El próximo 6 de agosto está previsto en el Senado el tratamiento del proyecto de Ley, denominado de inviolabilidad de la propiedad privada… Lo de inviolabilidad es un mero eufemismo para referirse a una Ley que abre de par en par las puertas a la balcanización de la Argentina y a su disolución como Nación. Debería llamarse Ley de desguace, a precio vil, del territorio nacional. Lo que busca el anteproyecto de Ley es destruir la Ley 26.737, conocida como Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, que sancionara CFK en diciembre de 2011, y que designó a la doctora Florencia Gómez,–de excelente gestión– , como primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales. El puntapié inicial de dicha Ley fue el Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y tenencia de la Tierra, que organizó la Federación Agraria Argentina (FAA), en Parque Norte, donde más de 2000 delegados en representación de 135 organizaciones de productores y 35 comunidades de pueblos originarios de toda América Latina, se reunieron durante los días, 30 de junio y 1 de julio del 2004, a debatir sobre el Uso y tenencia de la Tierra. El evento contó con el apoyo financiero y político de Néstor Kirchner y fue coordinado por dos funcionarios de la secretaría de Agricultura: Pedro Cerviño y el ingeniero José Catalano. Las deliberaciones las abrió el Secretario Javier de Urquiza y las cerró el recordado Secretario de DD.HH. de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Terminado el Encuentro se presentó por la Mesa de Entrada del Congreso Nacional, el primer anteproyecto de Ley contra la extranjerización de tierras. Varios diputados lo tomaron y le dieron estado parlamentario, pero no se logró su sanción. Durante la presidencia de CFK, ésta le pidió al ministro de Agricultura, Julián Dominguez, que redactara uno definitivo. Éste convocó a dos de las mejores plumas jurídicas del campo nacional y popular, como lo son los doctores Eduardo Barcesat y Aldo Casella, quienes le dieron forma definitiva al texto.
Esta Ley fue votada por unanimidad en el parlamento y defendida por todos los bloques, excepto por el senador Juan Carlos Romero, de Salta, un conocido dilapidador de tierras públicas, cuando fue gobernador. Esta norma, como bien dijo la expresidenta, no era estatista, ni soviética, sólo buscaba “conservar las tierras en el dominio nacional”, era muy moderada, acorde con lo que hacen otros países, como Estados Unidos, Canadá, o las monarquías familiares del Golfo Pérsico, donde un extranjero no puede comprar ni un grano de arena; pero ellos vienen a comprar acá. ¿Reciprocidad?, te la debo. No se metía con el latifundio, no prohibía la inversión extranjera, nada excepcional, sólo quería saber la trazabilidad de la tierra, quién compra, quién vende, dónde; es decir tener información. Pero esa ley “moderada” fue desguazada por el decreto 820 de Macri, lo que la hizo más moderada aún. Un párrafo para el inefable Alberto Fernández, que en cuatro años de mandato y a pesar de reiterados reclamos de organizaciones de la Agricultura Familiar, de varios diputados y especialmente de la ex senadora Marilín Sacnun, no hizo absolutamente nada para derogar el decreto de Macri. Inolvidable ministra Marcela Losardo.
El gobierno de Milei, quiere eliminar el límite del 15%, que fija la Ley, sacar el tope de 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad dentro del límite, derogar la restricción de hasta 1000 hectáreas en la zona núcleo y pulverizar la prohibición de compras de tierra por extranjeros en zonas de fronteras. El combo entreguista se completa con: desactivación de la obligación de registrar las ventas de tierras, y supresión de los controles del Estado, eliminando el Consejo Interministerial de Tierras Rurales..
Ahora en Argentina hay 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, es el 5% del territorio nacional, la Ley habilita hasta el 15%. O sea que todavía quedan 26 millones de hectáreas que pueden comprar foráneos.¿Por qué se quiere derogar la norma, si todavía no se llegó ni al 30% del cupo permitido? ¿Cuál es el apuro? ¿Qué buscan ? Una hectárea en la pampa húmeda vale aproximadamente 17.000 dólares la hectárea. Nadie va a comprar 1000 hectáreas, que es el límite que permite la ley en la pampa húmeda, e invertir 17 millones de dólares en tierras, para sembrar maíz o soja, que le va a demandar 50 años recuperar la inversión…¿ Puede ser lavado, blanqueo, narcotráfico? SÍ, puede ser. Pero hay algo más diabólico que esconde este intento desregulador. La trampa se huele desde lejos.
Y no se soluciona trasladando a las provincias la autoridad de aplicación de la Ley; que es el mejorado que se le quiere incorporar, para conseguir los votos de los gobernadores. Este toma y daca, les daría a éstas, la facultad de determinar: la cantidad de tierras y la localización de dónde pueden comprar los extranjeros. O sea, las provincias van a ser dueñas del suelo, del subsuelo y ahora de la potestad de determinar el dónde, el cuánto y el cómo, de la extranjerización de la tierra. Peligrosísimo, bajemos las persianas de un país que conocimos como Argentina. De ahí a la balcanización tipo Yugoslavia o Colombia, hay un paso: de esta “joda”, salimos con 5 o 6 Argentinas: una del petróleo, otra del litio, otra de la soja, etc.
