El Anexo del Senado de la Nación se convirtió el pasado martes en un territorio de urgencia. El título del conversatorio no era azaroso: “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia”. La consigna funcionó como un escudo colectivo frente a un proyecto de ley, encabezado por la diputada Carina Losada, que ya tiene dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y espera agazapado su turno en el recinto. La propuesta busca reformar el Código Penal para aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” en causas vinculadas a: violencia de género, delitos sexuales, niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, para las organizaciones que colmaron el salón, el nombre técnico es otro: una herramienta de disciplinamiento político.
Ileana Arduino: “Es una pedagogía de la crueldad”
Uno de los testimonios más técnicos y políticos de la jornada fue el de Ileana Arduino, abogada feminista y referente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Arduino desmenuzó la arquitectura jurídica del proyecto, señalando que no se trata de un error técnico, sino de una decisión consciente de obstruir el acceso a la justicia.
“Estamos ante un proyecto que utiliza el derecho penal no para resolver conflictos, sino para disciplinar”, advirtió Arduino. La especialista puso el foco en cómo este agravamiento de penas funciona como una “extorsión procesal” para las víctimas: “Lo que este proyecto busca es que, ante la duda o la falta de recursos para litigar en un sistema que ya de por sí es hostil, las mujeres y las infancias opten por el silencio para evitar ser ellas las criminalizadas. Es una pedagogía de la crueldad que pretende que la denunciante sea investigada antes que el agresor».
Arduino también denunció que el proyecto atenta contra la libertad de expresión y el trabajo de las redes de acompañamiento. «Se busca cercar la posibilidad de que lo que ocurre en el ámbito privado pueda ser nombrado en lo público. Es un blindaje para los abusadores bajo el disfraz de una supuesta ‘búsqueda de la verdad’ que no tiene respaldo en los números de nuestras fiscalías».
Construir un problema para fabricar impunidad
En esa misma línea, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, señaló la falsedad ideológica detrás de la iniciativa. “Lo falso es el problema que quieren construir. Las falsas denuncias no son un problema en la Argentina, es un problema en muchos casos la falta de denuncias», sentenció, mientras entregaba al senador Carlos Linares una declaración respaldada por siete provincias y más de 1.700 firmas del activismo y la academia.
Y agregó: “Instalar a las falsas denuncias como problema, aun cuando ya tienen sanción, obedece a una perspectiva política que es afín a lo que viene instalando el Gobierno Nacional desde la presidencia de Milei que plantea que la violencia por razones de género no existe. Y por lo tanto es afín a poner en cuestión a las personas que denuncian.”
Para Díaz, el proyecto obedece a una narrativa oficial que niega la violencia de género: “Quieren generar un bozal mediático y perseguir a quienes denuncian y a quienes acompañan profesionalmente. Es un camino de construcción de impunidad para la violencia machista”.
El miedo como frontera
Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), aportó la frialdad de los datos: sólo una de cada cuatro mujeres en situación de violencia busca ayuda, y en casos de abuso sexual en la infancia, más del 88% de los hechos ni siquiera llegan a la justicia.
“La Argentina avanza cuando resuelve los problemas, no cuando genera miedo”, sostuvo Gherardi. “¿Cuál es la alternativa para una madre cuando un profesional de salud le advierte sobre un abuso? Si la Justicia amenaza con la cárcel, si la prueba no alcanza, el mensaje es que te quedes callada“.
Gherardi también marcó la contradicción con la Ley Lucio, que obliga a denunciar cualquier indicio de violencia. “¿En qué quedamos? ¿Tienen que denunciar o tienen que protegerse de ser perseguidos penalmente por falsa denuncia? Ningún problema complejo se resuelve con soluciones sencillas como reformar el Código Penal ni agravando penas.”
La doble vara y el odio de género
María Elena Nadeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), le puso nombre al motor del proyecto: el odio. “Hay un odio social y de género hacia quienes denuncian. Esta ley no resiste un control de convencionalidad e ignora el tratado de la CEDAW y la convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género».
Nadeo desarmó la falacia que equipara la “falta de prueba” con la “mentira”. Recordó que estos delitos ocurren en el silencio del hogar y que la Justicia suele ser el segundo calvario. “Confundir la falta de celeridad judicial con una denuncia falsa es malintencionado. Tuvieron que morir Alicia Muñiz o Chiara Páez para que estos temas salieran de la esfera privada. Hoy nos proponen volver a ese silencio”.
En el conversatorio se escuchó una certeza compartida: el proyecto no busca “justicia”, sino indefensión. Frente a una política que busca borrar la perspectiva de género, el feminismo dejó claro que el derecho a la voz es, ante todo, un derecho humano que no se negocia.
La construcción del silencio
El rechazo unánime de las organizaciones no se basa únicamente en una defensa de principios, sino en la contundencia de los datos que el oficialismo elige ignorar. A nivel global, las estadísticas de organismos como ONU Mujeres demuestran que las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos, una cifra marginal que en Argentina suele estar vinculada a delitos económicos y no a situaciones de violencia de género o abuso sexual. Al no existir una evidencia empírica que sustente la necesidad de esta reforma, la iniciativa queda al descubierto como un posicionamiento ideológico que busca desplazar el foco de la protección a la víctima hacia la sospecha sobre su palabra.
Este escenario genera una trampa procesal y una inseguridad jurídica sin precedentes, especialmente para quienes deben cumplir con la Ley Lucio. Al amenazar con penas de prisión agravadas a quienes denuncien o atestigüen, el proyecto coloca a profesionales de la salud y la educación en una encrucijada imposible: cumplir con su obligación de denunciar ante la sospecha de abuso o protegerse de una posible persecución penal si la investigación judicial —históricamente lenta y deficiente— no logra alcanzar una condena firme. Esta “extorsión procesal” termina por consolidar una pedagogía del miedo que busca que se desestimen las causas antes de que lleguen a los tribunales.
Finalmente, el proyecto introduce una dimensión de censura que blinda a los agresores mediante un bozal mediático y la persecución de los equipos periciales. Al prohibir la difusión de los casos y criminalizar a las redes de acompañamiento profesional, se intenta desmantelar el apoyo social que ha sido fundamental para quebrar el aislamiento de las víctimas. En definitiva, lo que se debate en el Senado no es una mejora en la técnica jurídica, sino la intención de devolver la violencia machista y el abuso en la infancia a la esfera de lo indecible, garantizando la impunidad a través del silenciamiento de quienes se atreven a alzar la voz.
