El futuro gobierno de Javier Milei podría recibir un presente griego de la Corte Suprema, que quedó en condiciones de avanzar con la ejecución de la medida que dictó en diciembre de 2022 a favor del gobierno porteño en la disputa por los fondos coparticipables, aunque también debe definir los argumentos constitucionales. Este escenario se abre ya que los supremos rechazaron las recusaciones presentadas por el Estado Nacional para que se aparten del expediente. Uno de los argumentos principales contra los jueces señalaba que habían anticipado su opinión a través de la cautelar que avanzó en fijar un porcentaje de 2,95 de fondos que la Nación debía entregar a la Ciudad de Buenos Aires. Otro eje ponía en cuestión las conversaciones que el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, habría recomendado estrategias judiciales para el caso al exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, lo que originó causas penales y parte de los pedidos de juicio político al tribunal.
Tres años de pelea
La medida cautelar que la Corte dictó hace casi un año respondía a un reclamo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contra un decreto de Alberto Fernández que en septiembre de 2020 redujo del 3,5 por ciento al 2,3 por ciento los fondos coparticipables con el objetivo de financiar aumentos para la policía bonaerense. Una segundo planteo cuestionó la ley que 27.606 que tiempo después convalidó aquel recorte. Durante su presidencia Mauricio Macri había decidido triplicar el 1,4 por ciento que originalmente estaba establecido. En teoría era para solventar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, aunque no lo fundamentó de entrada. Los abogados del Estado Nacional (del Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro) mostraron en audiencias en la Corte que no había gastos que justificaran el 3,5 por ciento establecido. Los cortesanos, al frenar la aplicación de la ley, fijaron un 2,95, que no explicaron como calcularon.
El gobierno nacional intentó sin suerte que la propia Corte revocara el fallo. Tuvo el apoyo de una mayoría de gobernadores que consideraron que estaba en peligro el federalismo y que se presentaron ante el tribunal, que no los escuchó pese a que la resolución mencionaba que las provincias no se veían afectadas. La posición de los gobernadores empujó la inclusión de este tema como una de las causales de pedido de juicio político contra las miembros del alto tribunal. El gobierno porteño reclamó la ejecución de la cautelar con el embargo de cuentas públicas, y podría volver a hacerlo. En esto podría avanzar la Corte, o incluso más. Desde la Ciudad dicen que les adeudan 220.000 millones de pesos más intereses.
Argumentos
El rechazo a los pedidos de apartamiento fue firmado por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Dijeron, entre otras cosas, «que las recusaciones contra los integrantes del tribunal que resultan manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano, y tal carácter revisten las que carecen de todo sustento por no encuadrar en las causales previstas» en el Código Procesal. El trío supremo justificó por qué resuelven ellos mismos sobre las objeciones en su contra. «Los ministros de la Corte no deben ser reemplazados por conjueces para resolver la admisibilidad de la recusación, puesto que por esa vía se vendría a establecer un procedimiento de revisión de sus sentencia que echaría por tierra el carácter de tribunal supremo y final de la Corte Suprema en ejercicio de la jurisdicción federal….»
El fallo contra las recusaciones agrega que es «manifiestamente inadmisible» señalar un prejuzgamiento atribuido «a la opinión que el tribunal se haya visto en la necesidad de emitir acerca de los puntos relacionados con la materia controvertida». Es más, dicen que en medidas cautelares el tribunal «puede expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada». Agregan que tampoco se puede recusar en base al juicio político en su contra y, en particular, en lo que atañe mensajes entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el exministro D’Alessandro con el argumento de que habrían comprometido su imparcialidad, también es «manifiestamente improcedente». Mencionan que más allá de que los mensajes sean verdaderos o falsos (una discusión que planteó en su momento la oposición e incluso el exfuncionario) «no se atribuyen al magistrados sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado».
Este último punto es probable que explique por qué Ricardo Lorenzetti no firmó el rechazo a las recusaciones. El supremo había cuestionado al vocero de Rosatti e incluso pedido un sumario administrativo. En la vereda contraria, en Comodoro Py, el juez Sebastián Ramos, en base a un dictamen del fiscal Carlos Stornelli había archivado una causa contra Robles y D’Alessandro con el argumento de que no se pueden admitir pruebas o testimonios (en ese caso los chats surgidos del celular del exministro) «que hayan sido obtenidos mediante maniobras organizadas de inteligencia ilegal». Para Ramos no importaba si el contenido era cierto sino el presunto origen.
El beneficiario de una próxima medida de la Corte sería el nuevo gobierno porteño que encabezará Jorge Macri y quien se verá en problemas es el de Milei. Habrá que ver con qué cambios intenta avanzar en relación a los recursos de las provincias, a las que trasladaría la responsabilidad sobre su recaudación y sus gastos. No es la primera vez que el alto tribunal le deja a una nueva administración un fallo sobre coparticipación que lo lleva a tener que pagar sumas millonarias. Ocurrió a fines de 2015, ante la llegada del gobierno de Mauricio Macri cuando (con los votos de Lorenzetti, Maqueda y Carlos Fayt ) declaró inconstitucional la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que el gobierno nacional les quitaba a las provincias para financiar a la ANSES por un acuerdo federal del año 1992. La devolución de millones de pesos para Santa Fe, San Luis y Córdoba era por lo descontado desde 2006. Luego la implementación de la devolución llevó años.
