Transcripción revisada del informe presentado por Antonio Soler durante la Conferencia de Medio Año de la Internacional Socialismo Actual o Barbarie (SoB). Análisis de la situación electoral actual en Brasil y los desafíos políticos que enfrenta la izquierda revolucionaria.
Equipo editorial de Esquerda Web
Nos encontramos en una situación político-electoral abierta, indefinida, polarizada e inestable. Existen elementos sumamente perturbadores en la realidad, tanto externos como internos. Esa es la primera observación.
Hemos entrado en una coyuntura marcada por una polarización consolidada desde arriba. Por un lado, los partidarios de Lula; por el otro, los ultraderechistas de Bolsonaro. Pero esta polarización no se produce en un escenario estabilizado. Al contrario: está marcada por la intervención imperialista estadounidense, la crisis del régimen político brasileño, el fortalecimiento del Centrão (el bloque parlamentario más poderoso del país, de centroderecha a derecha), importantes elementos de decadencia social, la crisis climática y, al mismo tiempo, por una nueva dinámica de movilización que empieza a surgir desde abajo.
Una de las señales ineludibles de esta situación es precisamente la intervención trumpista. Al mismo tiempo, la respuesta del gobierno de Lula, el gobierno de conciliación de clases, es sumamente errática y, como era de esperar, permanece atrapada dentro de los estrechos límites de esta estrategia.
Desde principios de 2026, también hemos identificado un elemento nuevo y muy importante en la situación política brasileña: lo que podemos denominar un nuevo metabolismo de la lucha de clases. La lucha de los pueblos indígenas, las movilizaciones de los repartidores de aplicaciones, los procesos internos de la juventud universitaria y otras experiencias demuestran el surgimiento de luchas que, si bien a menudo se originan en sectores específicos y aún carecen de coordinación nacional, impactan la situación política del país.
También existen elementos de polarización desde abajo, pero ésta aún no se ha nacionalizado: los procesos son fragmentarios, desiguales, carecen de una estructura nacional común y se enfrentan constantemente a las acciones de las burocracias sindicales y políticas. Sin embargo, son luchas que logran cambiar de rumbo, forzar retrocesos por parte del gobierno y los empresarios, y generar acontecimientos políticos nacionales. Este es un elemento cualitativamente diferente al de las elecciones de 2022.
Existen además otros factores importantes de inestabilidad. La crisis climática podría generar nuevamente eventos de enorme magnitud, como lo demostraron las inundaciones en Rio Grande do Sul, mientras que otras regiones enfrentan sequías cada vez más intensas. Al mismo tiempo, el enorme endeudamiento de las familias, la expansión del juego, el agravamiento de la precariedad social, el crecimiento del crimen organizado y la crisis de seguridad pública producen fenómenos de descomposición que también pueden provocar cambios abruptos en la situación.
Por lo tanto, cuando decimos que la situación es indefinida, no nos referimos únicamente a las encuestas de opinión. Existen elementos estructurales y disruptivos capaces de alterar rápidamente el equilibrio de poder.
Unas elecciones bajo la influencia del trumpismo
El trumpismo y el intento de recuperar agresivamente la hegemonía mundial de Estados Unidos, especialmente sobre Latinoamérica, constituyen uno de los elementos fundamentales de la situación. Por lo tanto, en relación con las elecciones de 2022 existe una diferencia importante. En aquel entonces, si bien la disputa estratégica entre Estados Unidos y China ya estaba presente, no había una intervención política en Brasil con el grado de agresividad que observamos hoy[1].
La ofensiva imperialista combina presión económica, política, diplomática e ideológica. Los aranceles comerciales, las amenazas a la soberanía de los países latinoamericanos, la injerencia directa en los procesos políticos nacionales, la presión sobre los gobiernos y el uso de la lucha contra el llamado «narcoterrorismo» como posible instrumento de intervención forman parte de un esfuerzo más amplio por restablecer la hegemonía estadounidense en la región.
En este sentido, podemos hablar de una actualización de la antigua Doctrina Monroe. Brasil, debido a su tamaño económico, territorial, demográfico y diplomático, su relación con China y el papel que desempeña en los BRICS, ocupa necesariamente un lugar central en esta disputa. El aumento de los aranceles, las amenazas económicas, la presión diplomática y el cuestionamiento a las instituciones brasileñas deben entenderse dentro de este contexto más amplio.