Panamá era una provincia de Colombia, merced a la intervención directa de los EE.UU., para hacer un Canal Interoceánico, más la concupiscencia de un presidente imbécil y cipayo, igual al nuestro, como lo fue José Manuel Marroaquín, se independizó. Cuando Colombia quiso recuperar el istmo, ya estaban los marines yankis cuidando la “independencia” panameña y el canal en marcha.
Ese es el camino que empezó a recorrer la Argentina, estas reformas nos llevan con rumbo a Panamá. Miren lo que dijo en el IEFA Latam Forum, el 22 de Marzo 2026, el asesor corrupto de Milei, Damian Reidel: ”Contamos con grandes extensiones de tierra con acceso a energía, con acceso al agua, en climas fríos que es como la cereza en el pastel para el enfriamiento de los sistemas, y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos.No hay tantos lugares así en la tierra, con esas cosas.
Caza bobos
Obviamente el problema de esta zona, es que está poblada por argentinos, así que eso es lo único que tenemos que solucionar”… A confesión de parte, relevo de prueba. El verdadero objetivo que persigue esta ley caza bobo, es el desguace del territorio Argentino, su balcanización. Llaman a la Ley como la llaman, porque hacen como el tero, que grita en una lado y pone los huevos en otro.
¿Cuánto tiempo puede pasar, una vez sancionada la Ley, para que una provincia con recursos petroleros o mineros importantes, se declare independiente, tal como amenazó el exasperante gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo? Nada, y a las 24 horas, Estados Unidos e Israel, reconozcan al nuevo Estado, y los marines y soldados israelíes, que ya están en la zona, asuman, – como en Panamá-, ser la guardia pretoriana del nuevo estado “independiente”. Muchos gobernadores argentinos y el propio presidente, son más peligrosos para la Soberanía Argentina, que la embajada yanky. Éste es el verdadero peligro que esconde esta Ley. Como decía Jauretche: “el problema no es el gringo que invade, sino el criollo que vende”.
El tema de la extranjerización de la tierra, y más en este contexto, está conectado directamente con la concentración de tierras y rentas. Hay que tener muy claro que no hay un latifundio nacional bueno y otro extranjero malo, son los dos malos, y los dos son un peligro para la soberanía nacional y el desarrollo industrial del país. El latifundio es una rémora feudal que es mala per se. ¿Qué hace mejor a las 70.000 hectáreas de la familia Brito, en Salta, que las 15.000 de Lewis en Río Negro ? Nada . ¿Cuál es la diferencia de las 420.000 de Elsztain, con las 900 mil de Benetton, o con las 100.000 de Sigman? Ninguna. Todas generan atraso, migraciones rurales, pobreza y falta de arraigo. Todas destruyen más de lo que generan. El latifundio es el mayor cáncer social, cultural, político y económico que padece la Argentina desde que se independizó de España. Y la invisibilización de su existencia, es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente. Si no nos sacudimos ese yugo, jamás nos vamos a poder industrializar y ser una nación independiente.
Tierra hay la que hay, no se puede fabricar más,”compren tierras no se fabrica más”, decía el escritor Mark Twain. Por eso la que existe, debe ser administrada con mucho cuidado: cuanto más tierra acapara José Latifundista, menos tierra hay para Juan Pueblo. No se puede comprar una máquina que fabrique tierra. ¿Se entiende? Y de ahí viene el 97% de los alimentos que consumimos, toda el agua que tomamos y el aire que respiramos, vaya “detalle” , ¿no?
Por esos “detalles”, quién es el dueño de la tierra, no es inocuo, no da lo mismo, ni el tamaño de la propiedad, ni qué se cultiva, ni quién la cultiva, porque de ella dependemos los 47 millones de Argentinos/as. La tierra es vital para la supervivencia humana, parece una verdad de perogrullo pero no lo es ¡Imaginate si a la Sociedad Rural le va importar !
La propiedad privada de la tierra tiene que tener una clara y nítida orientación social, tal como lo estableció la Constitución de 1949. Y lo reiteró el Art 1 del anteproyecto de Ley Agraria de 1974: “el dominio, la tenencia y el uso de la tierra apta para la explotación agropecuaria, quedan sujetas a las limitaciones y restricciones que determinaron en esta Ley con el objeto de garantizar la función social de la misma”. El peronismo fue el único gobierno en toda la historia Argentina, que dio status de política pública a la lucha contra el latifundio.
Infame traidor a la patria
El que defiende o vota esta ley “de inviolabilidad de la propiedad privada”, es un infame traidor a la patria.
Es imperioso que todas las fuerzas políticas, nacionales y populares firmen un Acta acuerdo, que en caso de acceder al gobierno y esta norma infame logre sancionarse, se van a desconocer todas las compras realizadas bajo su amparo. Y comunicar que la Argentina se va a retirar del Tribunal Arbitral de Controversias, del Banco Mundial (CIADI). Hay que quitarle legitimidad política, jurídica y parlamentaria a la entrega del patrimonio nacional.
La integridad territorial de la Argentina está en juego, la existencia misma de la Nación está en peligro, no es momento para tibios, ni cobardes.
