Ante el fallo de la justicia federal que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, la idea en Casa Rosada es redoblar la apuesta a cualquier costo. Desde el Gobierno, empecinados en no cumplir con la recomposición salarial de los trabajadores universitarios ni con las becas a los estudiantes previstas en esa norma, aseguraron que van a presentar un recurso federal extraordinario para que el caso se eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Recurso Extraordinario Federal (REF) es una herramienta procesal excepcional que permite a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina revisar sentencias definitivas de tribunales inferiores cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución Nacional, tratados internacionales o leyes federales. Desde el gobierno puntualizan que avanzarán en ese sentido.
En caso de que el tribunal rechace el Recurso Extraordinario Federal, en tanto, la Casa Rosada podría interponer un recurso de queja por denegación del REF directamente ante la CSJN.
La ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso de la nación en 2024. Milei vetó la norma, pero los legisladores la confirmaron con dos tercios de los votos en ambas cámaras.
El Poder Ejecutivo no tuvo más opción que promulgar la Ley, pero lo hizo sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. Luego, suspendió la ejecución mediante un nuevo decreto, el 759/2025.
El argumento del oficialismo para no cumplir con la ley siempre fue el mismo: repetir que “no hay plata”, y que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento en el Presupuesto. Además, sostienen que cumplir con la aplicación de la norma tendría “un fuerte impacto fiscal”.
Después de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, ordenó al Gobierno, en diciembre de 2025, aplicar la ley y actualizar salarios/becas, suspendiendo el decreto que suspendía su vigencia.
El mes pasado la Casa Rosada apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley tras el amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, además, anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para modificar la norma y seguir intentando, a toda costa, no pagar lo que corresponde.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo que se conoció este martes y exigió su cumplimiento para que se levanten las medidas de fuerza que llevan adelante los docentes. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes”, advirtió.
Algunas de las clases públicas los docentes las realizan en la puerta de una de las propiedades sin declarar del jefe de gabinete Manuel Adorni. Allí montaron un pasacalles que decía: “un pasaje de Adorni a Punta del Este son 18 salarios docentes”.
Durante toda la jornada desde el gobierno quisieron correr el tema de la corrupción y las malas noticias judiciales diciendo que, según datos del INDEC, la pobreza cayó –en términos interanuales– un 9,9 por ciento.