No se trata simplemente de una disputa comercial. Este proceso tiene una dimensión directamente política, ya que la ultraderecha brasileña se presenta como el principal apoyo interno para esta ofensiva. El bolsonarismo entra en estas elecciones no solo con sus propias fuerzas nacionales, sino también contando con un poderoso aliado imperialista dispuesto a utilizar instrumentos económicos, políticos y comunicacionales para interferir en la realidad brasileña.
Las grandes empresas tecnológicas y las redes sociales ejercen una enorme influencia en este proceso. El cuestionamiento de las máquinas de votación electrónica reaparece en el discurso de la extrema derecha, y la combinación de este cuestionamiento, la intervención externa y la capacidad de las plataformas digitales para organizar campañas políticas, difundir desinformación y moldear la opinión pública constituye un verdadero problema.
Sería un error minimizar este aspecto. Brasil tiene una estructura estatal, una dimensión económica y una ubicación internacional diferente en comparación con países sometidos a formas de intervención más directas, como Venezuela, pero esto no elimina la capacidad de las grandes empresas tecnológicas y el imperialismo para actuar en una elección extremadamente polarizada[2].
Es precisamente en este punto en el que se hacen evidentes los límites de la respuesta del gobierno. Ante la ofensiva imperialista, el gobierno titubea, busca vías diplomáticas, intenta negociar con Washington y procura evitar la confrontación, pero no organiza una respuesta política independiente, no moviliza a los trabajadores ni a los sectores populares contra la injerencia, ni articula esta resistencia con medidas concretas contra los intereses económicos del imperialismo.
Esta limitación no se debe simplemente a una deficiencia táctica: es una consecuencia directa de la estrategia de conciliación de clases. Lula podría utilizar políticamente la injerencia imperialista para poner a la extrema derecha a la defensiva, denunciar sistemáticamente la alianza entre Bolsonaro y los partidarios de Trump, organizar movilizaciones masivas y combinar esta batalla democrática con medidas económicas contra los grandes intereses capitalistas. Pero hacerlo implicaría desatar fuerzas sociales que el propio gobierno busca controlar.
Este es el drama de la conciliación de clases. Una movilización antiimperialista consecuente podría rápidamente poner en la agenda no solo la lucha contra Trump o la extrema derecha, sino también demandas contra los bancos, las grandes corporaciones, las multinacionales, las privatizaciones y el propio programa económico defendido por el gobierno. Por lo tanto, las posibilidades de infligir derrotas políticas más profundas a la extrema derecha se ven constantemente limitadas por el temor a que la movilización sobrepase los límites institucionales definidos por el movimiento político de Lula.
En una posible segunda vuelta entre los partidarios de Lula y la extrema derecha, prácticamente toda la derecha tiende a unirse contra Lula y, a diferencia de 2022, ahora hay una acción más directa por parte de los partidarios de Trump como aliado internacional de la extrema derecha. Al mismo tiempo, existen dificultades objetivas para el bando de Bolsonaro, en particular la ausencia de su figura principal como elemento directo de movilización. Esto representa una ventaja relativa para los partidarios de Lula, pero solo relativa, porque la situación sigue marcada por una enorme inestabilidad[3].
Por lo tanto, la lucha contra la injerencia imperialista constituye uno de los problemas centrales de la izquierda revolucionaria. Pero este antiimperialismo no puede quedarse en un plano abstracto. No basta con defender formalmente la soberanía nacional o denunciar la presión estadounidense, como hace el MRT, por ejemplo. Es necesario vincular la lucha contra la intervención con medidas anticapitalistas concretas, confrontando los intereses del capital financiero internacional, las multinacionales y las grandes corporaciones que estructuran la dependencia brasileña. Un antiimperialismo coherente debe ser también independiente de la burguesía nacional, porque esta misma burguesía está profundamente integrada en el capital internacional y no tiene ningún proyecto para romper con la dependencia.
Una situación política dramática
El resultado político de este estancamiento vertical es una especie de vaivén pendular que genera una situación dramática. Nos encontramos en un escenario de rápida oscilación donde el gobierno pasa a la ofensiva y la extrema derecha a la defensiva; en otros casos, la situación se invierte.
La ofensiva arancelaria estadounidense, por ejemplo, provocó una importante reacción nacional y permitió al gobierno recuperar la iniciativa, ya que el bolsonarismo parecía estar directamente vinculado a la acción extranjera contra el país. Posteriormente, acontecimientos relacionados con la seguridad pública, votaciones en el Congreso, escándalos y las dificultades económicas de la población alteraron nuevamente la correlación de fuerzas coyuntural.
El escándalo del Master Bank es un claro ejemplo[4]. Inicialmente, la implicación de sectores vinculados a la extrema derecha otorgó al gobierno una ventaja electoral. Pero a medida que las investigaciones y otros escándalos comenzaron a afectar también a personas y sectores cercanos al gobierno, parte de esta ventaja empezó a disminuir. Al mismo tiempo, persisten problemas sociales subyacentes: endeudamiento familiar, alto costo de los alimentos, condiciones laborales precarias, bajos salarios y deterioro de las condiciones de vida en general.
Esta crisis tiene otra dimensión. En los últimos años, las instituciones del régimen han funcionado como barreras parciales contra ciertos intentos de golpe de Estado de extrema derecha. El Tribunal Supremo Federal (TSF) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) desempeñaron un papel importante en esta contención. Reconocer este hecho no implica atribuir un carácter progresista a estas instituciones ni tratarlas como instrumentos de los trabajadores; implica analizar concretamente las contradicciones internas del régimen burgués. Ahora, con los cambios en la composición y la dirección de estas instituciones, el creciente debilitamiento del TSF y los continuos ataques de la extrema derecha, surgen nuevas incertidumbres para el proceso electoral.
Esta dramática situación política se hace particularmente evidente en la lucha por acabar con la jornada laboral de 6×1. Es una de las demandas más populares del país, ya que afecta directamente la vida cotidiana de millones de trabajadores sometidos a jornadas extenuantes, bajos salarios y falta de tiempo libre.
Esta demanda tiene un enorme potencial para actuar como catalizador de la movilización nacional, unificando a diferentes sectores de la clase trabajadora y situando el tema de la explotación en el centro del debate político. Pero en lugar de organizar a las fuerzas sociales existentes para imponer una reducción de la jornada laboral, el gobierno optó por gestionar institucionalmente la agenda y subordinarla al calendario político y a las negociaciones parlamentarias.
En un principio, hubo interés en utilizar la demanda con fines electorales, manteniéndola como una promesa capaz de diferenciar al gobierno de la extrema derecha. Posteriormente, ante los cambios en el panorama político, se hizo necesario intentar desbloquear la agenda. Y aquí vuelve a aparecer el mecanismo de conciliación: mientras se busca presentar a los trabajadores la posibilidad de avanzar en la reducción de la jornada laboral, se alcanzan acuerdos con el Centrão y la derecha en materia de medidas de ajuste fiscal.
El PLP 114 es otro ejemplo emblemático, pues articula precisamente estas contradicciones. Si bien se intenta presentar una concesión social en un ámbito, se aceptan mecanismos de contención del gasto que afectan áreas fundamentales como la salud y la educación. El escenario incluso adquiere un carácter tragicómico: a los trabajadores se les ofrece una posible reducción de la jornada laboral, mientras que se limita el crecimiento de los servicios públicos que utilizan. Se trata de una síntesis de conciliación de clases: se hacen concesiones parciales en un ámbito, mientras que, en otro, los intereses estratégicos del gran capital no solo se preservan, sino que progresivamente ganan terreno.
Esta misma lógica impregna toda la política gubernamental. El gobierno busca gestionar las demandas populares sin movilizar la fuerza social necesaria para imponerlas. Busca negociar permanentemente con un Congreso cada vez más reaccionario y, para obtener concesiones parciales, acepta acuerdos de contraprestación que preservan o profundizan los mecanismos de ajuste. De este modo, incluso las demandas que podrían servir de punto de partida para una ofensiva obrera terminan atrapadas en la lógica parlamentaria de la conciliación[5].
El problema fundamental reside en que el proyecto de Lula para reconstruir la estabilidad orgánica del régimen democrático burgués tras la derrota electoral del golpe de Estado ha fracasado por completo. La conciliación de clases no eliminó a la extrema derecha, no fortaleció de forma sostenible las instituciones democráticas, ni resolvió las causas sociales y económicas que alimentan el reaccionarismo. Por el contrario, preservó gran parte de las relaciones económicas e institucionales de las que se nutre dicho reaccionarismo.
Por lo tanto, las elecciones de octubre siguen sin resolverse. Existe un núcleo relativamente consolidado de votantes lulistas y otro de extrema derecha, pero una parte significativa de la población aún duda. Es precisamente en este sector donde se libra una parte decisiva de la disputa. El gobierno cuenta con ventajas importantes, como la maquinaria federal y la dificultad de la extrema derecha para reproducir plenamente la capacidad de movilización que tenía anteriormente. Sin embargo, debido a las limitaciones políticas y sociales del lulismo, estas ventajas relativas no pueden aprovecharse, lo que genera una inestabilidad política crónica.
El fin del horario laboral 6×1, los derechos de los repartidores y los nuevos temas de la lucha de clases
Si bien existen estos estancamientos en la cúpula, la situación es diferente en la base. Llegamos a estas elecciones con mayor experiencia política con el gobierno que en 2022, y esto tiene consecuencias. Hay sectores que han vivido la lucha directa contra las medidas del propio gobierno sin alinearse, por ello, con la extrema derecha. Al contrario: se enfrentaron simultáneamente al gobierno, a los líderes empresariales, a la derecha y a la extrema derecha en defensa de sus propias reivindicaciones. Es precisamente esta experiencia la que está empezando a abrir más espacio a la izquierda del movimiento político de Lula.
Esto no significa que exista una radicalización nacional homogénea de las masas. Eso sería completamente unilateral. Lo que existe son procesos de vanguardia capaces de generar impactos políticos a nivel nacional. Este es el significado de la idea de un nuevo metabolismo de la lucha de clases. Se trata de luchas que a menudo surgen fuera de los grandes aparatos tradicionales, desarrollan sus propias formas de organización y, en ciertas situaciones, logran modificar la correlación de fuerzas, obligando a empresas y gobiernos a replegarse. Este fenómeno tiene importancia estratégica porque demuestra que la pasividad no es absoluta y que la polarización electoral no agota toda la dinámica política del país. Hay vida bajo la polarización institucional.
La lucha de los pueblos indígenas es un ejemplo importante de este proceso. Las movilizaciones contra los proyectos de privatización, el dragado y la transformación de los ríos amazónicos en corredores logísticos para la agroindustria demostraron una enorme capacidad de acción directa. No se trató simplemente de una demanda ambiental localizada, sino de una batalla contra una política que subordinaba territorios, ríos y comunidades a las necesidades de las grandes corporaciones y la agroindustria orientada a la exportación. La movilización combinó la organización territorial, la unidad entre diferentes pueblos, el liderazgo juvenil y métodos de acción directa. Bajo la presión de la lucha, las empresas y el gobierno se vieron obligados a ceder. Políticamente, esto es muy importante porque una lucha que inicialmente era localizada logró alcanzar intereses transnacionales, confrontar una política gubernamental y generar un impacto nacional.
Otro ejemplo clave son los repartidores que trabajan a través de aplicaciones. El proyecto de ley 152 buscaba institucionalizar una nueva figura jurídica para estos trabajadores. Bajo el pretexto de regulación y autonomía, el proyecto creó, de hecho, un régimen laboral paralelo, independiente del Código Laboral Brasileño (CLT), legitimando legalmente una forma de explotación extremadamente precaria. Se trató de una contrarreforma laboral con un enorme potencial de alcance, no solo porque afectaba directamente a los repartidores y conductores, sino también porque podía allanar el camino para la expansión de este modelo a otros sectores de la economía.
El proyecto fue orquestado entre sectores del gobierno, el Centrão, la extrema derecha y las empresas de plataformas digitales. Pero los trabajadores reaccionaron. La movilización organizada por la ONTDR (Organización Nacional de Trabajadores sobre Dos Ruedas) —la organización sindical de repartidores de aplicaciones de la que somos fundadores—, la revuelta popular, la presión en las calles y la intervención directa en el Congreso lograron sacar el proyecto de la agenda. Fue una victoria parcial, evidentemente, porque la ofensiva de las plataformas continúa y es posible que vuelvan iniciativas similares, pero políticamente fue una victoria importante para la lucha directa. Uno de los sectores más precarios de la clase trabajadora logró bloquear una contrarreforma respaldada por fuerzas económicas y políticas extremadamente poderosas; esto tiene una dimensión histórica que aún no ha sido plenamente asimilada por la opinión pública.
Quizás aún resulte difícil comprender la magnitud de esta victoria. El hecho de que los repartidores y mensajeros lograran impedir la aprobación de dicha medida demuestra que sectores presentados únicamente como víctimas de la precariedad laboral, como hacen la academia y parte de la izquierda, pueden transformarse en actores políticos centrales. También demuestra que nuevos actores pueden desempeñar un papel mucho más amplio que el reservado a las demandas empresariales y lograr victorias que beneficien a toda la clase trabajadora.
