La segunda jornada de las audiencias públicas por la Ley de Glaciares estuvo envuelta en polémica. Al igual que la primera, hubo quejas de la oposición. Se realizó de manera virtual y tuvo interrupciones técnicas. Las exposiciones quedaron sin sonido en cuatro oportunidades. Una de las oradoras que sufrió los contratiempos fue la exdiputada Graciela Camaño, que denunció un “vicio sustancial en el procedimiento”. De las más de 90 mil personas que se inscribieron -que no pudieron exponer ni de forma remota, ni presencial- solo el 0,07 por ciento pudo subir un video al canal de YouTube de la Cámara de Diputados. Así avanza el proyecto de reforma libertario que llegar al recinto después de Semana Santa.
Los problemas técnicos fueron los protagonistas de este segundo día de audiencia pública donde los expositores debían presentar sus argumentos de manera virtual, pero los inconvenientes en el sonido de las presentaciones complicaron a los oradores, lo que derivó en un cuarto intermedio.
La reunión fue nuevamente conducida por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, a quienes no les quedó otra más que escuchar a una mayoría abrumadora en rechazo a la ley que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Pero hay otra cuestión que empantana aún las cosas con la modalidad libertaria; los videos que hasta el momento se subieron al canal de la Cámara de Diputados suman solo 71. Eso representa solo el 0,07 por ciento de los inscriptos para exponer y que no fueron habilitados por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Un claro ejemplo de que la estrategia que planteó Martín Menem para esta audiencia ficticia no fue para reunir las expresiones de la ciudanía sino que buscó desalentar la participación de la comunidad.
La Cámara de Diputados había ofrecido como alternativa -para quienes quedaran arbitrariamente fuera de las exposiciones virtuales y presenciales- la presentación de videos. Esto implicaba que quienes quisieran opinar acerca del proyecto de ley debían subir su presentación a Youtube, lo que representa una complejidad para quienes nos están familiarizados con la plataforma que te exige tener un canal propio y tener conocimiento sobre como vincular o “etiquetar” el video a la cuenta de la Cámara. Dificultades que apuntaron intencionalmente a la burocratización de la participación.
Este dato aporta a lo que se plantea desde la oposición y desde las organizaciones ambientales que denuncian que la audiencia pública fue una “fachada” para evitar la judicialización futura. El oficialismo buscó cumplir con el requisito formal de participación ciudadana exigido por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, para bloquear posibles amparos basados en la falta de consulta previa.
Camaño fue directo al grano y cuestionó el formato decidido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Esta no es una audiencia pública porque esto no está conforme a la doctrina”, sentenció la abogada. Camaño se refirió a que, como instancia de participación ciudadana, se debe garantizar la “transparencia de los actos”, algo que no ocurrió en este caso. A su vez, sostuvo que “el acuerdo Escazú, superior a las leyes, ha sido soslayado”, y que tampoco se le proporcionó la “información apropiada” a los inscriptos, por lo que marcó “el procedimiento viciado” y la “nulidad del acto”.
La exdiputada subrayó que en la actual Ley de Glaciares “el objeto no es la minería, sino el ambiente” y se mostró en contra de que “cada provincia defina cual será la zona periglacial a proteger”. Agregó que avanzar en la flexibilización de la Ley es “retroceder en materia ambiental, no es gobernar, es renunciar al futuro”.
La ley al recinto
Por estas horas, el oficialismo se muestra confiado en que logrará juntar los votos para llevar la ley al recinto después de Semana Santa. Según pudo saberse, los libertarios confían en que algunos diputados del peronismo acompañen la iniciativa, especialmente aquellos que representan a las provincias mineras. Además, contaran con los votos de los aliados de siempre: el PRO, la UCR, Innovación Federal, de los diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, de los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, más los legisladores de San Juan. A su vez, se les sumarán también voluntades de Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot). Están justos, pero dicen tener los números.
En el Senado, la Ley consiguió la media sanción con 40 votos afirmativos. En aquella votación la mayor parte del kirchnerismo se manifestó en contra, salvo por dos senadores justicialistas que acompañaron la medida. Se trató de Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), ambos provenientes de dos provincias mineras. En este tema en particular, se alinearon con los peronistas disidentes Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), del bloque Convicción Federal.
En Unión por la Patria todavía no se pusieron a hacer los números finos, pero adelantaron que “hay algunas provincias, igual que en el Senado, que tienen situaciones particulares”, por lo que se espera que el bloque celeste, de 93 diputados, no vote de manera homogénea.
