Por orden de la Sala I de la Cámara Federal porteña, la jueza María Eugenia Capuchetti deberá mandar a secuestrar todos los celulares del diputado del PRO Gerardo Milman, algo que nunca quiso hacer. Es parte de las medidas largamente dilatadas en el expediente sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el 1º de septiembre de 2022. Hasta ahora la jueza sólo había dispuesto -también bajo indicación de tribunales superiores- extraer la información de un único teléfono que el legislador entregó como supuesto gesto de colaboración. Pero es un modelo iPhone 14 Pro Max, que salió al mercado después del atentado y dos fuerzas de seguridad avisaron que no tienen la tecnología necesaria para abrirlo. Para obtener y analizar el resto de los aparatos hará falta una nueva aprobación de la Cámara de Diputados.

El pedido del fiscal Carlos Rívolo para analizar los dispositivos se remonta al mes de mayo. La «pista Milman», que intenta establecer si el exjefe de campaña de Patricia Bullrich tuvo alguna clase de vinculación con el atentado, data del 23 de septiembre del año pasado, cuando un testigo -Jorge Abello, asesor del bloque oficialista en Diputados- declaró que lo había escuchado decir en un bar, a metros del Congreso, dos días del ataque, la frase «cuando la maten yo estoy camino a la costa». Milman estaba con dos asesoras, cuyos teléfonos Capuchetti también se resistió a analizar, hasta que llegó la orden de la Cámara un mes más tarde: una de las mujeres dijo que el contenido había sido borrado, la otra que tenía un celular nuevo. Del primero, de Ivana Bohdziewicz, algo se rescató, como un chat donde les decía a sus compañeras «borren todo», un día antes del diálogo en el bar Casablaca. Del segundo, de Carolina Gómez Mónaco, no hay nada. Tenía dos celulares. Uno era igual al iPhone de su jefe, y no se pudo analizar.

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«Es la sexta revocatoria de negativas de la jueza a producir prueba en la investigación por el atentado a CFK. Las revisiones de decisiones sobre prueba sólo se dan ante graves arbitrariedades», planteó Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella de la vicepresidenta. Hace tiempo que cuestionan la actuación de Capuchetti y la recusaron dos veces, tanto por no impulsar medidas clave como por su relación laboral con el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. No lograron apartarla. Como es evidente, toda demora en una investigación conspira contra el descubrimiento de la verdad al facilitar la pérdida de pruebas.

La nueva resolución

El último rechazo a secuestrar los celulares de Milman lo había firmado el juez Julián Ercolini, en ausencia de Capuchetti. Sostuvo que la autorización que había dado la Cámara de Diputados para un teléfono -que para colmo no se puede abrir sin la clave del dueño- no servía para allanar la casa del legislador ni avanzar con otras medidas. El reclamo de Rívolo se debía a que un informe de las empresas prestatarias de telefonía revelaba que habría usado otros aparatos en el lapso investigado. Esto confirmaba lo que había informado el abogado defensor, Manuel Barros: que Milman tenía por lo menos dos líneas más activas y otra que podría estar sin uso. Tanto el fiscal como la querella apelaron. En la audiencia ante la Cámara Federal, Aldazabal habló de la «gravedad de la actitud de Milman» y la consideró «una maniobra dilatoria».

En los fundamentos, el camarista Pablo Bertuzzi dijo que si bien no es la regla revisar «diligencias probatorias» hay una excepción cuando se trata de medidas que, en caso de no producirse, podrían provocar un perjuicio irreversible o una arbitrariedad. Esto, sostuvo, aplicaría a los celulares de Milman. Avaló el pedido de la querella y la fiscalía precisamente porque en el informe de las prestatarias aparecían otro teléfono y otras líneas. Insistió con algo ya señalado por la Cámara, «la gravedad que tiene el hecho objeto de investigación». Por eso, añadió, «no deben restringirse las diligencias que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa».

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Leopoldo Bruglia adhirió a los argumentos y agregó que secuestrar otros celulares es una ampliación de la orden de análisis del que Milman ya entregó. Explicó que se plantea un «contexto excepcional» y que frenar estas pruebas sería «frustrar los fines del proceso penal impidiendo un avance en la averiguación de la verdad, poniendo en riesgo la obtención de pruebas dirimentes». Junto con eso señaló que una razón adicional para avanzar «se enmarca en el hecho que el aparato celular aportado por el señor Milman haría estado disponible a la venta con posterioridad a la fecha del atentado (…) no puede descartarse la posible existencia de parámetros técnicos que permitan obtener información borrada o modificada en el aparato original». A lo mismo hizo referencia Mariano Llorens: dijo que no descartaba que «el accionar» de Milman «pueda constituir un riesgo procesal». Aún así rechazó secuestrar los dispositivos.

Las sospechas sobre Milman tienen distintas aristas. El puntapié fue la declaración de Abello y la corroboración de que el diputado había estado en el bar en cuestión con las dos asesoras y que, en efecto, el 31 de septiembre se fue a Pinamar. Tampoco se pueden perder de vista una serie de proyectos que presentó en Diputados antes y después del atentado, donde pedía información sobre la custodia de CFK y anticipaba un atentado que de antemano pintaba como un supuesto armado cuando tramitaba el juicio de «Vialidad», donde terminó condenada. Rívolo, finalmente, pidió sus teléfonos tras la declaración de Bohdziewicz de mayo último, donde contó que su compañera Gómez Mónaco la había llevado a oficinas de Bullrich, donde la esperaban Milman y un perito que se ocupó de borrar el contenido de su aparato y «manipuló» el de su exjefe. A Gómez Mónaco, contó, la mandaron a comprar un iPhone nuevo, con clave modificada.

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Mientras esta pista política sigue sin resolución, los acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta propiamente dicho (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo) fueron enviados a juicio oral, como si fueran tres locos sueltos. Capuchetti, sin profundizar, no sólo descartó una injerencia política -aunque se quedó con la pesquisa sobre Milman- sino un financiamiento.

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