la comisión presidida por la diputada Paula Penacca buscará dilucidar, entre otras cuestiones, «si desde la convocatoria a elecciones constituyentes en el distrito de Jujuy se respetaron y garantizaron desde el Estado provincial los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás leyes nacionales relacionadas» y si hubo «ausencia por parte de la convención constituyente de consulta a comunidades de pueblos originarios durante su convocatoria y desarrollo».
Una batalla cuesta arriba ante la Corte
La nulidad de la reforma que llevó adelante Morales en apenas 20 días y en el marco de una brutal represión es la principal demanda que sostiene el Malón. Es una batalla judicial que se libra, principalmente, en dos frentes: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la provincial.
Los jueces del Máximo Tribunal nacional deben resolver acerca de la presunta inconstitucionalidad de tres artículos de la reforma -67 inciso 4, 94 y 95-, a raíz de una presentación que realizó la Casa Rosada, en el marco de fuertes cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos nacionales e internacionales. A principios del mes pasado, la Corte pidió dictamen al procurador general interino, Eduardo Casal, y desde entonces la causa no ha tenido novedades. Fue ante estas dilaciones, y la profundización de la represión y el hostigamiento que lleva adelante el mandatario jujeño, que las comunidades originarias iniciaron la vigilia frente a los Tribunales porteños, exigiendo una pronta respuesta.
En la Justicia local, por su parte, más de 60 comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales presentaron una acción de inconstitucionalidad de la nueva Carta Magna y de la ley 6302 que declaró la necesidad de iniciar tal reforma. También solicitaron una medida cautelar para suspender su aplicación hasta que la Corte se expida. Una vez más, el poder judicial actuó con una celeridad selectiva: todavía no resolvió la inconstitucionalidad de la reforma, pero ya rechazó la cautelar que hubiese frenado el cuestionado accionar de Morales. Las comunidades y organizaciones decidieron, entonces, recurrir la decisión de la Justicia provincial, que entre otras irregularidades, fue dictada por un único juez, cuando debió ser un Tribunal en pleno quien definiera.
