La Justicia rechazó una medida cautelar contra el aporte solidario

La justicia rechazó a Alejandra Elizabeth Coto, hija de Alfredo Coto, el pedido de quedar exceptuada de pagar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº2 implica que la demandada deberá pagar casi 643 millones de pesos y además la intimó para que «en el término de cinco días ingrese el saldo faltante en concepto de tasa de justicia, equivalente al tres por ciento de la suma total del aporte extraordinario».

«Resulta conveniente recordar que la demanda instaurada consiste en una acción contra la AFIP con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.605 en relación a la aplicación del aporte solidario y extraordinario», indica el escrito.

Además, detalla que Alejandra Elizabeth Coto pedía en particular la inconstitucionalidad de la alícuota diferencial incrementada para los bienes situados en el exterior, que establece el régimen del aporte. Según la demandada, «esa regulación contraviene las garantías constitucionales de igualdad, capacidad contributiva y razonabilidad; habida cuenta de que ese incremento no atiende a la valuación de los bienes que hacen a la esencia y objeto de este gravamen, sino a su ubicación territorial, agravando ilícitamente la carga fiscal de su mandante».

En el último bimestre, el aporte solidario recaudó más de 100 mil millones de pesos, fueron 80.234 millones de pesos en mayo y otros 24.771 millones de pesos en junio. Desde su puesta en marcha, la recaudación total supera los 232 mil millones de pesos. Se calcula que de las cerca de 12 a 13 mil potenciales contribuyentes del aporte, unas 10.500 personas ya ingresaron al régimen.

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La titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, admitió que «muchos contribuyentes pagaron por la vía judicial» y recordó que «la respuesta de la Justicia ha sido por lo general más favorable al fisco».

La ley estableció que los recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20 por ciento), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20 por ciento), inyectar más recursos en las becas Progresar (20 por ciento), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15 por ciento) y apuntalar la inversión en el sector gasífero (25 por ciento).

La primera distribución de los fondos se concretó en favor del Ministerio de Salud para la compra de vacunas y Ministerio de Educación para becas Progresar, la Secretaría de Energía para apuntalar la producción de gas natural, el Fondo de Integración Socio Urbana para mejorar condiciones habitacionales de barrios populares y otro tanto para el Ministerio de Trabajo para sostener planes de apoyo para pymes.

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