Tras una inspección ocular al lugar de los hechos, los jueces establecieron que los efectivos de la Bonaerense tuvieron un accionar criminal, al no sofocar el fuego a tiempo y obviar la asistencia a las víctimas.
Podrían haber apagado las llamas con rapidez y desoyeron los gritos de auxilio de los presos.
Los efectivos de la Policía bonaerense acusados por la Masacre de Pergamino, en la que siete presos murieron al incendiarse un calabozo de la principal comisaría de esa ciudad en marzo de 2017, quedaron más complicados, debido a que tras una inspección ocular al lugar de los hechos, los jueces establecieron que tuvieron un accionar criminal, al no sofocar el fuego a tiempo y obviar la asistencia a las víctimas
Este trámite, en el marco del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Pergamino, se concretó a pedido de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y que interviene como querellante en la causa, donde se solicitó que se efectuara un reconocimiento de las instalaciones de la seccional policial y fundamentalmente, del sector de calabozos.
La visita de los magistrados Guillermo Burrone, Danilo Cuestas y Miguel Gaspari, «permitió corroborar espacial y materialmente lo declarado por los sobrevivientes en las audiencias», que fueron previas al debate, en este proceso contra el teniente primero Sergio Rodas, los oficiales Alexis Eva y Matías Guillieti, el sargento César Carrizo, la ayudante de Guardia Carolina Guevara y el comisario Alberto Sebastián Donza, todos imputados por el delito de «abandono de persona seguido de muerte».
De acuerdo a lo indicado por la CPM, la inspección se hizo además con la presencia del fiscal Néstor Mastorchio y los familiares de las víctimas, que ingresaron por primera vez a la comisaría 1era. de Pergamino desde el día del hecho, junto a sus abogados y los letrados defensores de los acusados, ya que los policías decidieron no asistir.
En el inicio del juicio, ocho de los doce sobrevivientes declararon, coincidiendo en que los efectivos «tenían visión del sector» donde se originó el incendio, en el pasillo adyacente a la celda Nro. 1, y que «resultaba imposible» que no hayan oído los gritos de auxilio «desde cualquier rincón de la dependencia».
«Desde el primer momento se pudo apagar el fuego, era muy menor y estábamos todos encerrados», dijo uno de los testigos, mientras que otro agregó que «el imaginaria lo tenía a dos metros y era un pedazo chico de colchón, por lo que lo podría haber apagado tranquilamente». «En resumen, todas las personas que estaban detenidas coincidieron en señalar que los policías de servicio tuvieron la capacidad y el tiempo para intervenir pero no hicieron nada», manifestaron desde la CPM y añadió que «el reconocimiento del espacio no hace más que reforzar el testimonio de los sobrevivientes».
Además, aseguraron que los pedidos de ayuda se escuchaban «incluso desde el despacho del comisario Donza», quien huyó tras el hecho y se mantuvo prófugo, hasta que se entregó en mayo de 2018, «sin que los funcionarios hicieran nada para socorrer» a los detenidos.
El espacio mantiene aún las marcas del horror: se pudieron reconocer ropas y zapatillas que pertenecieron a los jóvenes que allí fallecieron. Para las madres, el dolor de esta jornada no hace más que revalidar la necesidad de conseguir justicia que las impulsó desde el primer momento.
Ese mismo deseo fue parte del proyecto colectivo que permitió la desafectación de la comisaría y la creación en ese lugar de un espacio de memoria, ya que además el lugar fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar», concluyeron.
Cabe recordar que la denominada Masacre de Pergamino ocurrió en horas de la tarde del 2 de marzo del 2017, luego de que dos presos fueran acusados de iniciar una pelea, que derivó en la quema de un trozo de colchón en la zona de calabozos de la comisaría 1era, situada en la calle Dorrego 654 en pleno centro de la ciudad, donde había un total de 19 detenidos.
Por esa situación, los policías encerraron a todos los presos en la misma celda y, a partir de esto, se dio una escalada de hechos que terminó en el incendio que provocó la muerte de Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizzarro (27), John Mario Chillito Claros (25 y-de nacionalidad colombiana), Juan Carlos Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24). Todos fallecieron, según las autopsias, por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego.
