La Habana lleva seis meses bajo un brutal bloqueo petrolero impuesto por el imperialismo estadounidense. El 29 de enero, luego de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia de Venezuela, tanto este país como México suspendieron sus envíos de petróleo a la isla bajo la amenaza de nuevos aranceles por parte de Washington.
Según Marco Rubio “es necesario tener personas diferentes” al frente de la dirección política cubana. Al mismo tiempo, la burguesía cubana radicada en Miami muestra su anuencia a volver a tomar el control y establecer un “gobierno de transición a la democracia”.
Las sanciones de Washington ya no se limitan a golpear al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), controlado por la burocracia cubana (en particular la cúpula militar en torno a Raúl Castro); lo que se busca es absorber la economía mediante créditos e inversiones provenientes del capital cubano-estadounidense.
Las sanciones han logrado vaciar el conglomerado GAESA, obligando a empresas transnacionales a retirar sus inversiones. Ejemplo de ello es la minera canadiense Sherritt, así como las cadenas hoteleras Iberostar, Meliá y Blue Diamond, o las multinacionales financieras Visa y Mastercard, que han anunciado su salida. Esto provocó la inmovilización de la subsidiaria Gaviota, que controlaba el sector turístico —la principal fuente de divisas de la isla—. Este sector cayó un 55% en 2025 y podría descender más del 70% al final de este año.
Paralelamente a la asfixia, Estados Unidos habilitó la excepción de licencia SCP, la cual permite determinadas exportaciones de petróleo, gas y otros derivados a Cuba para apoyar la “actividad económica independiente”. De esta forma, Washington crea un mecanismo de abastecimiento selectivo cuya regulación puede utilizarse para aliviar o profundizar las presiones sobre La Habana. Esto abre un espacio para que el capital privado opere en la isla bajo las condiciones dictadas por la Casa Blanca.
Con este incremento de las presiones, el gobierno de Díaz-Canel aprobó el pasado 18 de junio un paquete de 176 reformas económicas y sociales, estas medidas son parte de la planificación burocrática y buscan preservar los privilegios del castrismo mientras amplían la propiedad privada en la isla.
¿Qué significa el paquete de reformas impulsado por la burocracia castrista?
En el marco de las brutales sanciones impuestas por Washington, la burocracia castrista aprobó el paquete de reformas alegando, de manera incoherente, que constituyen una forma de “defender la revolución”.
Una de las analogías más extendidas sobre este proceso es la de una perestroika sin glasnost. En referencia al proceso de retorno al capitalismo de la URSS burocratizada, la perestroika representó la reestructuración económica hacia el mercado, mientras que el glasnost implicó la “apertura política”. Por su parte, la burocracia castrista encuadra este giro en una lógica similar a la de China o Vietnam (doi moi): una transición hacia la economía de mercado sin ceder en mantener el poder político del partido único.
Las reformas se estructuran en los siguientes ejes:
Sector privado: El primer antecedente se dio con las mipymes, cuando en 2021 se permitió la constitución de empresas con un tope de hasta cien empleados. Con el nuevo paquete se elimina dicho tope, permitiendo la tenencia de acciones y la propiedad de más de una firma por persona; al tiempo que las actividades vetadas se reducen drásticamente pasando de 125 a solo 55.
Actualmente, las mipymes se han convertido en el centro de la extensión de la propiedad privada. Existen unas 10 mil que emplean a 900 mil personas (de casi 4 millones). Este sector es uno de los grandes beneficiados en medio de la crisis: poco a poco estas empresas se han ido expandiendo en la sociedad cubana, los patios se transforman en pequeños comercios o aparecen plataformas como La Nave (la versión local de Uber).
Así, la desigualdad proveniente del enriquecimiento de quienes tienen mipymes es cada vez más evidente, máxime con los carros de lujo como los Tesla u otros que comienzan a recorrer las calles. La reforma sienta las bases para la creación de grandes empresas.
Energía: Históricamente, la producción y distribución de energía fueron un monopolio estatal. El cambio introducido en este campo es la habilitación a privados para la compra y venta de combustible, además de otorgar incentivos fiscales a la energía renovable.
Cabe remarcar la incertidumbre en este ámbito: dado el grave deterioro de la infraestructura cubana y la falta de “seguridad jurídica”, no está claro cuánto capital privado podrá ser atraído efectivamente.
Propiedad inmobiliaria: En 2011 se aprobó en Cuba una reforma que limitaba a las personas a poseer únicamente una vivienda. El actual paquete elimina esta restricción al habilitar la compra de propiedades de alto valor (principalmente en zonas turísticas) y de inmuebles pertenecientes al Estado.
