Manuel Adormi y otros ministros duplicaron sus salarios mientras las universidades públicas pierden recursos, programas y poder adquisitivo. Becas desaparecen, laboratorios cierran y estudiantes lidian con menos apoyo, en medio de un ajuste que muestra con claridad quién gana y quién queda atrás.
El Decreto 931/2025 formalizó un aumento cercano al 100% para ministros, secretarios y subsecretarios. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, pasó a cobrar casi 7 millones de pesos por mes, mientras otros funcionarios alcanzan cifras similares. Antes del ajuste, un ministro recibía poco más de 3,5 millones.
El argumento oficial habla de “ordenar” la estructura salarial. Pero para quienes viven del salario docente, la medida es un recordatorio brutal de la distancia entre los ingresos de la cúpula y la realidad de las aulas.
Universidades en caída libre
Mientras la cúpula del Estado celebra su aumento, las universidades públicas enfrentan un panorama crítico. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre 2023 y 2026 las transferencias estatales a universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales.
El dinero destinado a gastos básicos -luz, mantenimiento y funcionamiento- hoy equivale al 40% de lo que valía en 2023. Las universidades siguen abiertas, pero con menos recursos para sostener el día a día y limitar su capacidad de inversión y crecimiento.
Salarios docentes: cada vez más lejos de la inflación
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios subieron un 158%, mientras la inflación acumulada llegó al 280%.
La diferencia marca una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a más de siete sueldos mensuales. Para recuperar lo perdido, los docentes necesitarían un aumento adicional del 47,3%.
Ciencia, becas y extensión: áreas al borde del colapso
El ajuste se siente en programas esenciales:
- Ciencia y técnica: funcionan con apenas el 38% del presupuesto de 2023.
- Extensión universitaria: recibe solo el 1% del presupuesto anterior, dejando al margen los programas que conectan universidades con la sociedad.
- Becas Progresar: operan con el 26% de los fondos; en términos reales, la caída supera el 95%.
- Infraestructura universitaria: sin financiamiento.
Cada porcentaje no es solo un número; son estudiantes que dejan de acceder a becas e investigadores que cierran laboratorios.
Mientras duplican sueldos, las universidades siguen sin fondos
El Gobierno no cumple la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025, que debía asegurar un presupuesto mínimo actualizado por inflación, salarios docentes y becas.
Para “armonizar recursos” con el Presupuesto 2026, envió un proyecto que reemplaza la recomposición retroactiva por aumentos escalonados del 4,1% y elimina la actualización automática por inflación.
El CIN presentó un amparo y el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar por “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Mientras la cúpula del Estado duplica sus sueldos, las universidades públicas pierden recursos, programas y poder adquisitivo, mostrando cuáles son las prioridades del Gobierno.
