La histórica empresa argentina FATE anunció su cierre definitivo tras más de ocho décadas de actividad industrial. La decisión, consecuencia directa del gobierno libertario, implica el despido inmediato de 920 trabajadores de su planta en San Fernando y la liquidación total de activos. Pero alguien del llamado “círculo rojo” había anticipado algo al respecto hace casi dos años. Su presidente, Javier Madanes Quintanilla, había advertido que la gestión de Javier Milei mostraba un “menosprecio al capital nacional” y que el ajuste económico sería el más duro de la historia reciente.

Ya se había indicado cómo el empresario vinculó directamente el colapso productivo con la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad frente al ingreso masivo de neumáticos extranjeros. La empresa operaba al 25% de su capacidad, con una producción mensual de 150 mil unidades, mientras que el 75% del mercado pasó a estar dominado por cubiertas chinas.

En declaraciones realizadas en 2024 en un podcast, Madanes Quintanilla, un empresario conocido por esquivar a los medios, había comparado el escenario económico con la crisis de 2001, aunque señaló que la situación actual era incluso más profunda. En ese momento sostuvo que el ajuste impulsado por el gobierno afectaba gravemente a las empresas nacionales y cuestionó la falta de políticas de protección industrial.

En aquel entonces, fue consultado por el Régimen de Fomento de Inversiones (RIGI), de la paupérrima Ley Ómnibus: “Hay que ser cuidadosos desde donde se mira al RIGI, promover las inversiones es fundamental, pero hay que hacerlo con equidad. Y cuando entramos a discutir la equidad, es muy difícil tratar de entender la posibilidad que se les da a los demás.

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“Eso no parece estar entendiéndose en el Parlamento. Yo escucho críticas por el monto, por los beneficios, pero no escuché demasiadas opiniones sobre la equidad, por qué no todos tenemos la misma posibilidad de invertir. Siento que hay un cierto menosprecio al capital nacional, que no es de este gobierno, viene de años», completó.

El empresario afirmó que existe una diferencia sustancial entre dialogar con capital multinacional y con inversores de trayectoria local, y expresó su preocupación por la informalidad estructural de la economía argentina, estimada entre el 40% y el 50%. También advirtió que el programa económico conducido por el ministro Luis Caputo golpeaba con especial dureza a las pymes.

En ese marco, cuestionó el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) por no promover condiciones equitativas y calificó como “pasiva” la postura de la Unión Industrial Argentina, cuya dirigencia describió como “insignificante”.

El aluvión importador y el derrumbe productivo

La crisis del sector neumático ya había sido advertida por la compañía el año pasado. Según sus registros, la industria perdió un 30% del empleo en el primer año de gobierno de La Libertad Avanza. La caída del consumo y la producción se profundizó con la entrada de 860.000 cubiertas chinas en un solo mes, un volumen que desbordó la capacidad de competencia local.

La planta de San Fernando tenía una capacidad superior a 5 millones de neumáticos anuales, pero la imposibilidad de sostener márgenes de rentabilidad obligó a rebajas de precios que erosionaron la viabilidad del negocio. El comunicado oficial de la empresa señaló que los cambios en las condiciones del mercado forzaron un cierre total, descartando concursos preventivos o planes de salvataje.

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“Se liquida todo y se baja la persiana”, sintetizaron desde la firma. Las indemnizaciones y haberes pendientes, aseguraron, serán abonados dentro de los plazos legales.

Otros actores del sector, como Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares, reflejando una crisis estructural que excede a una sola empresa.

Una crisis anunciada y el impacto social

El cierre de FATE fue descrito por la propia compañía como un proceso anunciado. Desde 2024 venía alertando sobre la pérdida de competitividad derivada de la apertura económica. Durante los últimos dos años, la erosión comercial y productiva tensó la relación con los trabajadores, quienes reclamaron por salarios atrasados, reducción de jornadas y deterioro del costo laboral.

Madanes Quintanilla también había anticipado que el control de capitales se mantendría por largo tiempo y que Argentina no podía prescindir del cepo cambiario en el corto plazo. Su preocupación por la brecha cambiaria y la falta de previsibilidad económica formaba parte de un diagnóstico más amplio sobre la fragilidad del entramado productivo nacional.

El cierre deja a casi mil familias sin sustento y marca un punto crítico en la industria manufacturera argentina. La desaparición de una empresa con más de 80 años de historia expone, según sus directivos, los límites de un modelo que prioriza la apertura importadora por sobre la producción local.

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