La crisis económica y financiera que atraviesan los municipios de la provincia de Buenos Aires desató una serie de recortes en efecto dominó que complican no solo el funcionamiento de los servicios, sino que también generan un golpe al bolsillo de los trabajadores. A la declaración de la emergencia en Villa Gesell se sumaron ahora medidas de recorte en los distritos de Guaminí y Saavedra, este último directamente con recortes salariales.

Saavedra es un municipio ubicado en el sudoeste bonaerense y cuya cabecera es Pigüé, está a cargo del intendente vecinalistas Matías Nebot desde 2023, un joven docente que esta semana anunció el recorte salarial del 13 por ciento para la planta política y concejales; y de una reducción del mismo porcentaje pero desdoblado para los 610 empleados municipales que tiene la comuna.

“Recorro los sectores todos los días, hablo con los trabajadores todo el tiempo. Claro que nadie está contento con esta medida porque estamos recortando el sueldo, pero sin esto el mes que viene no íbamos a poder pagar los salarios”, explicó Nebot.

El mandamás local señaló que el déficit que afecta al Municipio data de 2019, cuando la gestión estaba a cargo del radical Gustavo Notararigo. “Eso se fue incrementando y, además, las políticas del Gobierno nacional impactan cien por ciento en la Provincia y, por ende, en la coparticipación de los municipios”, dijo al marcar que solo el mes pasado hubo una merca de 180 millones en concepto de coparticipación.

“Nosotros mejoramos más del cien por ciento el sueldo cuando llegamos y tomamos medidas acordes a mejorar la calidad de vida como que por primera vez van a participar de los sorteos de viviendas del IPV; devolvimos pisos y recategorizaciones. Eso ha hecho que los trabajadores sean más permeables a aceptar esta medida”, marcó. El lunes, se firmará el acta de acuerdo con el sindicato.

Mirá También:  Nuevo examen de la licencia de conducir: estas son las casi 2000 preguntas

El intendente hizo una solicitud de 400 millones de pesos al Gobierno de la Provincia, que confirmó que enviará la mitad de esos recursos. “Lo más dificultoso tiene que ver con los 1.100 millones que tenemos de deuda a proveedores, que debemos ir cancelando. La idea de acá al 31 de diciembre es ir saneando eso”, sostuvo.

La situación económica no ayuda. Según describió el jefe comunal, se duplicaron los pedidos de asistencia en materia alimentaria y la cobrabilidad de las tasas disminuyó en un 10 por ciento, dado que se vio afectado también el consumo en comercios.

“De acá a unos meses van a empezar a implosionar situaciones como esta en varios municipios; el tema se lleva la centralidad en la totalidad de nuestras reuniones”, describió.

En el distrito de Guaminí, también de la Sexta sección electoral, no están en una situación muy diferente. Allí, el intendente de Unión por la Patria, José Nobre Ferreira, anunció una serie de medidas de ajuste dada la crisis no solo económica, sino también hídrica.

“Nuestro país está atravesando una situación económica muy compleja que afecta directamente a las provincias y, por supuesto, a los municipios. Sabemos que muchas familias están pasando momentos difíciles. Como gestión, no somos ajenos a esa realidad. La caída de la actividad económica genera una fuerte baja en la recaudación y, en consecuencia, una importante disminución en los ingresos por coparticipación para nuestro índice”, describió el alcalde.

A través de un video, marcó que a ello se suma “una emergencia local que agrava aún más el panorama” ya que la emergencia hídrica impacta directamente en la economía local y genera un problema vial complejo. “El corte del puente de la Ruta 65, la rotura de puentes, alcantarillas y anegamiento en los caminos rurales ha afectado la comunicación entre comunidades, la accesibilidad a los centros educativos rurales y la conectividad de todas las zonas rurales. Desde el municipio estamos invirtiendo todos los recursos disponibles para paliar esta situación, aún sabiendo que esto no es suficiente para dar respuesta necesaria en todos los casos”, describió.

