Un balance que busca seducir al mercado
El balance 2025 llega en un momento clave. Según informó la empresa, el resultado positivo permitió prescindir de aportes corrientes del Tesoro Nacional, algo que no ocurría desde 2007. En valores constantes, el rojo operativo de $1.048 mil millones en 2023 quedó atrás y las transferencias estatales se redujeron de $1,31 billones ese año a apenas $37.000 millones en 2025, destinados exclusivamente a gastos de capital.
La mejora se apoyó en un proceso de reordenamiento de gastos, actualización tarifaria y reducción de costos. Desde fines de 2023, el servicio en el AMBA acumuló fuertes incrementos y el esquema regulatorio fue modificado para permitir ajustes periódicos y un marco contractual más previsible. Además, la compañía avanzó en la reducción de la morosidad y en la baja de su plantilla: pasó de 7.790 empleados en diciembre de 2023 a 6.069 en la actualidad, una caída del 22,1%.
En materia financiera, AySA también informó que cumplió con los vencimientos de Obligaciones Negociables heredadas y que, del capital reestructurado por u$s298,2 millones en diciembre de 2023, el saldo pendiente se redujo a u$s46,5 millones, con vencimiento en mayo de 2026. La empresa volvió además al mercado con un fideicomiso financiero por $30.000 millones, mecanismo que le permitió anticipar ingresos y reforzar capital de trabajo.
El mensaje hacia el mercado es claro: la compañía logró autonomía operativa, ordenó su pasivo y estabilizó su flujo de fondos en un esquema con menor dependencia de subsidios.
Inversión pendiente y nuevo contrato
Más allá de la mejora contable, el desafío estructural sigue siendo significativo. La empresa presta servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad y 26 municipios del conurbano bonaerense, pero arrastra problemas históricos de infraestructura: una porción relevante de la red de agua y de los sistemas cloacales presenta obsolescencia y las pérdidas físicas y comerciales siguen siendo elevadas.
En 2025, la compañía puso en marcha el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de las últimas décadas, que amplía la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes y beneficia a 4,5 millones de habitantes. Sin embargo, la modernización integral del sistema requerirá inversiones sostenidas en los próximos años.
En ese marco, antes de la licitación el Ejecutivo prevé firmar un nuevo contrato de concesión por entre 20 y 30 años, donde quedarán definidas las obligaciones de inversión, calidad de servicio y esquema tarifario. La intención es ofrecer un marco regulatorio estable que reduzca el riesgo jurídico y financiero del proyecto.
El proceso es coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, y cuenta con el acompañamiento de organismos multilaterales para facilitar líneas de financiamiento al futuro concesionario.