Tierra: La agricultura cubana atraviesa una crisis en la que más del 80% de los alimentos son importados. Aunque las grandes extensiones seguirán siendo propiedad estatal, el gobierno habilitará la explotación privada mediante esquemas de usufructo para actividades forestales, agroturísticas y de producción de tabaco.
Banca: El gran cambio estriba en incentivar la inversión privada en el sistema bancario. Tanto la ciudadanía como el sector privado podrán mantener cuentas en divisas, las remesas dejarán de canalizarse exclusivamente a través del Estado y se legalizarán las casas de cambio (práctica que operaba previamente en la clandestinidad).
Subvenciones: Uno de los virajes más drásticos afecta a los programas sociales. Se anunció la eliminación progresiva de la libreta de racionamiento que subvencionaba productos básicos para toda la población. En su lugar, La Habana pasará a asignar subsidios focalizados únicamente en función de los ingresos individuales.
En síntesis, este paquete de reformas impulsado por la burocracia tiene varias dimensiones clave. En primer lugar, no se trata de un fenómeno aislado, sino de un gesto al imperialismo en el marco de un proceso de apertura iniciado años atrás. En segundo lugar, intenta preservar el régimen de partido único para resguardar los intereses de la burocracia. Y en tercer lugar, golpea el monopolio del comercio exterior y el control estatal de la producción.
Del cerco imperialista a la burocracia castrista: la crisis humanitaria en Cuba
Debido a la falta de suministro de combustible, la crisis en la isla se ha agudizado de forma dramática. Solamente un buque ruso con 100.000 toneladas de petróleo llegó a Cuba desde enero.
Sin embargo, la burocracia cubana también una enorme cuota de responsabilidad en la crisis, principalmente porque protege sus intereses a costa y descarga el costo de la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador.
Por ejemplo, mientras los cortes de luz son lo normal en La Habana, la Torre K (parte de GAESA), un hotel de 44 pisos que sobresale en medio de ruinas y cuyos materiales de construcción la población no se explica de dónde salieron, se erige como un signo de los privilegios de la burocracia cubana. Este edificio no recibe turistas y aun cuando se encuentra cerrado desde marzo, se mantiene con las luces encendidas de forma permanente, mientras todas las casas y lugares a su alrededor están a oscuras la mayor parte del día.
Tal como se detalla en la nota, las centrales termoeléctricas de la isla datan de las décadas del 60 y 70 y están obsoletas. Nueve de las 16 unidades están fuera de servicio. De forma absurda, en los últimos 15 años la burocracia ha invertido 24.000 millones de dólares en hoteles. Es decir, el gobierno priorizó invertir en bienes inmuebles que pueden ser convertidos en propiedad privada y no en infraestructura para garantizar la cobertura de necesidades de la población.
Al respecto de la situación humanitaria, las condiciones de deterioro social se expanden en la isla, en las calles es común encontrar a menores de edad pidiendo ayuda, se acumula la basura y crecen la explotación sexual y el consumo de drogas. Es decir, las masas trabajadoras se encuentran en condiciones precarizadas entre los ataques imperialistas y los intereses de la burocracia.
Según investigaciones de la ONU, el país atraviesa una severa crisis humanitaria. “Todas estas mujeres piden las mismas cosas: electricidad, alimentos, medicamentos y agua”, señaló Edem Wosornu, una de las investigadoras de las Naciones Unidas.
El colapso se extiende desde la falta de energía eléctrica —con alumbrones cada vez más esporádicos— hasta la paralización casi completa del transporte público, el desabastecimiento de agua y alimentos, y el colapso del sistema hospitalario.
Para el organismo internacional, “el impacto combinado de la crisis energética derivada de las órdenes ejecutivas estadounidenses y otras sanciones, junto con los huracanes y otros desastres naturales, es de gran alcance y se expande a diario”. Se reporta que más de 100.000 intervenciones quirúrgicas han sido pospuestas debido a la escasez de medicamentos y suministros médicos. La situación humanitaria se torna aún más dramática ante las inmensas dificultades para trasladar insumos básicos a la isla.
En vista de lo anterior, la crisis de la isla no es únicamente por la injerencia del imperialismo. También obedece al rol de la burocracia cubana, una clase política que protege sus intereses particulares y avanza en el curso restauracionista del capitalismo. Las reformas que implementó el gobierno implican un “giro copernicano” que acelera la transición a la economía de mercado. En medio de esta encrucijada se encuentran las masas trabajadoras cubanas, que eventualmente podrían irrumpir en la escena política y cambiar el curso del proceso.