Mirá También:  Los movimientos populares reclamaron al Gobierno que tome medidas de emergencia frente a los aumentos en los precios de los alimentos. En una masiva asamblea en el Obelisco, señalaron que la quita del IVA a los productos de la canasta básica, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri en un reconocimiento de la gravedad de la crisis, no alcanza para que las familias de menores ingresos puedan hacer en sus hogares dos comidas diarias. Los comedores de las organizaciones sociales están desbordados por la demanda y hay mucha preocupación por cómo va trasladarse la devaluación al costo de los alimentos de aquí a fin de año. Esta fue la primera concentración grande de movimientos sociales después de la derrota del oficialismo en las PASO, de la posterior disparada cambiaria y del lanzamiento del paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias de menos ingresos (junto con la quita del IVA, que tuvo una aplicación dispar en los supermercados, el Gobierno dispuso dos refuerzos de mil pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo). Los referentes barriales que hablaron en el Obelisco denunciaron, en este sentido, que el poco de dinero que tenían en el bolsillo quedó licuado por la suba de los precios. La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Los reclamos principales fueron un refuerzo del 40 por ciento para los comedores, un aumento del 50 por ciento en el salario social y la extensión del bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció para los trabajadores formales, a los de la economía social. En la Plaza de la República, los organizadores instalaron un micrófono para que los manifestantes pudieran hablar. Prácticamente todos lo que lo usaron llamaron a cambiar el gobierno en las elecciones de octubre y respaldaron el proceso de unidad del Frente de Todos. “Hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político. El 11 de agosto se juntaron y les dimos una paliza importantísima”, señaló Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad. Hablaron responsables de comedores y merenderos e históricos militantes sociales, mientras a un costado de la concentración de los Cayetanos, el Frente de Organizaciones en Lucha -agrupación con una identidad más de izquierda- compartía con los asistentes un polentazo. Esta confluencia en un mismo lugar para la protesta de movimientos que están participando de la campaña del Frente de Todos con otros de la izquierda independiente es reflejo de la importancia que todo el arco de las organizaciones sociales le otorga a la necesidad de poner fin al gobierno macrista. La asamblea en el Obelisco fue organizada como preparatoria de una jornada nacional de lucha del próximo miércoles. En principio, los movimientos la habían organizado pensando que mientras estuvieran en el Obelisco iba a sesionar el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil. Luego, a mediados de esta semana, el Gobierno postergó la sesión del Consejo para el 30 de agosto. El piso del salario mínimo determina el ingreso de los cooperativistas sociales, ya que el monto del salario social es siempre la mitad del salario mínimo. "Hacemos esta asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante del salario y las jubilaciones", dijo Esteban "Gringo" Castro, titular de la CTEP. El referente responsabilizó al Gobierno por no dar resguardo a la población más humilde en el el escenario de devaluación y aumento de los precios. "Hay pibes que no comen más de una vez por día y abuelos en la misma situación. En los barrios todos los días nos piden que abramos más merenderos. La devaluación pega a los más pobres. Como organización de los trabajadores más pobres de la Argentina, tenemos que estar en la calle, reclamando por una agenda de inclusión y reconocimiento de derechos de la economía popular".

Nobre Ferreira solicitó formalmente a los gobierno de Provincia y Nación colaboración con asistencia técnica y financiera. “Nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles pero necesarias para evitar ingresar en una crisis financiera aún mayor, cuidar los recursos públicos y garantizar los servicios esenciales que nuestra comunidad necesita. Lo hacemos además sabiendo que, en el contexto de la crisis hídrica, el Estado Municipal tiene que estar más presente que nunca, brindando incluso más servicios pero con menos recursos”, dijo.

Las medidas implican la reducción al mínimo indispensable las horas extras y los extras laborales en toda la estructura municipal; el congelamiento de sueldos de los funcionarios políticos; la suspensión de los subsidios institucionales y sociales; congelamiento de las vacantes en el Municipio y evaluación de todos los contratos vigentes.

“Sé que estas medidas pueden generar preocupación, pero quiero que sepan que las tomamos con responsabilidad y con el firme compromiso de cuidar lo que es de todos y de todas, priorizando siempre el bienestar de nuestra comunidad. Vamos a seguir trabajando cerca de cada vecino, de cada trabajadora y trabajador municipal, con compromiso, austeridad y responsabilidad”, dijo.

Deja un comentario

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *