Era la presencia más esperada desde que comenzó el juicio político a la Corte Suprema: Silvio Robles, el misterioso vocero de Horacio Rosatti, el protagonista de los chats filtrados de Marcelo D’Alessandro que motivaron la investigación por mal desempeño a los jueces, mostró la cara en la Cámara de Diputados. Durante las cinco horas que lo tuvieron en la comisión, sin embargo, Robles casi no abrió la boca. Más allá de un descargo inicial, se negó sistemáticamente a responder ninguna pregunta. En modo automático, se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional sobre el derecho a no autoincriminarse o en el reglamento del Poder Judicial. El tono monocorde, la reticencia a responder hasta la más simple de las preguntas – como, por ejemplo, su función en la Corte -, terminó caldeando lo ánimos. Los insultos y los gritos fuera de micrófono se terminaron convirtiendo en una constante, pero Robles, impertérrito, no modificó nunca ni un ápice el gesto grave y los brazos cruzados. «La Corte es tan oscura como su presencia», llegó a recriminarle un diputado del oficialismo.
Silvio Robles había sido convocado a comparecer para dar explicaciones en el marco de la causal por el fallo de coparticipación que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su relación con el ex funcionario porteño Marcelo D’Alessandro era el eje que guiaba la hipótesis del Frente de Todos, según la cual la acordada de la Corte Suprema que incrementó la coparticipación porteña había sido negociada con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Habían sido citados tanto Robles como D’Alessandro: el ex ministro de Seguridad porteño ya había anticipado la noche anterior que por «cuestiones personales» no podría asistir y pedía reprogramar, pero Robles era una incógnita que no se resolvió hasta minutos antes del comienzo de la comisión.
«Desde la creación de esta comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de algunos hechos. Esos diputados han intentado construir historia base de calumnias o fantasías», arrancó exponiendo Robles, quien pidió comenzar su exposición leyendo una carta. Diría más en esos cinco minutos de lectura que en las cinco horas restantes. «Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la Justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dado como ciertos ilegítimos chats cuya veracidad debe ser discutida judicialmente», se quejó, en un tono victimista que sostendría a lo largo de todo el día. «Todo esto para atacar y presiona a un ministro de la Corta Suprema», cuestionó, haciendo referencia a su jefe, Horacio Rosatti, a quien había dicho antes que admiraba «por su honestidad, su carácter y su integridad de principios».
Al finalizar la carta, hizo la advertencia: no respondería ninguna de las «acusaciones falsas» de los diputados o las preguntas que pudieran incriminarlo en causas judiciales que tuviera en su contra. Las causas que involucraban a Robles, todas vinculadas a los chats filtrados, habían sido, en realidad, archivadas, y esto motorizó gran parte del debate – a los gritos – entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ya que la oposición defendía que el derecho a no declarar contra sí mismo se sostenía aunque la causa no estuviera más vigente. «Que miedo tienen», ironizó Leopoldo Moreau, por fuera del micrófono.
A partir de entonces, fueron más de cinco horas de preguntas que no observaron respuesta. «¿Se comunica con otras secretarías para transmitir directivas?», le consultaba Moreau. «No manejo temas jurisdiccionales», le respondía Robles. «¿Usted conoce a Marcelo D’Alessandro?», insistía el diputado kirchnerista. «En esta comisión fui acusado de supuestos contactos y reuniones, y en atención a eso no voy a responder la pregunta en virtud artículo 18», contestaría Robles, en uno de los hits que repetiría frente a la mayoría de las preguntas que le haría Moreau (quien sostuvo el interminable interrogatorio durante horas): si había asistido al cumpleaños del fiscal Juan Bautista Mahiques; si era cierta la denuncia de Héctor Marchi que había impedido la circulación de uno de los informes que revelaba irregularidades en la Obras Social del Poder Judicial; si se había reunido, en 2017, con José Torello y Fabián «Pepín» Rodríguez Simón para negociar que saliera el fallo del 2×1 a los genocidas. Las respuestas, indistintamente, eran siempre las mismas.
«Es reticente presidente, está recontra mintiendo», gritó furioso, en más de una ocasión, Rodolfo Tailhade, que se removía en la silla cada vez que Robles invocaba el artículo 18. Ahí empezaban los alaridos, con JxC cuestionando que estaban hostigando al testigo. «¿Qué te pasa? Un minuto me durás», lo desafío, en un momento, Tailhade al radical Francisco Monti.
Robles, cuando no se atenía al artículo 18 de la Constitución o al reglamento interno del Poder Judicial para no responder preguntas, se victimizaba. «Las conversaciones que tomaron estado público transmiten un hecho de muchísima gravedad, ¿en la Corte se inició algún tipo de investigación?», inquirió, en un momento, Mara Brawer. «La pregunta engloba una acusación, yo vengo como testigo. La diputada me acaba de tratar como un acusado», se quejó, mientras se escuchaban los suspiros de incredulidad del oficialismo. Unos minutos más tarde, cuando Moreau le preguntó por qué en febrero se había eliminado el grupo de chats que tenían en la Vocalía de Rosatti, Robles llegó a encadenar tres no-respuestas en una sola oración: «Primero no me acuerdo, segundo las cuestiones referentes al Tribunal me hacen guardar reserva y, además, me abstengo al artículo 18».
«Nos está tomando el pelo, es un mentiroso compulsivo este señor», exclamó, sin poder contenerse, Tailhade nuevamente. «El señor diputado me acaba de faltar el respeto», se quejó Robles, llevando a una nueva tanda de gritos entre oficialismo y oposición. «El sueldo se lo paga el pueblo argentino al Sr Silvio Robles. No Horacio Rosatti. Es una falta de respeto al funcionamiento de otro poder del Estado», declaró, más formal y tomando la palabra, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez. El momento más álgido de la reunión, sin embargo, se dio cuando tomó la palabra el diputado chaqueño, Juan Manuel Pedrini y le dijo a Robles que «es tan oscura la Corte como su presencia». «Andá a resolver Chaco, no jodamos», le gritó, fuera del micrófono, Juan Manuel López (Coalición Cívica).
Los números de coparticipación
El oficialismo había dejado el plato fuerte para el final, pero horas antes de la aparición de Silvio Robles habían declarado también dos testigos: el contador Alejandro Otero y el secretario de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez. Otero, en tanto contador de la AFIP, había sido citado para referirse a uno de los puntos técnicos más cuestionados en torno al fallo de coparticipación: la decisión de solventar la transferencia de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires a través de un incremento de la coparticipación y la razón de ser detrás de esos números (Mauricio Macri lo había triplicado, Alberto Fernández lo había bajado a 2,3 y, después la acordada de la Corte obligó a la Nación a incrementarlo a 2,95 por ciento). «La transferencia de servicios debería solventarse vía transferencia presupuestaria», indicó, explicando que si bien los fondos habían salido de los recursos de coparticipación que le corresponden a la Nación y no a las provincias «cuando una porción es cedida a la Ciudad de Buenos Aires quedan menos recursos para que la Nación gaste en erogaciones que tiene impacto en el resto de las provincias».
