El Gobierno argentino fue, sin dudas, el gran facilitador de la fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, de la que algunos funcionarios se jactan. Más allá de la cuestión política, tres denuncias de las últimas horas advierten que quienes participaron de todo el operativo deben ser responsabilizados penalmente por esta colaboración. Las presentaciones apuntan, por empezar, al presidente Javier Milei, pero piden que la investigación abarque al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva (de quien depende Migraciones) y a Santiago Caputo, entre otros. Las hipótesis van desde el posible encubrimiento del senador y excandidato con causas por lavado y otros fraudes en Brasil, el uso de recursos públicos para ayudar a un prófugo de la justicia brasileña, haber facilitado el tránsito irregular de un país a otro —o en otros términos, se refieren al tráfico de personas—, haber ayudado a la permanencia ilegal en territorio argentino, además de la omisión de controles.
Dos denuncias tramitan en Comodoro Py: la del dirigente del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano y la del diputado socialista Esteban Paulón. La primera quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien pidió a la fiscal Paloma Ochoa que evalúe si impulsará una investigación. La segunda fue radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, aunque todo indica que se acumularía con la de Solano. Por su lado, la diputada Marcela Pagano (Coherencia) hizo otra presentación, pero en los tribunales federales de Misiones, ya que evaluó que era el lugar indicado debido a que allí ocurrieron los hechos principales que cuestiona: intervienen el fiscal Aníbal Martínez y el juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardoso.
Más allá de la posible existencia de responsabilidades penales, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez apuntó un aspecto inquietante en su cuenta de “X”: recordó que el DNU 366/25 modificó trámites migratorios establecidos por la ley 25.871 y estableció como causal de impedimento de ingreso y permanencia de extranjeros “la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales o requerimientos judiciales”. Él tiene cinco causas penales y una de ellas en particular, por lavado a través del negocio de las apuestas, es la que motivó su fuga.
Tráfico de personas
Pagano resalta la necesidad de analizar cómo se hizo el ingreso a la Argentina y los documentos que constan, ya que la eventual falta de registro hablaría de una entrada clandestina. Ella sostiene que hay que analizar el posible delito de “tráfico ilegal de personas por los límites fronterizos”, agravado si intervinieron funcionarios, así como la “facilitación de la permanencia ilegal”: quienes alojaron (si lo necesitó) a Bolsonaro y su familia por el rato que estuvo en el país, quienes lo trasladaron y lo ocultaron. Se conoce que hubo participación de fuerzas de seguridad. Hubo una camioneta con patente brasileña y otra argentina que sería diplomática. Pide imputar abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público respecto de los organismos de control migratorio y encubrimiento en caso de probarse que funcionarios o particulares ayudaron al senador a eludir la acción de la justicia de su país. Ella no solo apunta a los posibles responsables argentinos, sino al propio Flavio Bolsonaro por su posible ingreso burlando restricciones. También le apunta Baires Fly. Pidió preservar cámaras y todo tipo de registros útiles para la investigación. Advirtió que los hechos podrían comprometer “la soberanía del Estado argentino sobre el control de sus fronteras, el cumplimiento de sus obligaciones de cooperación penal con un Estado Parte del Mercosur y la integridad de los organismos federales encargados del control migratorio, aeroportuario, aeronáutico y aduanero”.
