La Cámara archivó la causa de Socma y el procurador Casal cerró el sumario contra la fiscala

Dos decisiones adoptadas en un mismo día dejaron al desnudo la persecución del macrismo contra la fiscala Gabriela Boquin, quien sacó a la luz en 2017 el escándalo del Correo: la Cámara Federal archivó este jueves por inexistencia de delito una denuncia penal que le había hecho la empresa Socma de los Macri mientras que el procurador interino Eduardo Casal cerró un sumario en su contra después de que un fiscal instructor, el Consejo Evaluador y la Asesoría Jurídica coincidieran plenamente en que no hay razones para atribuirle «situaciones de maltrato» como las que se le intentaron endilgar. La causa penal también intentaba involucrar al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien había pedido la quiebra del Correo, y al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien había detectado balances irregulares.

El sumario contra la fiscala (que actúa ante la Cámara Comercial) se inició con las denuncias de dos empleadas suyas que alegaban situaciones de supuesto maltrato justo en 2018 cuando crecían las sospechas sobre el Correo: Boquin había frenado un intento de acuerdo entre la empresa y el Estado cuando gobernaba el propio Mauricio Macri al evaluar que se intentaba licuar el 98.87 por ciento de su deuda, lo que resultaba «ruinoso» y «abusivo» –dijo– para las arcas públicas; a eso sumó denuncias por maniobras de vaciamiento y desvíos millonarios en el contexto del concurso de acreedores de la firma postal. Ese expediente interno que estuvo a cargo del procurador interino Casal duró estos casi cuatro años durante los cuales operó como un claro intento de presión sobre la fiscala, a quien –además– los Macri también intentaron apartarla a toda costa del expediente concursal, que finalmente desembocó en un declaración de quiebra. Como fue apelada, Boquin tendrá que dar su opinión.

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El sumario en cuestión pasó para varias etapas y por las manos de distintos funcionarios/as: el fiscal instructor fue Fabián Céliz; en el Consejo Evaluador estuvo integrado por Alejandro Alagia, Julio Piaggio, Susana Pernas, Guillermo de la Fuente y Oscar Ciruzzi; también participó la Asesoría Jurídica. El informe final firmado por Casal, dice que no se encontró «inconducta» alguna ni «situaciones de maltrato». Trata de justificar el exceso proceso con afirmaciones como esta: «la doctora Boquin posee una fuerte personalidad y un importante don de mando que exige lo mejor de sus dependientes, pero que ella a su vez, estimula con esfuerzo y ejemplo que no es más que una forma de ejercer el liderazgo…»

La denuncia penal de Socma –accionista controlante de Correo– planteaba la existencia de una suerte de confabulación contra la empresa, donde acusaban a Boquin de querer causarle un perjuicio con sus dictámenes y supuestos datos falsos o cálculos erróneos (hasta ahora respaldados incluso por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que depende de la Corte Suprema)  y el reprochaba sus denuncias sobre desvíos de dinero. La misma acusación abarcaba a Zannini, quien como representante del Estado rechazó las ofertas del Correo (la última era pagar una sexta parte de lo adeudado) y pidió la quiebra, y a Nissen, quien sumó evidencias de un pacto sospechoso del Correo con su acreedor privado más grande, el Meinl Bank, un banco austríaco acusado de lavado de dinero e inhabilitado ahora para operar, que había aceptado el congelamiento de lo que la empresa le debía al valor del dólar de 2013, que era de 6,5 pesos.

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El juez Sebastián Casanello cerró la causa por inexistencia de delito, en consonancia con el fiscal Carlos Rívolo, en dos oportunidades. Pero la Cámara Federal, con otra integración distinta a la actual (Martín Irurzun y Mariano Llorens) le decía que faltaban  medidas de prueba que había pedido Socma. Pretendía, por ejemplo, que se investigaran las llamadas de las y los funcionarios/as denunciados/as y también las de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, hasta incluso meterse en sus correos electrónicos, pedía citar como testigos, al exministro de Justicia Germán Garavano, al exsenador y actual auditor Miguel Angel Pichetto y al diputado macrista Pablo Tonelli, además del director del Correo, Jaime Cibils Robirosa, interesado en impuslar la denuncia, imputado en el expediente penal donde se investiga el acuerdo revelado por Boquin. El objetivo evidente era generar un contraataque en Comodoro Py y sumar escollos a una posible declaración de quiebra.

Esta vez cuando la causa volvió a la Cámara Federal, junto con Irurzun participaron Eduardo Farah y Roberto Boico. Los dos últimos coincidieron con Casanello en que no había delito que investigar. Es «dificultoso identificar un objeto procesal claro, identificable y concreto, porque en la versión de una suerte de ´complot´entre agentes que trabajan en diferentes órbitas del Estado parecería que se pretende englobar todo acto que aquellos desplegaron en ejercicio de sus funciones (en derredor de la materia, claro está) como sospechoso de delitos (…) se carece de una base fundamental para la consecución del proceso», opinó Farah. Este juez, además, alertó que la investigación parecía una causa montada «por las dudas» en busca de algún «elemento sospechoso». Llamó la atención sobre algo frecuente en Comodoro Py: «Hay signos de prácticas tendientes a incluir en la instancia judicial hechos que hacen exclusivamente a la política y que, como tales, tienen su ámbito de debate público en espacios ajenos a éste». Boico remarcó que la querella de Socma llevó al plano penal su disconformidad ante proceso del concurso de acreedores y que «no exhibe condiciones tales que permitan habilitar una instrucción penal sobre la base de las hipótesis introducidas (…) no es viable hacer lugar al tipo de investigación que se promueve».

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