Se trata de Fabián Fernández Garello
El jueves pasado, Vence elevó la causa a juicio oral, destacando que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado. La medida había sido solicitada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la CPM y las secretarías de derechos humanos de Nación y Provincia en marzo pasado, querellantes en la causa. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la realización del juicio.
De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la jueza Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas.
Tras conocer la noticia, Fernández Garello anunció que apelará. La CPM, en tanto, insistió con el apartamiento del jefe de los fiscales marplatenses y su enjuiciamiento. “La causa judicial sigue avanzando mientras Fernández Garello sigue en funciones”, remarcó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
Con la elevación a juicio sobre la mesa, el organismo de derechos humanos provincial pidió en una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, que «disponga de manera efectiva» el apartamiento del fiscal General “dada la entidad y gravedad de los hechos” que se le imputan. «Los graves delitos que se le imputan al Fiscal General Fernández Garello se produjeron en el contexto de un plan sistemático de represión y exterminio que tuvo lugar en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar», destacó la Comisión en la misiva. Su permanencia como representante del ministerio Público Fiscal «resulta inadmisible”, remarcaron.
En la misma comunicación, la Comisión también pidió que se «convoque de manera urgente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios» para «el consecuente inicio de su proceso de enjuiciamiento». Fernández Garello fue denunciado ante la Justicia por la CPM y otra decena de organismos en 2016, con el respaldo de documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en el operativo por el que será enjuiciado y tantos otros. Según esos documentos, sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado informó la CPM a través de comunicaciones de prensa.
A fines de ese año, también fue presentado un pedido de juicio político en su contra, que aún no avanza. Luego de estar al filo de ser archivado, la situación parecía que avanzaba a mediados de 2019 tras los procesamientos dictados por Vence. Sin embargo, los representantes de la política aún no dieron quórum para finalmente analizar la situación. Dos audiencias fracasaron por falta de quórum. “Las maniobras dilatorias fueron tan evidentes que el presidente de la Corte Bonaerense llegó a advertir a los integrantes del jurado que la ausencia reiterada y sin razones que lo justificaran era motivo de sanción”, apuntaron desde la CPM.
Tras la elevación a juicio, el organismo también insistió con el jury al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Eduardo De Lázzari: “A esta altura procesal ya no hay más margen para la protección política del fiscal, su permanencia en el cargo es una grave afrenta a la democracia”, concluyeron.
