Acosado por múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Dina Boluarte ha respondido tomando represalias contra quienes denuncian los crímenes de la represión. Ha prohibido el ingreso al Perú de los miembros de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, la que ha publicado y entregado a gobiernos e instancias internacionales un informe en el que se califica como “crímenes de lesa humanidad” las acciones represivas del gobierno. Una decisión que confirma el autoritarismo de un gobierno rechazado por más del 70 por ciento de los peruanos y que se sostiene en la represión y el respaldo de la derecha y la ultraderecha parlamentaria, económica y mediática. La prohibición incluye a los 16 miembros de esta misión -entre ellos dos diputados nacionales- que en febrero estuvieron en el Perú para recoger las denuncias de los excesos represivos y se entrevistaron con las víctimas, familiares de los fallecidos y dirigentes sociales.
El informe
El informe que ha desatado la ira de la derecha y del gobierno, al punto de prohibirle a sus autores regresar al Perú, acusa al régimen de Boluarte de ser responsable de una violación “sistemática y generalizada” de los derechos humanos. Se denuncian un uso excesivo, ilegal y letal de la fuerza y “una campaña sistemática y sostenida” desde el régimen y medios de comunicación de “discriminación y denigración racial contra los pueblos originarios y campesinos”, los que tienen un rol central en las protestas antigubernamentales, así como una práctica de acusaciones judiciales arbitrarias por terrorismo contra manifestantes y dirigentes sociales. Se indica que el Estado peruano debe ser investigado por “los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas”.
Este documento ha sido entregado al Gobierno y al Congreso de Argentina, a presidentes como Lula de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Informes de Amnistía Internacional, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, entre otros, condenan en términos similares la represión del régimen derechista de Boluarte.
La represión ha dejado 49 pobladores muertos por disparos de las fuerzas de seguridad y alrededor de mil heridos. Numerosos testimonios, resultados de las necropsias y en muchos casos videos, confirman que policías y militares han disparado con fusiles de guerra contra manifestantes y contra pobladores que no participaban en las protestas, incluso contra quienes estaban ayudando a los heridos. No hay nadie detenido por estos hechos. El gobierno y sus aliados de la mayoría parlamentaria y de los medios hegemónicos, han respaldado, e incluso felicitado, a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población. El total de fallecidos registrados oficialmente son 67. La mayor parte de las víctimas son pobladores andinos de origen indígena.
La delegación
“Vamos a proceder para que estas masacres sean llevadas a la justicia internacional como delitos de lesa humanidad. No son casos aislados, individuales, sino que es el Estado reprimiendo a su propia población con armas de guerra de forma sistemática, persiguiendo grupos discriminados por su pertenencia de clase y étnica. Esta prohibición de ingresar al Perú es una represalia por nuestro informe y su repercusión internacional. En los próximos meses íbamos a requerir volver al Perú para hacer el seguimiento de los casos, no poder hacerlo complica el trabajo de visibilización de las violaciones a los derechos humanos y de defensa de las víctimas de las masacres. Esto no nos ha sucedido en ninguno de los otros países en los que hemos estado, es una medida que demuestra que en el Perú no hay un estado de derecho”, declaró Gonzalo Armua, uno de los coordinadores de esta misión de derechos humanos, que está en la lista de impedidos de viajar al Perú.
Los diputados nacionales a los que se les ha prohibido ingresar al Perú son Federico Fagioli y Juan Marino, del Frente de Todos. En la Cámara de Diputados se vienen coordinando acciones de solidaridad con el pueblo peruano víctima de la represión. El informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos fue presentado el 13 de marzo en un salón del Congreso argentino. Consultado por Página 12 sobre la decisión del gobierno peruano de impedirles el ingreso al país, el diputado Fagioli respondió: “Diría que nos sorprende, pero después de lo que vivimos en el Perú cuando fuimos con la Misión, puedo decir que esto era de esperar”. Calificó esa decisión como una medida acorde a las acciones que está desarrollando el Estado peruano. “El gobierno golpista de Dina Boluarte mediante la oficina de Migraciones quiere con esta medida tapar todas las atrocidades que están llevando adelante, la represión, la violencia, la violación a los derechos humanos. Eso es lo que quieren esconder debajo de la alfombra. En el informe que elaboramos desde la Misión constatamos que en Perú hay crímenes de lesa humanidad, persecución, violaciones de todo tipo. Un país en el que sus ciudadanos son asesinados con armas letales, armas de guerra, por reclamar sus derechos, es un país en el que no hay democracia”, señaló el diputado del Frente de Todos.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos calificó la decisión de prohibirle a sus miembros ingresar al Perú como “una persecución política” y “un intento más para ocultar los delitos que el gobierno golpista de Perú comete y un elemento de coerción para frenar la investigaciones internacionales y la valoración del Informe Final de la Misión como prueba contundente”. Recuerda en su comunicado que para llegar a la conclusión de calificar como “crímenes de lesa humanidad” las acciones represivas en Perú, recabaron “centenares de denuncias y pruebas de los crímenes cometidos por el gobierno de Dina Boluarte”. Solicita a las autoridades peruanas que “se levante inmediatamente la medida persecutoria que afecta a 16 integrantes de la Misión, ya que resulta disciplinadora e intenta aislar aún más al pueblo peruano que resiste el ataque a las libertades públicas y derechos fundamentales”.
En una declaración, el abogado Juan Grabois, integrante de esta misión que estuvo en Perú, señaló que “es un orgullo que la dictadura proceda con actitudes dictatoriales porque desnuda su verdadera naturaleza. Estoy seguro que más temprano que tarde volveré a abrazarme con mis hermanos del pueblo peruano”. Al presentar el informe sobre los derechos humanos en Perú, Grabois calificó al gobierno de Boluarte como “autoritario, ilegítimo y asesino”. “Ningún gobierno se puede sostener con esta cantidad de muertos”, sostuvo.
Migraciones
Las autoridades de Migraciones, oficina que depende del Ministerio del Interior, tomaron la decisión de prohibirle el ingreso al Perú a los miembros de la misión argentina de derechos humanos recogiendo un pedido de la congresista Patricia Chirinos, del partido ultraconservador Avanza País. Migraciones señala que los activistas argentinos de derechos humanos representan “un peligro para la seguridad nacional”. Chirinos forma parte de la coalición golpista de extrema de derecha que desde el primer día del gobierno de Castillo conspiró para destituirlo y ahora integra la coalición autoritaria que gobierna con Boluarte. Una de las voces más estridentes y radicales de esa coalición de ultraderecha, Chirinos celebró eufórica la decisión de Migraciones. Lo hizo a los gritos en una reunión en Lima esta semana del ultraderechista Foro de Madrid, promovido por los neofascistas de Vox. Aliados del gobierno participaron activamente en esta reunión, que tuvo una importante y complaciente difusión mediática. “No podrán entrar nunca más a nuestro país”, dijo Chirinos alzando la voz, en referencia a los defensores argentinos de los derechos humanos, durante su presentación en este foro. El auditorio de la ultraderecha internacional la aplaudió entusiasmado. Los afectados por esta prohibición de ingresar al Perú evalúan entablar una demanda contra la congresista Chirinos.
Al tiempo que se decidía impedir el ingreso al país de defensores de los derechos humanos, se recibía por todo lo alto a la ultraderecha internacional del Foro de Madrid. La coincidencia no parece casual. Como parte de la profundización del autoritarismo, hace unos días se intentó impedir la presentación de un informe de Amnistía Internacional que denuncia “el uso ilegal de armas letales” contra manifestantes, y se clausuró el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), un espacio de memoria sobre las violaciones a los derechos humanos.
