“Que la inocencia te valga”, podría haber pensado el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, cuando el Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal. La norma, impulsada por la Casa Rosada, terminó ofreciéndole un beneficio concreto: la posibilidad de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias y poder evadir una serie de controles patrimoniales que, al parecer, incomodaban al mundo libertario. El caso de Vázquez es paradigmático, pero no el único. Integra una extensa lista de funcionarios que se incorporaron al nuevo esquema tributario. En los primeros lugares aparecen el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, quienes realizaron el trámite en medio de las denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión de Adorni expuso a otros miembros del oficialismo: desde el ministro Federico Sturzenegger hasta el exdiputado José Luis Espert y el realizador audiovisual de la Casa Rosada, Santiago Oría.
El argumento que utilizó el Gobierno para impulsar el nuevo esquema tributario era que promovería el ingreso de dólares “guardados en el colchón”. La medida, sin embargo, no movió el amperímetro de la economía, pero sí benefició a los integrantes del Gobierno. En términos concretos, antes de que entrara en vigencia la ley de Inocencia Fiscal, en febrero pasado, la ARCA no sólo analizaba los gastos del contribuyente, sino también ahondaba en la evolución patrimonial: la adquisición de propiedades y automóviles, por ejemplo. Comparaba los ingresos de una persona y las operaciones que había realizado. Por eso, el contribuyente debía aportar una gran cantidad de datos para justificar sus movimientos. A partir de la reforma que promovió Javier Milei, se eliminaron controles que apuntaban a encontrar inconsistencias en el incremento patrimonial y se puso el foco en los ingresos declarados y los gastos deducibles. “Es un tapón fiscal”, lo definen los especialistas. En los hechos, el nuevo régimen limita la revisión de declaraciones anteriores –para esquivar sanciones tributarias– y habilita la incorporación al circuito formal de dólares que hasta entonces permanecían fuera del sistema. “Probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”, celebró Adorni en aquel entonces.
A ese esquema se incorporaron decenas funcionarios vinculados al oficialismo, entre ellos el propio Andrés Vázquez. En su caso, las controversias alrededor de su patrimonio no son nuevas. El titular de la ARCA acumula antecedentes por omisiones relevantes en sus declaraciones juradas. Probablemente por distraído, se olvidó de informar ante la Oficina Anticorrupción tres propiedades adquiridas en Miami por dos millones de dólares y sociedades offshore radicadas en Panamá. A todo eso se le suman denuncias sobre presuntas maniobras contables destinadas a disimular movimientos de fondos a través de una firma argentina llamada Consultora San Andrés.
Adorni y Angeletti, por su parte, adhirieron al régimen antes de que el vocero presidencial presentara su declaración jurada. La decisión podría beneficiarlo desde el punto de vista tributario, porque limita las sanciones por evasión fiscal, aunque no elimina las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Aimé “Meme” Vázquez, su jefa de asesores, también se incorporó a este esquema.
En la nómina violeta aparece asimismo Federico Sturzenegger, quien formalizó su adhesión el 7 de mayo. A pesar de su cargo, el ministro sostiene que es “un contribuyente más” entre los 80.000 inscriptos, que cumple con todos los requisitos previstos por la normativa y que utilizará el mecanismo únicamente para simplificar la presentación del impuesto a las Ganancias. En la mira aparece, además, Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía. El director del BICE es recordado por ser parte de la nómina de beneficiarios de los créditos del Banco Nación. Su nombre trascendió porque recibió un préstamo por 373 millones de pesos.
El nuevo régimen también recibió con los brazos abierto a José Luis Espert, quien formalizó su adhesión el 9 de junio. Cabe recordar que el economista debió abandonar su candidatura en 2025 y posteriormente renunciar a su banca como diputado luego de que salieran a la luz sus vínculos con Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico. A la lista se incorporó igualmente el senador oficialista Joaquín Benegas Lynch, que acompañó con su voto la aprobación de la ley.
La nómina de adherentes se extiende más allá de los miembros del Gabinete. En abril solicitaron incorporarse el documentalista de la Casa Rosada, Santiago Oría, y el ex CEO de Syngenta, exfuncionario nacional y actual conductor de la TV Pública, Antonio Aracre. La red alcanza además al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo: aparece Manuel Vidal, uno de sus hombres más cercanos.
A la luz de los hechos, queda en evidencia que la ley fue diseñada a medida de los funcionarios. No es casualidad que Juan Pazo, extitular del ARCA y uno de los promotores de la iniciativa, figure también entre sus beneficiarios. Hecha la ley, hecha la casta.
