Menos de un 10 por ciento del presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) será para gastos reservados, lo que, en la práctica, significará la contracara de la tendencia que prevaleció en los últimos cuatro años. Desde 2016, Mauricio Macri volvió secretos los fondos que se manejaban en la exSIDE, lo que favoreció operaciones políticas y judiciales, así como negociados que actualmente se investigan en, al menos, tres causas en la justicia federal.

Desde la intervención de la AFI informaron que 348,5 millones de pesos serán destinados el año próximo a fondos reservados, lo que representa un 9,9 por ciento de los 3.518,7 millones de pesos estimados en gastos para la central de inteligencia, según el presupuesto que el martes giró el gobierno para su tratamiento en el Congreso.

En 2019, cuando todavía Gustavo Arribas estaba al frente de la Agencia, el 99,5 por ciento de los fondos revestía el carácter de secreto, según estimaciones realizadas desde la intervención de la exSIDE. Sólo unos mínimos gastos como los sueldos de Arribas y su número dos, Silvia Majdalani, quedaban fuera de esa lógica. Para el resto imperaba el secreto.

Antes de que se cumplieran los seis meses de gobierno, Macri firmó el decreto 656, que dejaba a toda la Agencia debajo del paraguas del secreto. Desde el valor del papel que compraban en la exSIDE hasta los acuerdos que firmaban con otros organismos extranjeros era información clasificada. Históricamente los gastos reservados se emplearon para la realización de operaciones y, desde el año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dio por acreditado que se emplearon esos fondos para pagar una declaración y desviar la investigación del más trágico atentado de la historia argentina, el de la AMIA.

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Los fondos de la AFI fueron aumentando año a año durante la gestión de Arribas y Silvia Majdalani. En 2016, el presupuesto era de 1449 millones de pesos y, al año siguiente, se produjo un incremento de más del 24 por ciento, lo que lo llevó a 1804 millones. En 2018, el dinero destinado a la Agencia superó los 2178 millones y en 2019 trepó hasta casi los 2700 millones de pesos. Durante este año, la AFI funcionó con el presupuesto de 2019. Para el año próximo, se prevé que la administración de la central de inteligencia cuente con 3518 millones de pesos.

Meses atrás, la interventora Cristina Caamaño rediseñó la estructura de la AFI. Eliminó el cargo del subdirector de la Agencia, más conocido como el Señor o Señora 8, y creó tres secretarías. Una de ellas es la de Administración y Apoyo, que concentra tres áreas especialmente sensibles de la AFI: la administración financiera, asuntos jurídicos y recursos humanos. Estas áreas son las que se consideran administrativas y, en general, han sido dependencia directa del director general de la Agencia. Durante la gestión Arribas, la dirección de Gestión Económica y Financiera estuvo en manos de Juan José Gallea; Asuntos Jurídicos, de Juan Sebastián De Stefano y Recursos Humanos, de Silvia Girón, la exesposa de Arribas.

Por las compras sin límites dentro de los dominios de Gallea, la interventora en la AFI presentó tres denuncias en el último mes en los tribunales de Comodoro Py. La primera, que tramita en el juzgado que dejó vacante Rodolfo Canicoba Corral y subroga Julián Ercolini, está enfocada en las costosas refacciones que ordenó Arribas a poco de llegar a la AFI. Entre ellas, remodeló todo el quinto piso del edificio de 25 de mayo, donde estaba su oficina.

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La segunda denuncia tramita en el juzgado de Luis Rodríguez, quien delegó su instrucción en la fiscal Alejandra Mángano. Esta denuncia toma los gastos exorbitantes realizados para una cumbre de espías iberoamericanos en el Llao Llao o una jornada de capacitación de una empresa mexicana para el uso de los polígrafos, una innovación de la gestión Arribas, entre otros hechos.

La tercera presentación de Caamaño fue realizada el 8 de septiembre pasado y está manos de la jueza María Servini, que deberá investigar la adquisición sin regirse por ninguna de las normas de la administración pública de una serie de programas informáticos que se usaron tanto al interior de la Agencia así como para el relevamiento de fuentes abiertas antes de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2017 y la del G20 de 2018.

Una cuarta causa ilustra también el desmanejo financiero y administrativo de la AFI macrista. En ese caso, el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González investigan la venta de 252 armas a precio irrisorio a los propios integrantes de la Agencia, lo que funcionó como un negocio más que interesante para los agentes –-especialmente los de más alto rango que tenían prioridad a la hora de elegir las pistolas, escopetas o revólveres-– y una forma de hacer caja por parte de la exSIDE.

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