Hay nueve imputadas, entre ellas monjas, una directiva y una cocinera

La justicia confirmó que en abril comenzará el segundo juicio por los abusos cometidos en el Instituto Antonio Próvolo, de Mendoza, contra niños hipoacúsicos, y que juzgará a nueve imputadas, entre ellas monjas, directivas y una cocinera del establecimiento. «La prueba es abrumadora porque no solo hay testimonios que establecen la veracidad de los delitos denunciados por peritos oficiales y de parte, sino también muestran el perfil psicológico de las imputadas y la prueba objetiva que son documentaciones como libros y material que utilizaban para cometer los abusos sexuales y ocultarlos», afirmó el abogado querellante Sergio Salinas. El proceso oral comenzará el 12 de abril.

Este será el segundo juicio, luego de que a fines de noviembre de 2019, el cura Horacio Hugo Corbacho Blanck, de 59 años, resultara condenado a 45 años de prisión, su par italiano Nicola Corradi, de 83, recibiera una pena de 42 años y el ex jardinero Armando Gómez, de 49, fuera sentenciado a 18 años.

En el nuevo juicio, «se ventilará la responsabilidad de la gente a cargo, las directivas, las monjas, la cocinera y la psicóloga, quienes conociendo de los abusos, sistemáticamente lo ocultaban”, confirmó el abogado Salinas.

El querellante detalló que entre la prueba «hay elementos secuestrados como cadenas, pastillas anticonceptivas, ropa interior con semen y los pañales que usaban las monjas para encubrir los abusos sexuales a niños y niñas cuando eran muy pequeñas”. Todo lo acreditado en el expediente «demuestra un correlato de lo que allí sucedía, sobre todo las denuncias penales que ya para el 2006, 2007 y 2008 demostraban los indicadores de hipersexualidad y comportamientos agresivos que tenían las víctimas en aquel entonces».

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Los abusos en el Próvolo se conocieron en 2016, cuando Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, contó en la Legislatura de Mendoza lo que ocurría en la institución. El docente lo hizo ayudado por un intérprete de señas, el 18 de noviembre de ese año, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño organizada en la Legislatura, tras lo cual una senadora radicó la denuncia a la justicia.

El primer juidio demandó 49 jornadas; se realizó a puertas cerradas -porque los delitos eran de instancia privada- y contó con la participación de intérpretes de lenguaje de señas. En distintas jornadas, diez ex alumnos declararon a través de cámaras Gessell, algunas grabadas previamente y otras bajo en vivo y en directo, con el acompañamiento del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (Edeaas). Las declaraciones dieron cuenta de «insinuaciones, obligación de ver material pornográfico y tocamientos hasta violaciones y ataques grupales», además de «encubrimiento de los vejámenes y todo tipo de maltratos sufridos durante años».
En tanto, psicólogos y psiquiatras que declararon ante el tribunal coincidieron en señalar que los testimonios de las víctimas eran «coherentes y verosímiles”.

El veredicto llegó un día antes de que se cumplieran los plazos de las prisiones preventivas contra los imputados, que Corbacho y Gómez cumplían en un penal y Corradi en prisión domiciliaria.

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