Trabajadores, gremios e intendentes entraron en alerta con el correr de la versión de que el gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de modificar el gerenciamiento de los hospitales del esquema de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), que en la provincia de Buenos Aires alcanza a cinco grandes centros sanitarios que brindan atención a miles de personas.
Los sindicatos temen una privatización del sistema de salud y señalan que, de aplicarse, afectaría la garantía en el acceso para una buena porción de la sociedad, especialmente en la zona con mayor densidad poblacional y pobreza del país, que es el conurbano bonaerense.
A la vez, la situación empuja un nuevo debate entre la adminitración libertaria y el gobierno de Axel Kicllof, ya que la gestión de los hospitales de este tipo corresponde al gobierno nacional, aunque no de modo exclusivo.
En el Cuenca Alta Néstor Kirchner, ubicado en Cañuelas, el 80 por ciento de la participación corresponde a la Nación y el 20 a la Provincia; mientras que en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, y Hospital El Cruce de Florencio Varela, la representación es 70- 30.
En el René Favaloro de La Matanza, el 70 por ciento corresponde a la Nación, el 27 a la Provincia y e 3 al municipio, situación que se repite en el Presidente Néstor Kirchner del mismo distrito.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires señalaron que todavía no queda claro cómo pueden o piensan hacer una transformación en el gerenciamiento, pero avisan que al tratarse de hospitales creados por ley, es probable que se aspire a algún instrumento legislativo.
“Son hospitales nacionales que tienen participación de la Provincia, así que lo que hagan es responsabilidad del Gobierno nacional y tendrá que hacerse cargo de las consecuencias”, sentenciaron desde la cartera que conduce Nicolás Kreplak.
La fragmentación del sistema
“Buscan fragmentar el sistema sanitario y si llegaran a hacerlo, después de una privatización así, puede pasar cualquier cosa en salud”, dijo a este medio Damián Zamorano, secretario Adjunto de la Asociación del Personal del Hospital El Cruce.
“El hospital está funcionando, aunque hay cada vez más pacientes porque la gente pierde sus trabajos y se quedan sin obra social. La comunidad en general no nos puede creer cuando les contamos lo que pasa porque es un edificio super moderno y da servicios de excelencia”, sumó.
Actualmente, la concurrencia en los hospitales bonaerenses se incrementó entre el 12 y el 15 por ciento, con picos en algunas zonas del 50 por ciento, como consecuencia de los despidos y la falta de cobertura de obras sociales, según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Los trabajadores del nosocomio ubicado en Florencio Varela recibieron un comunicado de la dirección del hospital con la firma del titular del Consejo de Administración, en el que afirman no tener ningún proyecto que tenga que ver con privatizar los Samic desde Nación, aunque para el gremio hay una “contradicción” cuando en el mismo texto “reconocen que hay un problema de financiamiento y dicen que están evaluando diversas alternativas, pero sin decir cuáles son”.
Al interior de El Cruce creen que puede haber una ofensiva gradual, con la privatización de algunos servicios para luego avanzar en la totalidad. “Una institución privada lo primero que afectaría serían las condiciones laborales, habría más sobrecarga de la que hay, los sueldos serían aumentados de acuerdo a productividad, no habrá posibilidad de paritarias. Va a ser un trabajo al estilo de la meritocracia”, alertó Zamorano.
Los gremios se preparan
Diversas entidades sindicales se declararon en estado de alerta y movilización por la posibilidad de un gerenciamiento privado de estos centros de salud que reciben a personas de diversos puntos del país.
Entre los más activos está la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras), que es la entidad que coordina entre los trabajadores de diversos hospitales afectados.
“En el caso de los SAMIC, la situación es particularmente grave por su alta dependencia del financiamiento nacional. Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, sostuvo el secretario general de la Federación, Pablo Maciel. “Hablar de privatización o gerenciamiento privado, aún bajo el discurso de garantizar la atención a la población vulnerable, implica subordinar la salud al lucro y deteriorar tanto las condiciones laborales de las y los trabajadores como la calidad de las prestaciones”, sumó.
El secretario General de la CTA, Oscar de Isasi, apuntó que “el intento de transformar en negocio un derecho conquistado con la lucha de nuestro pueblo, es una idea que viene de los noventa y luego con Macri: privatizar las áreas rentables de la salud para que accedan aquellos que tengan capacidad de compra de la prestación y, además, desfinanciar todas las áreas que no sean rentables”.
Por su parte, la secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, enfatizó que en el país son 16 millones de personas las que recurren al sistema público de salud y que el 33% de esa población está dentro del conurbano. “Necesitamos robustecer un sistema de salud integrado que dé cuenta de resolver las necesidades del pueblo. Fundamentalmente en un área tan crítica y entendiendo a la salud como el buen vivir y no como la ausencia de la enfermedad”, dijo.
Incluso desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresaron el “rechazo absoluto a cualquier intento de desarticulación del sistema público de salud”, al tiempo que evaluaron que “el funcionamiento integrado de estos hospitales es clave para asegurar la continuidad asistencial y la calidad de la atención”. Los profesionales de la entidad advirtieron que “la introducción de lógicas de lucro privado fragmentaría este esquema y afectaría directamente a los pacientes”.