El gran problema es que estos procesos siguen fragmentados. Los pueblos indígenas luchan contra los intereses de la agroindustria y las multinacionales, los repartidores se enfrentan a las plataformas, los estudiantes y el personal universitario se enfrentan a los gobiernos y rectores, mientras que millones de trabajadores apoyan el fin de la jornada laboral 6×1. Tenemos movimientos reales, voluntad de luchar e incluso victorias parciales, pero aún no existe una estructura capaz de unificar políticamente estos procesos y transformarlos en una fuerza nacional.
La burocracia sindical no cumple esta función. Por el contrario, las direcciones oficialistas busca sistemáticamente desviar las luchas hacia negociaciones institucionales e impedir que adquieran autonomía política. Al mismo tiempo, gran parte de la izquierda independiente tampoco presenta ninguna política destinada a superar la fragmentación. Esta es una de las grandes contradicciones de la situación: la polarización existe desde abajo, pero aún no tiene una expresión organizativa y política correspondiente.
Por lo tanto, a diferencia del PSTU —fuerza mayoritaria en CSP-Conlutas—, que carece de una iniciativa concreta para movilizar a la vanguardia en un escenario de mayor espacio para la izquierda, una de las tareas centrales es construir instancias comunes, democráticas e independientes de los sectores en lucha, capaces de transformar experiencias aisladas en una fuerza política nacional. Sin esta mediación, la polarización desde abajo encontrará enormes dificultades para competir en igualdad de condiciones en la dinámica política con las fuerzas reaccionarias y gubernamentales.
Espacio en la izquierda y crisis estratégica
Durante mucho tiempo, la polarización entre los partidarios de Lula y los de Bolsonaro funcionó como un mecanismo sumamente poderoso para cerrar el espacio político a la izquierda. Cualquier crítica al gobierno se presentaba como un apoyo a la extrema derecha, mientras que cualquier lucha contra la extrema derecha se utilizaba como justificación para subordinar los movimientos al gobierno.
Los procesos recientes comienzan, aunque parcialmente, a romper esta rigidez política. Es posible luchar consecuentemente para derrotar a la extrema derecha y los ataques del gobierno, e ir más allá del lulismo. Este es el terreno sobre el que debe construirse una alternativa socialista independiente: ni neutralidad ante la amenaza que representa la extrema derecha, ni subordinación al lulismo en nombre de su lucha, como hacen el PSOL y la mayoría de sus corrientes políticas.
Pero entonces nos topamos con otro problema: la situación de las propias corrientes de izquierda, como el PSTU y el MRT. Existe una enorme dificultad para lograr totalización política. Por un lado, tenemos corrientes que preservan su independencia del gobierno, pero cuya intervención está profundamente marcada por el economicismo, el doctrinarismo y el sectarismo. La crítica al gobierno dentro de esta lógica unilateral no se traduce en políticas concretas para la lucha nacional. Esto sucede porque la lucha contra las medidas gubernamentales a menudo se separa mecánicamente de la lucha contra la extrema derecha.
Esto se evidencia [6]particularmente en la lucha por acabar con la jornada laboral de 6×1. Es una demanda respaldada por un amplio sector de la población que debería utilizarse para organizar a millones de trabajadores, cuestionar la conciencia colectiva, unificar sectores y transformar una reivindicación económica en una importante batalla política nacional. Sin embargo, parte de la izquierda independiente encuentra enormes dificultades para construir esta mediación concreta entre las demandas inmediatas y la estrategia político-electoral cuando no vincula su campaña, sus estandartes generales, con el llamado a la lucha directa y las problemáticas urgentes.
En el otro extremo aparece el politicismo. Sectores que históricamente reivindicaron una tradición revolucionaria, como el MES y otros sectores de la izquierda del PSOL, han subordinado cada vez más su intervención a las estructuras del parlamento, el gobierno y la estrategia de conciliación de clases. Aquí se produce el movimiento opuesto: si el economicismo reduce la política a la lucha por reivindicaciones y pierde su totalidad, la politización separa la política nacional de la autoorganización independiente de la clase trabajadora y deposita todas sus expectativas en las instituciones del Estado. Se habla de derrotar a la extrema derecha, defender la democracia, industrializar el país, mejorar las políticas públicas y llevar a cabo reformas progresistas, pero sin construir una estrategia de movilización independiente que sitúe a los trabajadores como sujetos del proceso, de modo que estén a la vanguardia de medidas anticapitalistas concretas.
Nos enfrentamos, pues, a un doble problema: por un lado, un economicismo incapaz de integrar políticamente la lucha de clases; y por otro, una politización que sustituye la independencia de los trabajadores por una creciente confianza en las instituciones y el gobierno. Sin embargo, ambos adolecen de letargo, pasividad política y una adaptación electoral rutinaria. Superar estas dos desviaciones constituye una tarea estratégica.
