El ingenio Ledesma despidió a más de 250 trabajadores en lo que va del año en Jujuy. El viernes, en una audiencia en la Cámara de Diputados de la Nación, el secretario general de la UATRE Seccional 877, Benjamín Ramírez, expuso la crítica situación de los trabajadores rurales. Por otro lado, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) enfrenta conflictos con la obra social OSPAIL.
El viernes último hubo una audiencia en la Cámara de Diputados de la Nación, donde participaron trabajadores despedidos de empresas como Georgalos, SECO, y el Hospital Garrahan, entre otras, para visibilizar los despidos masivos, atropellos laborales y conflictos sindicales que se intensifican bajo el actual contexto de ajuste, precarización y reformas regresivas.
En medio de testimonios que denunciaban la pérdida de derechos, persecuciones gremiales y represión estatal, se destacó la intervención del secretario general de la Seccional Ledesma de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que describió el proceso de ajuste en el ingenio ubicado en el departamento Ledesma de la provincia de Jujuy. El Sindicato agradeció por la invitación al diputado nacional Alejandro Vilca y a la diputada provincial Natalia Morales, ambos del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U).
«Somos un sindicato recuperado de los propios trabajadores. Nosotros nos venimos organizando desde abajo, venimos también sufriendo el ataque de este gobierno», comenzó Benjamín Ramírez su exposición. Además, expresó su solidaridad con los trabajadores de las empresas Seco, Georgalos y del Garrahan.
«Somos trabajadores de una empresa muy conocida que es la empresa Ledesma, conocida a nivel nacional, también mundial, que viene ajustando a los trabajadores aprovechando este gobierno por todo lo que viene haciendo con su Ley Bases», manifestó. De esta manera, denunció que la empresa aduce una reestructuración y «viene despidiendo (desde) comienzos de año, más de 200 trabajadores«.
«En el área de la actividad del citrus (el ingenio) despidió a 22 compañeros (…) sin argumentos (…). La empresa te quiere descartar, quiere precarizar el trabajo. Así que nosotros desde el sindicato justamente nos venimos organizando en forma democrática, haciendo asambleas, para poder frenar el ataque de esta patronal que incluso tiene ganancias millonarias, que fue premiada como una de las mejores exportadoras de fruta fresca a nivel mundial», expresó Ramírez.
«Nosotros somos trabajadores del campo, que estamos expuestos a muchas condiciones muy malas y sin embargo estamos apostando toda la vida, teniendo todo el sacrificio para que esta empresa se lleve su ganancia», denunció. También señaló que aunque en teoría la «política de la empresa, dice que cuida al trabajador», solo cuida sus ganancias.
Ramírez expuso que vienen realizando las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo. «(A los trabajadores rurales) nos pasan cosas similares y nos queremos organizar desde abajo. Así que invitamos a todos los compañeros a que nos organicemos desde abajo. Nosotros los trabajadores rurales estamos a disposición de poder organizarnos a nivel nacional y poder transmitir lo que pasa acá en Ledesma, en la provincia de Jujuy», manifestó.
Conflicto por la obra social OSPAIL
Por otro lado, el secretario general del SOEAIL, Luciano Lezano, recordó que en el sector que representa su gremio ya hubo 235 despidos. Pero además, el conflicto se extiende a la obra social de los azucareros de Ledesma, OSPAIL, y la Clínica San Francisco, cuya administración está judicializada.
Lezano dijo a Salta/12 que atraviesan una situación crítica en torno a la obra social OSPAIL, marcada por irregularidades heredadas de la gestión anterior, conflictos judiciales y una disputa por la administración de la Clínica San Francisco.
“A la obra social la declararon en crisis, así como declararon a varias obras sociales por observaciones, por falta de presentación de documentación y sobre todo porque no son solventes”, explicó. Señaló que en el actual contexto muchas obras sociales «están en una situación económica complicada”.
Lezano indicó que frente a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios de Salud realizaron las presentaciones correspondientes, incluyendo un plan de contingencia que les otorga “180 días más o menos para poder levantar bien la obra social”. En ese marco, se están implementando cambios en los sistemas contables, de facturación y digitalización de recetas, con el objetivo de evitar el cierre de la entidad.
Uno de los focos del conflicto es el pedido de desalojo de la Clínica San Francisco SRL, manejada por el empresario y diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar. “Él intenta seguir tomando posesión de nuestra clínica y de nuestra obra social. Ya está judicializado todo», dijo Lezano, quien deseó que la sentencia salga «lo antes posible» y, de hecho, dijo que esperan novedades en esta semana. “Nos están manejando ellos, consultorio, clínicas, la guardia, todos nos están manejando”, denunció. Dijo que esto impide que la obra social genere ingresos. Aseguró que el convenio firmado por la comisión anterior fue “muy fraudulento”, y que ya fue rescindido, aunque Quintar se niega a abandonar las instalaciones.
El convenio incluía compromisos que, según el sindicato, nunca se cumplieron: la puesta en funcionamiento de un edificio anexo, la reparación de una ambulancia, la incorporación de personal bajo condiciones laborales adecuadas y la mejora de prestaciones médicas. El gremio afirmó tambien que la deuda original, estimada en 90 millones de pesos, fue luego inflada por Quintar a 183 millones, y finalmente se presentó una aceptación de deuda por 500 millones de pesos, firmada por exdirigentes de OSPAIL. Lezano cuestionó la legitimidad de esa cifra y advirtió que “si a nosotros nos llegan a cerrar la obra social se va a concurso de acreedores y la mayor deuda, con quien más deudas tiene, es con él”, lo que podría permitirle a Quintar quedarse con las instalaciones.
El conflicto escaló judicialmente: la clínica denunció al sindicato por usurpación, mientras el gremio acusa a Quintar de intentar apropiarse de la obra social mediante maniobras políticas y económicas. En paralelo, Lezano enfrenta una denuncia penal por presunto abandono de persona y homicidio, tras la muerte de una afiliada oncológica cuyos familiares sostienen que el tratamiento habría sido interrumpido por decisión de la conducción de OSPAIL.
En medio de este escenario, el sindicato firmó un nuevo convenio con la clínica Virgen de Fátima en Palpalá para garantizar la atención de los afiliados. Lezano concluyó que “va a haber muchos cambios en la obra social, cambios positivos que nos van a permitir a nosotros demostrar que la obra social es solventable, autosustentable”, e insistió: OSPAIL es una obra social “muy accesible, barata, que nuclea no tan solo a los trabajadores, también otras particulares de acá de la zona del Ramal (jujeño)”.
