Gonzalo Mórtola, ex interventor de la Administración General de Puertos, citado a declaración indagatoria

El exfuncionario macrista, dependiente de Guillermo Dietrich, está siendo investigado por perjuicio al Estado por 76 millones de dólares. Es por la venta de terrenos en el puerto de Buenos Aires. Una contratación poco clara para habilitar un fabuloso negocio inmobiliario.

Un hombre clave en el manejo de los terrenos de Retiro y Puerto Madero durante la gestión  macrista, Gonzalo Mórtola, fue citado a indagatoria en una causa por «defraudación a la administración pública» que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. Mórtola fue interventor de la Administración General de Puertos bajo la gestión del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, y tuvo directa participación en las licitaciones por las cuales la AGP perdió un tercio de sus terrenos. Los beneficiarios de la transferencia de esas tierras altamente valiosas para el negocio inmobiliario fueron las desarrolladoras Consultatio (Eduardo Constantini), TGLT Sociedad Anónima (relacionada con Nicolás Nicky Caputo) y Fideicomiso BAP (Edmond Safra, banquero vinculado a la familia Macri). La SIGEN denunció la venta de esos y otros terrenos, calculando un perjuicio superior a los 76 millones de dólares para el Estado nacional.

En principio, Mórtola está imputado junto a otros tres funcionarios que lo secundaban, por la contratación de la empresa española Indra en 772.500 dólares para elaborar los pliegos de la licitación de los terrenos. Pero Indra no tenía ninguna experiencia en la materia, no hubo concurso de ofertas para decidir la contratación y, además (aseguran trabajadores de AGP) en definitiva tampoco redactó los pliegos, tarea que recayó en personal de planta de la repartición.

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Las sospechas van más allá de esa oscura contratación. Entre 2016 y 2018, la administración macrista fue concretando el remate del 35% de los terrenos del puerto de Buenos Aires, destinados a desarrollos inmobiliarios en las zonas de Retiro y Puerto Madero. Este «proyecto» iba a ser complementado con la licitación para la renovación del Puerto de Buenos Aires, que no se concretó por las denuncias contra el entonces interventor y el responsable de Transporte, por presunto intento de digitar el concurso en favor de una operadora portuaria auspiciada por Nicky Caputo.

Con la disposición 97/2016, del 31 de agosto de ese año, la AGP perdió un tercio de sus terrenos, 33 hectáreas en la zona de Retiro y Puerto Madero, de altísimo valor comercial. Los ganadores en la venta de terrenos, ejecutada entre 2017 y 2018, fueron tres: Consultatio, de Eduardo Constantini, TGLT Sociedad Anónima, vinculada a Nicolás Caputo, y “Fidecomiso BAP”, del banquero Edmond Safra, CEO además del fondo de inversiones EMS Capital.

Algunas de las varias investigaciones acerca de cuentas offshore y movimientos de fondos no declarados que involucran a la familia Macri, mencionan al banco de Safra como «facilitador» en la constitución de dichas cuentas en guaridas fiscales.

Otra de las irregularidades que vician la transferencia de los terrenos, cuyos antecedentes están incorporados al expediente en el jugado de Martínez Giorgi, es que el decreto que autorizó su venta, el 1173/16 firmado por Mauricio Macri, invoca «el dominio privado del Estado nacional» sobre esas tierras. Pero los terrenos pertenecientes al puerto de Buenos Aires incluidos en el decreto tienen otro carácter legal: son de «dominio público» del Estado nacional, calificación que los obliga a pasar por el Congreso Nacional para aprobar su venta.

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Ni siquiera la manzana sobre la que tiene sede la AGP se salvó del remate. Un decreto posterior incluyó el 80% del terreno sobre las calles Azopardo y Belgrano, a pocos metros del edificio de la Aduana, con lo cual la locación de las oficinas de esa repartición quedó reducida al resto.

Mórtola tiene cita con el juez Martínez Giorgi el 23 de septiembre a las 11,15 horas. Allí deberá dar las explicaciones sobre estos asuntos.

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