Polarización y alternativa anticapitalista independiente
En definitiva, este es el problema que plantea la situación actual. La naturaleza dramática de la situación es uno de los signos centrales, no solo en la polarización entre lulismo y bolsonarismo, sino también entre el potencial de lucha desde abajo, en el nuevo metabolismo de la lucha de clases, y la pasividad política de parte de la izquierda independiente.
Existen luchas, nuevos actores y experiencias concretas que demuestran que es posible infligir derrotas a empresarios, grandes corporaciones, gobiernos y la extrema derecha. Sin embargo, aún no existe una alternativa política nacional capaz de integrar estas experiencias. Mientras no se construya dicha alternativa, la crisis seguirá siendo objeto de controversia desde el poder.
Por un lado, el bolsonarismo busca transformar el descontento social en reacción política, autoritarismo, nacionalismo reaccionario y guerra contra los sectores oprimidos. Por otro, el lulismo busca canalizar el temor de la extrema derecha para preservar la conciliación de clases e impedir que la movilización sobrepase los límites institucionales. La tarea de la izquierda revolucionaria es romper esta falsa dicotomía: derrotar a la extrema derecha en las calles y en las urnas, confrontar la injerencia imperialista, combatir los ataques del gobierno y del Centrão, apoyar y unificar las luchas de los trabajadores, la juventud y los pueblos indígenas, y construir organizaciones de movilización independientes.
El desafío es enorme, pero la situación actual demuestra que existen posibilidades. La polarización desde abajo aún está fragmentada, pero existe y tiende a persistir. Surgen nuevas vanguardias fuera de los grandes aparatos. Los pueblos indígenas han logrado forzar reveses para los principales intereses económicos; los repartidores bloquearon una contrarreforma laboral; los jóvenes han liderado luchas importantes; y la batalla contra la jornada laboral de 6×1 encuentra apoyo entre millones de trabajadores. Nada de esto constituye aún una alternativa política nacional, pero son elementos concretos sobre los que se puede construir.
La cuestión crucial es si podemos conectar estas experiencias, ayudarlas a coordinarse, extraer conclusiones políticas y transformarlas en una fuerza independiente. Porque, ante la injerencia imperialista, la amenaza de la extrema derecha, la crisis institucional y el fracaso de la conciliación de clases, la respuesta estratégica no puede provenir de maniobras desde arriba. Debe construirse desde abajo, en la lucha de clases, en la autoorganización de los trabajadores y en la construcción de una alternativa antiimperialista, anticapitalista y socialista.
El economicismo es uno de los problemas más importantes que enfrenta la izquierda revolucionaria. Existe una desconexión entre teoría, estrategia, política y táctica. Una corriente revolucionaria necesita una estrategia para la transformación socialista de la sociedad, pero esta estrategia debe expresarse en política concreta, y la política concreta debe encontrar tácticas capaces de conectar con el nivel real de conciencia, organización y experiencia de los trabajadores.
Sin estas mediaciones, los principios se convierten en propaganda abstracta. Por el contrario, cuando las tácticas electorales e institucionales se independizan de la estrategia, el resultado es la adaptación al Estado burgués. El desafío reside precisamente en reconstruir esta totalidad: luchar contra la injerencia imperialista sin apoyar a la burguesía nacional; derrotar a la extrema derecha sin subordinar a los trabajadores al lulismo; afrontar los ataques del gobierno sin establecer mecánicamente la igualdad entre este y el bolsonarismo; participar en las elecciones sin convertir la campaña electoral en un fin en sí misma; intervenir en las luchas económicas sin reducirlas al sindicalismo; y defender las reivindicaciones inmediatas vinculándolas a una perspectiva anticapitalista.
Esta combinación es crucial porque permite tender puentes entre la experiencia concreta de las masas y una estrategia socialista. Sin estos puentes, la política revolucionaria está condenada a la marginalidad sectaria o a la adaptación oportunista. La construcción de una alternativa depende precisamente de la capacidad de evitar estos dos caminos y de desarrollar una política que parta de la experiencia real de los trabajadores, sin limitarse a su nivel inmediato de conciencia.
Es dentro de este marco que una intervención electoral independiente cobra sentido. Existen razones concretas para evaluar los límites de una candidatura: el tamaño de la organización, el desgaste de la militancia, las tareas acumuladas y las enormes dificultades materiales de una campaña. Pero la situación actual abre un espacio político. Hay más espacio a la izquierda del lulismo y también dentro de la propia izquierda, precisamente porque las principales corrientes independientes tienen dificultades para vincular la campaña electoral con los procesos reales de la lucha de clases.
