En el arranque del año hubo gestiones de Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, y de José Luis Lingeri, el principal referente en la problemática de las obras sociales, para agilizar cobros. Como resultado de esas tratativas el Estado giró una primera partida de $ 4 mil millones que, aclararon en la central, forman parte de los pagos negociados para este año. En el Presupuesto 2023 el Gobierno incluyó en el capítulo referido a “Obligaciones del Tesoro”, dentro de la Jurisdicción 91, una partida por 148 mil millones de pesos “para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado” así como la atención de “obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales”.
Ayer en CGT dijeron que ese monto total se estiró “en el renglón 95” a 184 mil millones de pesos. Cuando Ámbito consultó por las partidas comprometidas a las obras sociales sindicales en el equipo económico dijeron que no sería más de 110 mil millones el monto puesto a resguardo para cubrir agujeros financieros provocados por los servicios de educación y transporte a los discapacitados, dos ítems que en los últimos años pasaron a consumir más de la mitad del FSR.
A los $ 4 mil millones de pesos distribuidos en enero la central obrera espera sumarles otros 6 mil millones de pesos en los próximos días. Los dirigentes suponen que la definición de ese segundo desembolso fue una de las razones para que Massa suspendiera una reunión que tenía previsto para hoy con el Consejo Directivo de la CGT y la reprogramase para el 23 de febrero. En el equipo económico dijeron que también el ministro prepara el anuncio de ampliación de las asignaciones familiares a 900 mil hijos e hijas de trabajadores que no las perciben por haber superado el tope establecido por la ANSES para estos beneficios.