Es en el marco de enfrentar estos desafíos que lanzamos nuestra Bancada Anticapitalista. Una candidatura anticapitalista solo tiene sentido si hace precisamente lo contrario. No se trata de organizar una campaña electoral tradicional, centrada exclusivamente en los votos o en la ocupación de espacios institucionales. Se trata de utilizar la plataforma electoral como instrumento para desarrollar las luchas existentes, fortalecer los procesos organizativos, difundir la propaganda socialista y dar expresión política a los sectores que han liderado la resistencia desde abajo. La campaña debe entenderse como parte de la lucha de clases y no como una interrupción de la misma.
En este sentido, la conexión con los repartidores es particularmente importante. La campaña puede involucrarse directamente con una de las experiencias más avanzadas de autoorganización dentro de un nuevo sector de la clase trabajadora. Asimismo, puede nutrirse de las experiencias de la juventud y de todos los sectores que se enfrentan simultáneamente a los ataques de la extrema derecha y del gobierno. La intervención electoral debería servir para transformar la revuelta en organización, ampliar las relaciones políticas y desarrollar una capa de activistas capaces de continuar la construcción después de las elecciones.
Existen dos terrenos particularmente estratégicas. La primera es la juventud. Las recientes experiencias universitarias han demostrado el espíritu combativo de una nueva generación de estudiantes, muchos de ellos estudiantes-trabajadores, que se han enfrentado directamente a las administraciones universitarias, los gobiernos y las burocracias del movimiento estudiantil. La posibilidad de construir una organización revolucionaria dentro de esta juventud depende de transformar esta experiencia de lucha en una experiencia política más profunda, lo cual requiere organización permanente, formación teórica y batallas concretas a través de los órganos del movimiento estudiantil.
El segundo ámbito de interés son los repartidores. Es significativo que prácticamente ningún sector que se posiciona dentro del campo revolucionario en Brasil —como el PSTU y el MRT— haya intentado siquiera construir un trabajo político orgánico dentro de un sector que agrupa a cientos de miles de trabajadores y que ha estado a la vanguardia de algunas de las movilizaciones más importantes de los últimos años. Esto dice mucho no solo sobre la categoría en sí, sino sobre la izquierda en su conjunto. Una izquierda que no puede construir entre los sectores más dinámicos de la nueva clase trabajadora necesita revisar profundamente sus métodos. No se trata de proclamar artificialmente la existencia inmediata de un núcleo revolucionario entre los repartidores, sino de avanzar a través de la mediación: fortalecer a los activistas, ampliar la educación política, organizar debates, sistematizar las experiencias de lucha y desarrollar una capa de trabajadores capaces de reflexionar políticamente sobre su propia experiencia.
Finalmente, existe una tarea fundamental: transformar las experiencias políticas en acciones concretas. Una lucha puede generar miles de activistas y, sin embargo, dejar un legado constructivo mínimo si no existe un marco político consciente que sistematice esa experiencia. Una campaña electoral puede llegar a miles de personas y desaparecer al día siguiente de las elecciones si no está vinculada a un proyecto organizativo permanente.
De igual modo, el lanzamiento de la obra El Marxismo y la Transición Socialista en Brasil y otros países por parte de nuestra corriente internacional no puede considerarse simplemente una iniciativa propagandística aislada. Consideramos que el trabajo teórico está profundamente vinculado al trabajo político-práctico, uno de los pilares fundamentales de la construcción revolucionaria, como lo estuvo para el marxismo clásico. Las lecciones del análisis crítico y combativo de las revoluciones del siglo XX se incorporan a nuestro programa político y electoral diario, así como a nuestras estrategias y tácticas. Más allá de las elecciones de octubre, organizaremos debates, grupos de estudio y actividades que permitan vincular las experiencias inmediatas de la lucha de clases con los problemas estratégicos de la transformación socialista.
En definitiva, el objetivo de la campaña electoral es contribuir a la lucha de los nuevos protagonistas en la lucha de clases para derrotar a la extrema derecha y al imperialismo, superar el lulismo, impulsar nuestro trabajo estructural con la juventud y la nueva clase trabajadora, y atraer e incorporar nuevos activistas a nuestra corriente política.
En un mundo que tiende cada vez más hacia una nueva «era de extremos», contribuir a preparar a las nuevas generaciones de activistas para las luchas decisivas que se avecinan, vinculadas a las tareas inmediatas de la lucha de clases, es una tarea fundamental. La candidatura de la Bancada Anticapitalista, su programa y sus esfuerzos de campaña responden a este propósito.
[1] La situación nacional está fuertemente marcada por la situación mundial. Esto no es una novedad histórica. Durante la Guerra Fría, la bipolaridad internacional afectó profundamente a Brasil y a toda América Latina, interfiriendo directamente en la dinámica política de los países de la región. Posteriormente, la ofensiva neoliberal global se expresó a nivel nacional en gobiernos que promovieron privatizaciones, liberalización económica, ataques a los derechos laborales y una profunda reorganización de las relaciones entre el Estado y el capital. Ahora nos encontramos nuevamente ante una situación en la que la dinámica internacional influye de manera más directa en la situación brasileña.
[2] Según la encuesta de Fox publicada el pasado viernes 29 de agosto, el estancamiento continúa y el descenso inicial de Flávio Bolsonaro ha desaparecido ante la inercia, las investigaciones de la Policía Federal y la continuación de los acuerdos secretos que atacan a los trabajadores y que aquejan al gobierno de Lula/Alckmin. Según Fox, el panorama actual muestra a Lula con 37,1% y a Flávio con 34,8% en la primera vuelta, y para la segunda vuelta, una inversión de posiciones respecto a la encuesta de BTG Pactual del 24 de agosto, que mostraba a Lula con 46% y a Flávio con 45%. Según Fox, la situación actual da a Flávio 45,1% y a Lula 44,5%.
[3] Una nueva crisis económica, escándalos, eventos internacionales, una crisis climática a gran escala, intervenciones de grandes empresas tecnológicas o nuevos procesos de movilización podrían alterar rápidamente la situación. Por lo tanto, sería un error tratar estas elecciones como una simple repetición de las de 2022. La estructura de polarización persiste, pero los elementos que la atraviesan son diferentes y, sobre todo, ahora existe una experiencia de lucha desde abajo que no tenía la misma densidad hace cuatro años. También existen fenómenos de decadencia social que la izquierda debe incorporar seriamente a su política. El endeudamiento de los hogares ha alcanzado proporciones enormes, y las apuestas se han convertido en una verdadera plaga social, mermando los ingresos de los trabajadores e intensificando las situaciones de dependencia y desintegración familiar. Al mismo tiempo, el crimen organizado ha expandido profundamente su presencia económica, territorial e institucional, convirtiendo la seguridad pública en un tema que no se puede ignorar.
[4] Esto no es simplemente un episodio de corrupción individual, sino una crisis que revela conexiones estructurales entre el capital financiero, el Congreso, el Poder Judicial y diferentes sectores del régimen político.
[5] Para comprender plenamente este escenario, sin embargo, es necesario ir más allá de la disputa entre lulaísmo y bolsonaroísmo. Existe un elemento estructural de la política nacional que debe incorporarse al análisis: la crisis del llamado presidencialismo de coalición y el extraordinario crecimiento del poder del Congreso. La estructura política organizada desde la Constitución de 1988 ha sufrido profundas transformaciones. El Ejecutivo ha perdido una parte significativa de su capacidad para controlar directamente el presupuesto y organizar mayorías parlamentarias según los mecanismos tradicionales, mientras que el Legislativo ha acumulado instrumentos materiales y políticos de enorme importancia, particularmente a través del creciente control sobre sectores del presupuesto público. Este proceso ha producido una hipertrofia del Congreso y ha fortalecido especialmente al Centrão. Tenemos, por lo tanto, dos expresiones principales que polarizan electoralmente al país: lulaísmo y bolsonaroísmo; pero existe una tercera fuerza estructural dentro del régimen: un bloque parlamentario burgués, profundamente oportunista y reaccionario, que ha acumulado poder económico, institucional y territorial. Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, es muy probable que este bloque siga desempeñando un papel decisivo en la política nacional. Una victoria electoral de los partidarios de Lula, sin enfrentamientos directos y fríos, no implicaría automáticamente una estabilización de la situación, del mismo modo que una victoria de la extrema derecha produciría una coyuntura cualitativamente diferente y mucho más peligrosa.
[6] Consignas como independencia de clase, socialismo, acción directa y huelga general son claramente correctas como principios generales, pero pueden convertirse en una especie de juramento a la bandera cuando no se complementan con una estrategia y tácticas adecuadas a las condiciones concretas de la lucha de clases. Esta es la crítica al doctrinarismo: no basta con proclamar principios; es necesario encontrar la conexión entre teoría, estrategia, política y táctica.
